Para diciembre próximo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tiene que haber completado el cierre de 10 instituciones correccionales para cumplir con el Plan de Optimización de reducción de gastos operacionales que desde el 2020 le impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), confirmó la secretaria de la agencia Ana Escobar Pabón.

La agencia trabaja contra el reloj para cumplir con el plan, que se retrasó a causa de los temblores y la pandemia, y que es uno de los factores que se considerarán para dar paso al aumento salarial a oficiales correccionales que se constituye en el Plan Fiscal 2022.

El nuevo plan certificado por el ente federal dispone que los oficiales correccionales recibirían unos $3,700 de aumento en el salario promedio. El 10% del alza se reflejaría en julio, pero el restante se vería en julio del 2023 si la agencia termina con el proceso de cierre de cárceles, reduce el personal administrativo y recorta otros $4.5 millones al programa de Salud Correccional.

La JSF hizo varias propuestas para dar marcha al Plan de Optimización, siendo la más agresiva que el DCR -que actualmente cuenta con 29 instituciones correccionales y tres centros de tratamiento social donde se atiende una población de 7,208 confinados- operare solo con tres complejos correccionales (Ponce, Guayama y Bayamón).

“Esa era la alternativa más drástica y no era opción para nosotros”, expresó la funcionaria al destacar que la segunda opción implicaba dejar operando cuatro instituciones (Ponce, Guayama, Bayamón y Mayagüez), la que tampoco fue avalada por el gobierno de Puerto Rico.

Finalmente, la alternativa seleccionada y que se incluyó en el Plan Fiscal de 2020 fue una consolidación completa de 10 facilidades, incluyendo algunas que, a pesar de que no tienen población de confinados, son estructuras que se utilizan para operaciones administrativas o de almacén, por lo que no representan ningún ahorro como el que exige la JSF ante el alto endeudamiento público del país.

Además, en los últimos años solo se está atendiendo el 57% de la capacidad que tienen las instituciones para albergar confinados, una población que ha disminuido con el tiempo. Para la JSF ese más de 40% de facilidades sin utilizar directamente con la población de reclusos abona más a justificar la consolidación de cárceles en la isla y a disminuir así los gastos operacionales, pues resulta oneroso pagar servicios de agua, luz, internet, seguridad, entre otros, en unas facilidades en las que no hay población.

Pero, ¿cómo va el proceso de cierre de esas 10 cárceles o instituciones correccionales que redundarían en un ahorro de $4 millones anuales?, le preguntamos a la secretaria del DCR, quien precisó que a la fecha se ha logrado el cierre de cinco instalaciones.

“En este momento, tenemos en Ponce tres cerradas en su totalidad y son los anexos 304, 246 y 224. Aquí se atendía población de custodia mínima y jóvenes adultos, que estos últimos eran como 45″, expresó al indicar que los empleados que laboraban en estas áreas fueron reubicados en otras instituciones cercanas a sus residencias. En el caso de los confinados y jóvenes también fueron transferidos a otras facilidades.

De igual forma, en Ponce, se cerró el Centro con Libertad para Trabajar.

“De esos quedaban bien pocos porque casi todos (los confinados) estaban por pensiones alimenticias y eran de los que salían a trabajar y se excarcelan a los seis meses por orden del tribunal, si es que no tienen ningún otro caso pendiente”, sostuvo la Secretaria.

Detalló además que, recientemente, en enero, se dio paso a cerrar las facilidades del Centro Agrícola de la Montaña, en Jayuya, donde laboraban 34 empleados atendiendo únicamente a cinco confinados, quienes fueron trasladados al Complejo de Sabana Hoyos, en Arecibo.

“En esa institución quedan todavía seis empleados porque estamos terminando el movimiento de propiedad. Pero, para finales de marzo deben estar saliendo”, puntualizó Escobar Pabón.

