Las construcciones no autorizadas y los usos de propiedades para asuntos sin permiso representan la mayoría de las sobre 3,100 querellas que ha recibido desde su creación la Oficina del Inspector General de Permisos (Oigpe), informó su directora Jennifer Mayo Mirabal.

La funcionaria ofreció la estadística al detallar las actividades de su oficina durante una audiencia pública relacionada al presupuesto de Oigpe, que efectuó este miércoles la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

 Indicó que las querellas relacionadas con construcciones no autorizadas suman 1,589 de las 3,107 que se han recibido desde la creación de la Oigpe en diciembre de 2010. Las querellas por uso no autorizado de alguna propiedad suman, por otro lado, 818, lo que representa el 26% del total sometido a esa agencia.

Mayo Mirabal informó, además, que desde el comienzo de operaciones de la Oficina del Inspector General de Permisos hasta el presente la agencia ha emitido multas administrativas que ascienden a $959,136.20.

Los abogados de su División Legal, agregó, han litigado 153 casos ante los Tribunales de Justicia y de estos nueve se han llevado para solicitar la revocación de un permiso previamente otorgado.

La inspectora general de permisos añadió que multas por más de $100,000 se impusieron hasta ahora a negocios que venden bebidas alcohólicas, como resultado de los operativos que encabeza la Policía de Puerto Rico al ser parte del “Comité Interagencial para una Sociedad de Ley y Orden”.

“Como parte de estas intervenciones, se han emitido multas que sobrepasan los $100,000, se han paralizado usos ilegales en establecimientos comerciales (sin permisos) a través de ordenes de cierre y se ha ordenado el cese de actividades en violación a permisos aprobados a través de órdenes de cese y desista”, expresó Mayo Mirabal.

Explicó que inspecciones rutinarias programadas o a las efectuadas en cumplimiento de querellas, Oigpe ha emitido sobre 85 órdenes de cierre inmediato a negocios por no tener el permiso de uso.

También se han emitido más de 120 órdenes de cese y desista relacionadas a construcciones sin permiso y a negocios que operan actividades no contempladas en sus permisos de uso.

Mayo Mirabal defendió un presupuesto de $5,2 millones, que contiene un alza de $57,558 sobre el presente año fiscal. Expresó, sin embargo, que dicha asignación no cubre varias necesidades de la agencia, incluyendo el plan de retribución para los empleados de esa agencia, la negociación de un nuevo convenio colectivo y el reclutamiento de cerca de 40 plazas vacantes que hay actualmente.