La Contraloría General de Estados Unidos (GAO, en inglés) aceptó la solicitud del Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, de realizar un análisis detallado sobre el impacto de las leyes de cabotaje tanto en la economía de Puerto Rico como en la de Estados Unidos.

El Comisionado Residente solicitó este estudio al GAO, organismo investigativo del Congreso de Estados Unidos, convencido de que la mejor manera de reclamar un cambio en las leyes de cabotaje es demostrando el impacto que tienen en la economía y en el futuro desarrollo del Puerto de Las Américas.

“Esta es otra iniciativa que goza del apoyo de grandes sectores de nuestra población, pues lo que busca es determinar de una vez y por todas cuál es el impacto de la ley de cabotaje en nuestra economía. El GAO tiene la credibilidad y el peritaje para estudiar el asunto y brindarle su asesoramiento a los miembros del Congreso, quienes a fin de cuentas serían los llamados a hacer cualquier cambio en la ley”, expresó Pierluisi.

“Ahora es importante que el sector empresarial, el sector sindical, las compañías marítimas y los funcionarios de nuestro gobierno, entre otros, se pongan a la disposición del GAO para que reciba sus puntos de vista”, agregó.

La misiva recibida de parte del GAO indica que pronto se estarán coordinando reuniones para atender este asunto.

La iniciativa de Pierluisi había sido respaldada ante el GAO por el delegado de las Islas Marianas del Norte, Gregorio "Kilili" Sablán, el demócrata de más alto rango en el Subcomité de Pesca, Vida Silvestre, Océanos y Asuntos Insulares del Comité de Recursos Naturales, por economistas de la Isla, y por la Coalición del Sector Privado, que agrupa a más de veinte organizaciones en Puerto Rico.

La Sección 27 de la Ley Jones, que entró en vigor en 1920, establece que la transportación marítima de carga y productos entre Puerto Rico y los Estados Unidos tiene que darse en barcos de la Marina Mercante. Las Islas Vírgenes Estadounidenses, así como Samoa Americana y las Islas Marianas, están exentas de la Ley Jones.

Una amplia gama de economistas en Puerto Rico han expresado preocupación por el impacto que tiene esta ley en el crecimiento económico de la Isla puesto que la mayoría de las importaciones en Puerto Rico vienen de Estados Unidos, y la mayoría de los productos son transportados en barco. Así mismo, en el lado de las exportaciones, lo que Puerto Rico produce para vender en el exterior-- generalmente productos de manufactura-- se dirigen hacia el mercado de Estados Unidos y  la mayoría son transportados por barco.

Este esfuerzo del Comisionado Residente se lleva a cabo junto a múltiples gestiones en el área económica. En este momento Pierluisi promueve en el Congreso el H.R. 3020, el proyecto de la Ley para la Inversión y Promoción en Puerto Rico (PRIPA, en inglés), con la intención de que se convierta en una herramienta que genere empleos y estimule la economía de la Isla.

Además, está promoviendo la aprobación de la Ley de Empleos Americanos remitida por el Presidente Barack Obama al Congreso. Como resultado de las gestiones del Comisionado Residente, a Puerto Rico se le trata como un estado en todos los componentes principales de ese proyecto que provee nuevos beneficios contributivos para la clase trabajadora y la gran mayoría de los negocios en la nación, mayores inversiones en la infraestructura y las escuelas y la extensión de los beneficios por desempleo, entre otros.

“Continuaré propulsando todas las medidas que puedan aumentar el empleo y la actividad económica en la Isla”, dijo Pierluisi.