El municipio de Guánica presuntamente no cobró el 5% de arbitrio al 80% de los proyectos de construcción, ni retuvo este importe en los pagos efectuados a los contratistas por mejoras al edificio de la alcaldía, la demolición de viviendas afectadas por los terremotos, o por la instalación de mallas de control de palomas en varias canchas, entre otras.

Esto lo reveló la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), quien emitió esta mañana una opinión cualificada de las operaciones fiscales ayuntamiento.

De los cinco proyectos de construcción, demolición y mejoras permanente examinados, la OCPR apuntó que el municipio no les requirió a cuatro de ellos el pago de $45,849 de arbitrios por las obras contratadas por $1.1 millones entre el 2020 al 2023.

Además, los expedientes de los proyectos carecían de documentos requeridos por ley como: la fianza para garantizar el pago de mano de obra (“payment bond”), fianza para el cumplimiento del contrato (performance bond), o la evidencia de póliza de responsabilidad pública.

Estas deficiencias dejan sin garantía al municipio en caso de incumplimiento y dificultan la función fiscalizadora.

Además, la auditoría de seis hallazgos señaló que el municipio no consignó $79,761 en los presupuestos del 2019 al 2021 para el pago de una sentencia por cobro de dinero de una ferretería, acordada mediante sentencia por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2017. Esta falta de control causó, además, el pago de $7,000 en penalidades.

Al 10 de abril de 2024, no tenía los estados financieros auditados para los años fiscales del 2021, 2022 y 2023. Esta situación no permite tener información financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones. También, puede afectar las asignaciones de fondos federales.

Por otro lado, los auditores detectaron que el municipio le retuvo $22,316 a dos contratistas por trabajos de ingeniería que no remitieron al Departamento de Hacienda. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-22-22 del 2022. Por este incumplimiento, el municipio se expone a tener que pagar intereses, penalidades y recargos.

La OCPR dijo que el municipio también carece de una unidad de compras centralizada. Por ejemplo, las subastas informales para obras de construcción y mejoras, no se remitían a la Unidad de Compras sino a un comité nombrado por el alcalde que evaluaba las cotizaciones y adjudicaba las obras. De hecho, en contravención del Código Municipal de 2020, dicho comité carecía de reglamentación.

La OCPR no pudo verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del desembolso de ocho cheques cancelados por $278,488, 19 cheques cancelados por $84,000, ni de 31 cheques cancelados por $39,000. Tras los terremotos, los documentos se enviaron al Museo Pedro Juan Vargas, pero no se organizaron adecuadamente. Los directores de finanzas en funciones no mantuvieron una custodia adecuada de los documentos.

El Informe subrayó que el municipio transó una demanda por más de $1 millón, por la cancelación de contrato sin arbitraje en el 2015, con una compañía de recogido de desperdicios sólidos, escombros y reciclaje. Realiza este desembolso sin recibir beneficio alguno.

Por despido injustificado de un policía municipal en el 2011, el municipio tuvo que pagarle $73,540 en salarios, bonos y licencias por vacaciones dejadas de devengar sin recibir servicio alguno. Además, al 12 de septiembre de 2023, siete demandas por $31.8 millones, estaban pendientes de resolución por los tribunales.

Desde los años fiscales del 2019 al 2023, Guánica ha contado con un presupuesto de $7.8 millones, $6.4 millones, $5.1 millones, y $7.3 millones, respectivamente. Los estados financieros auditados del 2019 al 2021 reflejaron déficits acumulados de $6.5 millones, $3.8 millones y $3.5 millones respectivamente.

Tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 49% en el 2020 y del 54% en el 2021. Esto se atribuye a la sobrestimación en los ingresos, al uso inadecuado de ingresos de patentes municipales para cubrir gastos operacionales y a la ausencia de un sistema de contabilidad, entre otros.

El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.