La presidenta del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan y exsenadora Rossana López León, objetó las intenciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), de celebrar otra consulta al pueblo en mayo a un costo de $8.9 millones.

“El presidente Francisco Rosado Colomer admitió en una entrevista radial el jueves (Radio Isla), que la semana pasada solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la asignación de $8.9 millones para llevar a cabo elección especial en mayo, porque naturalmente no tiene el dinero para hacerlo”.

Rosado Colomer se refería a la intención de la administración pasada, que aprobó una medida para seleccionar una delegación que representaría a Puerto Rico en Washington para abogar por la estadidad.

“Nadie en su sano juicio puede apoyar una medida de ese tipo, primero porque jurídicamente es improcedente enviar representantes adicionales a Washington, cuando ya existe la figura de la comisaría residente y segundo, el País tiene muchísimas necesidades y prioridades”, aseguró la también salubrista y gerontóloga.

López León se refiere específicamente a la denominada ‘Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico’, (Ley Núm. 167), aprobada el pasado 30 de diciembre de 2020, a los fines de disponer las reglas para la celebración de una elección especial en la que se elegirían dos (2) delegados especiales al Senado de Estados Unidos y cuatro (4) delegados especiales a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para representar a la Isla y cabildear por la estadidad.

“Todo Puerto Rico sabe, empezando por los ciudadanos que respaldan la estadidad, que el pasado proceso fue uno que no era vinculante y que incluso, el Departamento de Estado federal se negó a aprobar fondos. Como en los eventos anteriores, fueron ejercicios electorales que no tienen finalidad legal alguna, más allá de ilusionar a algunas personas. Basta con examinar cuál ha sido la respuesta del gobierno de Estados Unidos”, argumentó López León. Precisamente ayer, el senador Cory Booker expresó claramente que no hay los votos en el Senado federal para iniciativas proestadidad.

La exsenadora solicitó a la mayoría legislativa que sometan una medida legislativa para derogar dicha Ley 167 del 30 de diciembre de 2021, “para que el País no tenga que pasar por la pesadilla de tener un ejercicio electoral que no tiene sentido, que es un gasto exhorbitante para un gobierno en quiebra y sobre todo, porque la CEE no está en condiciones de administar evento alguno hasta que sea reformada totalmente, restaurando el balance partidista y que los procesos se hagan con justicia. Lo que vivimos en las primarias del verano pasado y las accidentadas elecciones, son el ejemplo más claro”, finalizó.

Gobernador reconoce alto costo de referéndum

Mientras, Pedro Pierluisi reconoció a El Nuevo Día que la Junta de Supervisión Fiscal debe aprobar el desembolso de esos $8.9 millones para celebrar el mencionado referéndum.

Aunque el primer ejecutivo admitió que el parece alto el estimado de gasto propuesto por la CEE para celebrar la consulta, dijo que será necesario mover dinero de otras áreas para financiar el evento, incluyendo unos fondos que no se han utilizado como parte de la emergencia por la pandemia.

“Como resultado de la pandemia hay unos dineros significativos que el gobierno no ha gastado. Podemos recurrir a la Junta para que permita una reprogramación de esos fondos, con el propósito de que se utilicen para sufragar el costo de esa elección especial”, aceptó al diario.