La falta de escolaridad se mantiene como el factor común entre los menores y adultos internados en instituciones correccionales, reiteraron hoy oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación ante una comisión de la Cámara de Representantes.

Otro factor también presente es el de “hogares disfuncionales” entre los que se sobresale el de “madres solteras con múltiples hijos de diferentes padres”.

Funcionarios adelantaron la información ante la Comisión de Bienestar Social y Para la Erradicación de la Pobreza de la Cámara, que realiza audiencias públicas sobre una resolución para decretar un “Estado de Emergencia Social en Puerto Rico” y crear una “Consejo Especial” que atienda la crisis.

Dicho consejo tendría representación de las distintas agencias cuya labor se relaciona con la temática social del país y deberá rendir un informe con recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, para enfrentar la crisis social que enfrenta la Isla.

“Es bien importante señalar que uno de los mayores factores de riesgo es la falta de escolaridad. Cuando vamos sobre nuestra población, ambos perfiles, tanto de adultos como de menores, establece que los niveles de escolaridad están bajo el sexto grado”, expuso el secretario auxiliar de Instituciones Juveniles, Rafael Malavé.

“Es un factor de riesgo que debemos atender a nivel comunitario, donde debemos dar un enfoque a nuestra educación de forma tal que sea un atractivo a la población que atienden. Cuando llegan al sistema, nosotros ofrecemos alternativas. En el caso de los jóvenes, es compulsorio, pero en el caso de los adultos es una opción”, explicó.

El subsecretario José Aponte Carro apoyó el objetivo de la resolución en discusión y ofreció la colaboración de la agencia para ayudar a identificar la raíz de la problemática y la búsqueda de soluciones.

“Podemos contribuir brindando la data de quiénes son nuestros clientes. Tenemos 12,000 reclusos en nuestras instituciones. Pero también, como padre, tengo unas preocupaciones y es mi deber aportar para que esto mejore. La iniciativa es loable y necesaria”, afirmó.

“Tenemos que atender la situación del seno familiar, el asunto del uso de las drogas y la parte educativa; pero de igual manera, la parte económica tiene que ser atendida porque el perfil del joven transgresor presenta que en su mayoría delinquen por las drogas o por el factor económico”, sostuvo.

También compareció el Departamento de la Vivienda, que solicitó ser parte del Consejo y endosó también la medida.