Empleados del área de Compras de la Administración de Servicios Generales (ASG) admitieron hoy que el controvertible y cancelado contrato de $38 millones de la empresa Apex para la compra de pruebas rápidas del COVID-19 “brincó” el proceso requerido en esa agencia y fue aprobado primero por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Tanto el director ejecutivo de la ASG, Ottmar Chávez como el coordinador alterno interagencial, Nelson Bryan Elías reconocieron a preguntas del representante Juan Oscar Morales que el millonario contrato tenía que pasar primero por las manos de la ASG como establece la ley.

También, en la continuación de las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara, la ayudante especial del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Guarina Delgado, admitió que cuando firmó el contrato de Apex comprometió “$38 millones del erario” solo con documentos que le fueron referidos por correos electrónicos.

Los funcionarios de las agencias públicas se ampararon en que estas compras y transacciones estaban cobijadas en el plan de manejo de emergencias que establece el procedimiento para las compras “excepcionales”.

Elías declaró que aprobó la compra, el pasado 26 de marzo, a las 4:28 de la tarde vía electrónica, pero la transacción ya había pasado por la OGP, a las 4:03 de la tarde, pese a que la ASG tenía que darle el visto bueno primero.

“Yo le asigné número de control a las 4:28 de la tarde y la OGP autorizó la transacción a las 4:03”, dijo Elías.

¿Eso es normal?, le cuestionó el representante Morales.

“Me estoy enterando ahora que la compra ya tenía presupuesto asignado”, respondió el comprador de la ASG.

“La orden la envían del área compras del COE (Centro de Operaciones de Emergencias), se envía a OGP, ellos hacen aprobación y entonces me llega a mí por email. A través de la plataforma someto los documentos para que se apruebe la compra. En la de Apex me copiaron que a las 4:03 llegaron los documentos”, detalló el funcionario, quien insistió en que no sabía que la compra ya tenía un número de control cuando llegó a sus manos.

Elías indicó que según los correos electrónicos Vanesa Figueroa, de NMEAD envió la compra directamente a la OGP.

Posteriormente, en la vista pública salió a relucir que Figueroa no estaba autorizada a firmar el documento.

¿Se brincaron los procesos?, preguntó el Presidente de la comisión legislativa a Chávez.

“Si hubo una aprobación antes por OGP no se siguieron los procesos establecidos”, respondió el funcionario.

Chávez reconoció que el reglamento de compras debió ser aprobado en octubre del 2019, pero dijo que están en espera de traducir el documento al inglés para que sea autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En su turno el representante independentista, Denis Márquez Lebrón confrontó a Guarina Delgado con “errores visibles” en el “contrato modelo” que utilizan las agencias en el proceso de compras.

“No puede ser que con este documento se comprometan $38 millones y porque algunos empleados le enviaron unos correos electrónicos”, inquirió Márquez Lebrón. El legislador cuestionó que se trata la forma 565, preparada en octubre pasado, parte de la carta circular 2020-003, “que va a ser el contrato modelo durante las emergencias, que está mal redactado, no protege adecuadamente el gobierno, sus cláusulas no están claras y que me parece que fue escrito con los pies”.

“Lamentablemente no se aprende”, expresó por su parte, el representante novoprogresista, José Aponte. A preguntas suyas, Delgado reconoció que no ha tomado adiestramientos de compras. “No soy compradora”, sostuvo la funcionaria de NMEAD, quien alegó haber tenido conocimiento de las irregularidades del contrato de Apex “luego que salieron en la prensa”.

También testificó, Jeira Belén Ortíz, de la Oficina del Tesoro del Departamento de Hacienda, quien declaró en torno a la cancelación del contrato a Apex y las gestiones que tuvo que hacer la agencia en dos instituciones bancarias para la devolución del adelanto por $19 millones que el gobierno le había pagado a la empresa.

A preguntas del representante popular, Jesús Manuel Ortiz, la funcionaria reconoció que aunque las pruebas rápidas debían llegar el 31 de marzo, el gobierno demoró tres días (hasta el 3 de abril) en cancelar la transacción. El legislador confrontó también a Delgado y los funcionarios en la vista pues a pesar de que se referían “al contrato”, la gobernadora Wanda Vázquez ha dicho que no envió la millonaria transacción a la JSF porque “no era un contrato”.

Al final de la vista, el Presidente de la Comisión de Salud anunció que las citaciones de la ex asesora Mabel Cabeza, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez y Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora, habían sido pospuestas para el lunes 4 de mayo.

Los funcionarios estaban citados para mañana a las vistas investigativas, pero Cabeza, pidió tiempo adicional para prepararse, a través de la abogada, Jenny Mariel Espada, mientras que el secretario de la Gobernación reclamó a los legisladores en una carta vía email que “se tomen medidas” para evitar un contagio de COVID-19.

“Requiero ser citado a la hora en que no haya otros deponentes”, sostuvo Pabón en la misiva que fue leída por el representante Morales.

La licenciada Espada informó también por escrito a la comisión cameral que su clienta no estaba preparada para comparecer mañana jueves y que necesitaba tiempo adicional.

“Aquí lo que queremos es la verdad y nada más que la verdad”, sentenció el representante Morales al posponer los testimonios de los funcionarios del Palacio de Santa Catalina.

Cabeza, era la “chief of Staff” del Departamento de Salud, pero cuando se firmó el controvertible contrato de Apex laboraba en destaque en La Fortaleza.