La Contralora, Yesmín Valdivieso detalló hoy a la Legislatura el contenido de nueve informes de auditoría sobre la contratación de transporte escolar que señalan irregularidades en las operaciones fiscales del Departamento de Educación, muchas de las cuales, diez años después, no han sido corregidas.

Valdivieso sometió copia de los informes, con sus hallazgos y recomendaciones correctivas, a la Comisión Conjunta Sobre Informes Especiales del Contralor de Cámara y Senado. La funcionaria detalló que los informes contienen 108 recomendaciones, de las cuales, 47 continúan abiertas y 61, están cerradas. Dijo, además, que algunos de los hallazgos fueron referidos al Departamento de Justicia.

“Desde que asumí el cargo de Contralora en el 2010, tengo la preocupación sobre la inestabilidad que provocan los cambios de secretarios en el Departamento de Educación. Desde esa fecha se han nombrado 11 funcionarios, entre Secretarios de Educación en propiedad, secretarios interinos, nombramientos retirados por el Gobernador y nombramientos pendiente de confirmación”, dijo Valdivieso en una vista pública en el Capitolio, liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

La Contralora indicó que hasta 2014, el Departamento de Educación pagaba los servicios de transportación por estudiante y a partir de ese año, el pago es por ruta.

Valdivieso detalló que en el informe correspondiente a la región educativa de San Juan, con fecha del primero de julio de 2008 al 30 de junio de 2012, la auditoría reveló que se pagaron $34,140 por 47 estudiantes del Programa de Educación Especial que no requirieron los servicios de transportación escolar y que para octubre 2011 se pagaron $27,740 por 38 estudiantes que no requirieron los servicios de transportación escolar.

Otro de los informes, correspondiente a la región educativa de Mayagüez, por el período del primero de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013, indica que se otorgaron contratos sin subasta, se duplicaron nombres de 12 estudiantes y en una decena de contratos, 10 estudiantes no estaban matriculados en las escuelas a las que se prestaba servicios. Agrega la auditoría que se hacían pagos por estudiantes que se habían dado de baja o se habían transferido a otra escuela.

La autoría reveló también que los comprobantes para procesar el pago de los servicios de noviembre de 2011 y de enero a mayo de 2012, se prepararon incorrectamente por lo que se pagaron $7,560 demás al contratista y a los porteadores no se les requería que presentaran facturas mensuales por los servicios prestados.

En el informe de la oficina regional educativa de Bayamón, la auditoria, encontró que para los años de 2017 a 2019 no se realizaron subastas para los servicios de transportación escolar y en su lugar, se otorgaron 453 contratos de emergencia por $77,722,322 para adquirir servicios de transportación escolar

Sostiene el informe, que en el examen realizado a 15 contratos por $2.5 millones, otorgados el 10 de agosto de de 2017 al 20 de diciembre de 2018, el Departamento de Educación reclamó que no pudo contar con un presupuesto definido por lo que se había visto imposibilitado de cumplir con un proceso de subasta y para asegurar el servicio de transportación escolar, decidió utilizar el procedimiento de contratos de emergencia.

Otro de los hallazgos señala que la oficina de Bayamón otorgó 162 contratos por $53.3 millones a dos corporaciones cuyo presidente era la misma persona.

El informe sobre la oficina regional educativa de Ponce, en el período auditado de 2017 a 2021, también señala que los contratos para los servicios de transportación escolar se otorgaron sin subastas. Otros informes de auditoría referidos a la comisión legislativa corresponden a las regiones educativas de Caguas, Arecibo y Humacao.

La secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega indicó en una ponencia escrita que “habiéndose declarado un estado de emergencia por la crisis fiscal se optó por seguir el procedimiento de emergencia para la contratación”.

Raíces Vega dijo que posteriormente se declararon estados de emergencia adicionales, por el paso de los huracanes Irma y María, los terremotos del área sur a finales de 2019 y principios de 2020 y la pandemia el Covid en abril de 2020.

“Los procesos de subasta se efectúan actualmente, según la reglamentación de la Administración de Servicios Generales”, agregó la funcionaria, quien no acudió a la vista público por compromisos previos y estuvo representada por dos ayudantes.

El Presidente de la Cámara no adelantó qué acciones, si alguna, tomaría la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor en torno a los hallazgos que no han sido corregidos.

“La Contralor está pidiendo auxilio aquí, porque aunque ha hecho unas determinaciones no hay resultados. No quiero adelantar cuáles van a ser las estrategias de la Cámara, lo primero es que queremos escuchar a las partes. Hay señalamientos en los que ni siquiera se han dado las acciones correctivas”, sostuvo Hernández Montañez.