La funcionaria dijo que en los próximos meses están próximos a cerrar el Hogar Intermedio para Mujeres, en San Juan. Aunque este hogar fue ideado para atender a reclusas embarazadas o confinadas con niños menores de tres años, la dinámica cambió hace algún tiempo pues no se está recibiendo este tipo de población. En su lugar, se están atendiendo a las mujeres que están próximas a cumplir sus condenas y se les adiestra para que puedan tener una reinserción saludable en sociedad.

“Las vamos a mover para una unidad del Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón, pero la idea es identificar alguna facilidad o planta física en otra agencia -ya empezamos los acercamientos- y continuar con el servicio de reinserción y vida independiente de estas confinadas en otro lugar. Pero debe ser en una estructura que podamos utilizar sin pagar renta y utilizando los fondos que nos aprobó la Junta para habilitar ese espacio”, detalló. Actualmente, hay 234 mujeres confinadas en Puerto Rico.

Otras dos instituciones que están próximas a cerrar son el Instituto Educativo Correccional (Bayamón), quienes se moverían para el Centro de Tratamiento Residencial en Arecibo; y el Anexo 384 de Sabana Hoyos (Arecibo). Los confinados de esta última facilidad pasarían a una unidad que actualmente se utiliza para efectos administrativos que es el Anexo 728.

“Esto es una transferencia de un edificio a otro que queda cruzando la calle. Pero preferimos cerrar el 384 porque en el 728 hay cocina y sala de emergencia”, explicó la titular del DCR.

Finalmente, el Plan de Optimización culminaría con el cierre total de Guayama 945, una institución en la que tampoco hay confinados, pero que se utiliza para trabajos de oficina y gestiones administrativas.

“Allí tenemos ubicado el programa de comunidad y la Sala de Emergencia del complejo correccional de Guayama, pero ya tenemos identificado otro espacio para moverlo. Realmente, esa facilidad tiene unos gastos de utilidades como teléfono, luz, internet, entre otros, que cuando cierre redundará en ahorros significativos”, admitió Escobar Pabón.

La funcionaria dice estar consciente de que la consolidación de cárceles es un ejercicio que debe hacerse, sobretodo considerando que se hizo un análisis para el Plan de Optimización -cuyo costo de elaboración fue de $500,000- que evidenció que el inventario de instituciones correccionales está por encima de la población que se atiende.

“Estos cierres son un ahorro significativo al presupuesto”, reiteró. El presupuesto actual de la agencia es de $361 millones, con una reducción de $22 millones en el área de nómina pues “ha habido una reducción de empleados porque algunos han fallecido, otros se han jubilado, otros han renunciado y también tenemos los que se han tenido que separar de sus puestos o destituir y los que se han trasladado a otras agencias gubernamentales”. “Todo eso lo evalúa la Junta cuando asigna presupuesto”, agregó. Actualmente en el DCR laboran 5,700 empleados, y de estos 4,500 son oficiales de custodia.

Aclaró que todo el proceso de cierres se está trabajando garantizando la seguridad de la población y empleados. Además, se han utilizado los $5 millones asignados por la JSF para hacer mejoras a las facilidades a las que serán transferidos los confinados.

“Esperamos que todas estas fases culminen para diciembre. Luego habría que evaluar si ante todo este trabajo todavía se requiere algún cierre de otra facilidad, pero no creo que tengamos que hacerlo porque estamos cumpliendo con lo proyectado. Lo que nos faltaría es trabajar situaciones estructurales afectadas por el huracán María para que todas las viviendas donde ubican los confinados estén en condiciones óptimas”, dijo al señalar que hay algunas instituciones que se construyeron hace más de 20 años.

Entre las reparaciones que se han completado o están en proceso se destaca sellar techos (filtraciones), reparación de portones, mejoras de plomería y sistema eléctrico, construcción de verjas perimetrales y pintura. Además, estipuló que ya se recibieron generadores eléctricos para todas las facilidades