Los candidatos políticos que tengan páginas en Internet o cuentas en redes sociales donde se mezclan asuntos oficiales y políticos deben separarlos o se exponen a multas de hasta $10,000, según una determinación dada a conocer hoy por la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

Prometen informar los carros de Wanda a OCE

La determinación del contralor electoral Walter Vélez resuelve que, aunque el candidato que en este momento ostente un cargo público diga que es una cuenta personal, la OCE evaluará el contenido y si detecta una mezcla de asuntos de campaña con temas oficiales, se entenderá que está violando leyes y reglamentos electorales.

“Todo funcionario principal que aspire a un puesto electivo, mantendrá separadas sus páginas y cuentas oficiales de sus páginas y cuentas privadas de campaña política para así evitar incurrir en violaciones a la Ley 222 (Financiamiento de Campañas Políticas)”, reza la determinación.

“Se concede hasta el 1ro de agosto de 2020, para que todo funcionario principal que mantenga páginas de Internet o en las redes sociales identifique cuál o cuáles de estas serán consideradas oficiales aplicando los criterios objetivos establecidos en esta determinación y realice los cambios pertinentes a fin de eliminar todo contenido prohibido”, reza la directriz de Vélez.

Vélez no identifica en esta determinación de algún candidato que haya incurrido en esta práctica que ahora advierte será objeto de multas “en su carácter personal. Sin embargo, el Partido Popular Democrático se querelló en febrero contra la gobernadora Wanda Vázquez ante la Junta Examinadoa de Anuncios por un vídeo de ell ayudando a damnificados del sur en su cuenta personal, y en la de La Fortaleza, donde entendían que estaba haciendo campaña política con fondos públicos.

El funcionario advierte que desacatar una Orden de la OCE requiriendo la modificación o cese de la publicación de información en las páginas web y las redes sociales oficiales expone al infractor a una multa de $1,000 a $4,000 por primera infracción y de $5,000 a $10,000 por infracciones subsiguientes.