Un informe de la Oficina del Contralor reveló que el municipio de Patillas le pagó $10,183 al exalcalde Norberto Soto Figueroa, equivalentes a 45 días de vacaciones en exceso de los 90 días que tenía registrados en su liquidación de licencias.

Según la información emitida por la Contraloría, del 7 de enero al 30 de julio de 2021, el municipio desembolsó $68,447 por la liquidación de licencias de vacaciones y enfermedad acumuladas a 10 funcionarios que renunciaron a sus puestos o se acogieron a la jubilación.

Entre los empleados que recibieron el pago de liquidación de licencias se encontraba el exalcalde Soto Figueroa. Este había renunciado a su cargo el 31 de diciembre de 2020. De acuerdo con el Informe de Balances de Licencias, el político tenía registrado un balance de la licencia de vacaciones de 90 días al momento de su renuncia.

Sin embargo, luego de la auditoría se evidenció que el municipio pagó $10,183 por 45 días de vacaciones, adicional al exceso de los 90 días que tenía registrados. Es decir que al 7 de enero de 2021 se le pagó al exalcalde $33,342 por la liquidación de 135 días de vacaciones en lugar de realizar una liquidación de vacaciones de los 90 días que tenía acumulados.

Los cómputos de dicha liquidación fueron certificados y autorizados el 4 de enero de 2021 por una secretaria y una auxiliar administrativa del Departamento de Recursos Humanos; por el preinterventor y la directora interina del Departamento de Finanzas.

“Nuestros auditores no encontraron, en el expediente de personal ni en los justificantes del pago, evidencia de los 45 días de vacaciones que tenía en exceso de los 90 días registrados. Los funcionarios y empleados municipales concernidos tampoco pudieron explicar y establecer la procedencia de dichos días”, lee el informe.

“Los funcionarios y empleados municipales que autorizaron la referida transacción autorizaron el pago de los 45 días de la licencia de vacaciones sin asegurarse de contar con los datos que lo sustenten. Estos no pudieron aclarar la discrepancia indicada ni ofrecer información del empleado o funcionario que preparó el cómputo de los 135 días de vacaciones. La directora de Recursos Humanos en funciones no se aseguró de mantener registros confiables de las licencias acumuladas. Por otra parte, el preinterventor tampoco se aseguró de revisar los justificantes ni la información necesaria que permitiera evaluar la corrección y exactitud del desembolso. La directora de Finanzas en funciones no supervisó adecuadamente los procesos de preintervención”, se expone en el documento.

Culminada la investigación la Contraloría emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Patillas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Trascendió que los funcionarios y empleados municipales que autorizaron la transacción, podrían estar sujetos a disposiciones de la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico. El Informe le recomienda a la actual alcaldesa, Maritza Sánchez Neris, evaluar si hubo un pago indebido, si inicia una acción de recobro, y si procede acciones disciplinarias a los funcionarios, entre otras.

La auditoría de tres hallazgos señala que el oficial de la propiedad, no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble para los años fiscales de 2018 al 2021. Esta situación propicia el uso indebido, la pérdida de la propiedad, y que no se pueda mantener un control adecuado. El Informe de Auditoría M-20-03 de 2019, comentó una situación similar sobre este hallazgo.

Contrario a la ley y la reglamentación vigente, la oficial de enlace en funciones de Patillas, envió 33 registros del Informe Mensual de Nóminas y Puestos, hasta 15 meses más tarde del tiempo establecido. De los informes, 21 corresponden a la administración del exalcalde y 12 a la administración actual de la alcaldesa. Esta situación priva al Gobierno y a los ciudadanos de información actualizada sobre los gastos de nómina y los puestos ocupados, entre otra información.

La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

De otra parte, el informe menciona que hubo una comunicación con el exalcalde sobre el particular y este emitió unas expresiones a la Contraloría.

“Según nuestros registros y en conversaciones con la Directora de Recurses Humanos durante nuestra incumbencia esta nos indica que según los documentos guardados y enviados al Departamento de Finanzas nos menciona que los cómputos en base a nuestra liquidación era de 90 días según lo que establece las leyes o reglamentos. No obstante, nos hubiera gustado y estamos en la mejor posición de poder concertar una cita con los encargados actuales en la dirección de nuestro pueblo para poder analizar y revisar los documentos. Como funcionario responsable y según las evaluaciones y auditorías realizadas por su Oficina las cuales demuestran la buena y sana administración que prevaleció bajo nuestra incumbencia. [sic]”, manifestó Soto Figueroa, según se expone en el informe de la Contraloría.