El Consejo de Educación Superior (CES) criticó duramente hoy la política pública contenida en el proyecto que lo fusiona con el Consejo General de Educación (CGE) y reclamó cambios sustanciales en esa medida.

“Es importantísimo que se haga una reflexión intelectual y académica sobre los aspectos de licenciamiento y acreditación contenidos en el Plan de Reorganización”, concluyó Máximo Cerame Vivas, miembro y portavoz del CES en las audiencias públicas que celebró hoy el Senado.

“La coyuntura económica no nos permite ser negligentes en cuanto al futuro de la educación en Puerto Rico. Economías que menoscaben el andamiaje del éxito económico de un país, no son economías. Son quiebras”, subrayó.

“Si tuviéramos que resumir en una sola oración nuestra objeción o reserva principal respecto al proyecto que nos ocupa, diríamos que su problema principal es que la conceptualización de la política pública sobre la cual está construido es incorrecta”, sostuvo.

“Parte de premisas incorrectas y llega a una formulación incorrecta. Todo el proyecto está permeado por la noción de que la libertad de cátedra y la autonomía institucional universitaria son valores absolutos que impiden al Estado intervenir en forma alguna para proteger el interés público en mantener en Puerto Rico un sistema de educación superior de buena calidad, que propenda al desarrollo integral del ser humano, maximice el potencial intelectual de cada individuo y provea a sus egresados unos conocimientos y destrezas bien fundamentados que los coloquen en posición competitiva en los mercados de trabajo, tanto en Puerto Rico como de los Estados Unidos y de la comunidad internacional”, afirmó.

Reclamó a través de toda su extensa ponencia, acompañada de anejos con sugerencias de enmiendas, un “balance” entre los derechos de las instituciones educativas y el papel del estado en su acreditación y reconocimiento de licencias.

Criticó que las disposiciones del proyecto limitan y en ocasiones hasta eliminan las funciones de supervisión del estado, en particular sobre lo que describió como “el elemento fundamental de los procesos educativos a los que se dedican las instituciones de educación superior: el programa académico”.

Cerame Vivas recalcó que el CES no ha perdido un solo caso judicial en que se haya cuestionado la autoridad del Estado para supervisar el ofrecimiento académico de las instituciones de educación superior.

“A lo largo de todo el proyecto se concibe y se trata al Estado, actuando a través del nuevo Consejo de Educación, como si se tratara de un ente delincuente, de un criminal al que hay que recordar constantemente, que está encadenado y que cualquier intento de aflojar las cadenas y darse un poco de espacio, será vigilado muy de cerca y castigado severamente”, se quejó.

Al inicio de la ponencia se aclaró que el CES no tiene objeción a la fusión, siempre y cuando se atiendan las enmiendas sugeridas al Proyecto.