Para impulsar la rehabilitación de los confinados y atajar el problema de falta de mano de obra que se registra en el sector privado en momentos en que Puerto Rico está inmerso en proceso de reconstrucción, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó este miércoles su ley número 60.

Esta regulación, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la cual lleva como nombre “Ley de Contratación de Confinados para la Realización de Diversas Tareas como parte del Proceso de Rehabilitación y Reinserción a la Libre Comunidad”, busca educar y ubicar en un puesto de trabajo a las personas que están en las cárceles del País.

Para lograr el cometido, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ya creó la Oficina de Colocación de Empleo bajo la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios para lograr contratos con la empresa privada para ubicar a los confinados que estén dispuestos a trabajar.

Los participantes recibirían una compensación basada en el salario mínimo federal de $7.25 por hora.

“Le vamos a permitir a que el Departamento de Corrección establezca cuáles son esas condiciones de trabajo en cada contrato. No se les va a pagar al pueblo. Lo que estamos buscando es que tengan (los confinados) un salario mínimo y se le va a autorizar al Departamento de Corrección a retener (hasta) un 20% para poder manejar los gastos administrativos, lo que tiene que ver con proveer esa seguridad y la jornada de trabajo. Y se van a abrir cuentas individuales, se separan ese dinero para que se le pueda depositar a ese confinado y que ese dinero lo tenga disponible a futuro”, explicó la gobernadora durante una conferencia de prensa realizada en el Complejo Correccional Bayamón 501.

La diferencia trascendental entre lo que existía y esta nueva regulación es que la regente Ley 166 de 2009 limitaba al Departamento de Corrección a llegar a acuerdos con agencias de gobierno o municipios para contratar confinados. La mayoría de sus funciones se limitaron a trabajos de ornato o realizar dentro de las cárceles las tablillas de los vehículos que transitan en Puerto Rico.

Ahora, la Ley 60 de 2025 amplía su aplicación al sector privado, con o sin fines de lucro, lo que provee mayores opciones laborales a la población correccional en tareas agrícolas, ornato, construcción, plomería, albañiles, empleados de construcción, ebanistería, tapicería, costura, soldadura, mecánica, imprenta y reciclaje, entre otras, destacó.

De inmediato, el secretario de Corrección, Francisco Quiñones Rivera, reveló que el empresario Aníbal Suárez ya se acercó a la agencia para contratar personal para su empresa de construcción y sellado de techos.

“Ellos estarían adiestrando a confinados en esa área y, los que salgan, ellos en disposición de reclutarlos. Estoy dando un poco una primicia, pero es parte para que tengan noción de parte de lo que se está haciendo. Hay escasez de mano de obra, así que ese es el beneficio que puede generar la empresa privada, la mano de obra y, de parte, de nosotros la rehabilitación de los confinados”, reveló.

La gobernadora también mencionó que ha recibido acercamiento de empresas dedicadas al reciclaje que interesan contratar confinados.

¿Quiénes son elegibles?

Los participantes de este proyecto se limitarán a confinados de mínima y mediana custodia, quienes pudieran recibir unas bonificaciones que pueden representar una disminución de hasta 10 días de prisión por cada mes trabajado.

“Estamos hablando de un tercio de la sentencia”, indicó el secretario.

El funcionario alegó que para los de máxima seguridad tienen otros proyectos o programas de trabajo dentro de las mismas cárceles.

Señaló que la agencia también tendrá adiestramiento para que los convictos pueden prepararse voluntariamente en su área de interés y conseguirles trabajo.

Mientras los confinados se preparan, Corrección y el Departamento del Trabajo identificaría a los posibles patronos y se entablarían acuerdos para lograr la ubicación de los confinados en estas empresas privadas.

Es por estas gestiones administrativas, además de la seguridad que se deberá movilizar cada vez que se transporte a estos confinados a sus áreas laborales, por lo que Corrección podrá separar hasta un 20% del salario que genere el confinado para subvencionar el proyecto.

Quiñones Rivera recalcó que la agencia intentará cargar “la cantidad mínima posible” a cada confinado.

“Yo creo que esta es la mejor medida de hablar de rehabilitación real y de promover un camino a esa reinserción laboral”, manifestó González Colón.

Por su parte, el presidente del Senado indicó que “la medida que la gobernadora firma hoy no tan solo beneficia a los confinados, es un mensaje también a los familiares de los confinados, de que estamos aquí por ellos, estamos aquí con ellos, ayudándolos, en este esfuerzo de readaptar y reinsertar a toda la gente que tiene el deseo de tener una segunda oportunidad y de ser positivo y de aportar sociedad. Así que, integrando el sector privado a lo que ya en la medida del gobierno estaba haciendo, estamos ampliando esa posibilidad”.

En otros temas, el secretario de Corrección prometió que “en los próximos días” ya estarán entregando nuevos uniformes a los oficiales correccionales. Aceptó que estos no habían recibido la vestimenta desde el 2021.

El funcionario declinó hablar sobre la promesa de un aumento salarial, ya que sostuvo que el tema sería discutido en una vista legislativa.

Sin embargo, Quiñones Rivera aceptó que siguen abiertas investigaciones contra empleados de corrección por facilitar drogas y material de contrabando a los confinados. Señaló que tienen personas en la mira que han sido identificadas por sus propios compañeros con nombre y apellidos.

“No podemos permitir que mientras se están haciendo unos esfuerzos extraordinarios, invirtiendo unos recursos extraordinarios en buscar la rehabilitación de estos seres humanos que están allá, voltéense, estos seres humanos que están en las instituciones y estos que están aquí, que son ejemplos del deseo de rehabilitación. Porque tenemos artesanos, tenemos una banda de Canción de Libertad, porque tenemos teatro correccional con la primera actriz, Elia Enid Cadilla; con Santa Silva, con los artesanos; mientras estamos haciendo una cantidad de esfuerzos, haya gente en la nómina del departamento saboteando esos esfuerzos, poniendo en peligro a esos muchachos y poniendo en peligro a sus compañeros oficiales. Y eso yo no se lo voy a permitir. Y se lo he dicho de frente, vamos a corroborar toda la información y los vamos a sacar uno a uno. Ese es mi compromiso personal con ellos”, sentenció el titular.