La vista pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para abordar la situación financiera del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) dejó en evidencia una agencia con un déficit significativo y un sinnúmero de dificultades que afectan los servicios que provee.

Según lo expuesto, el DCR encara un déficit de alrededor de $31 millones para este año fiscal. De esa cifra, $8 millones son de Salud Correccional.

Sin embargo, el secretario del DCR, Eduardo Rivera, indicó que algunas cifras tomadas por la JSF para hacer el plan fiscal partían de premisas incorrectas y debían ser reevaluadas. Por ejemplo, indicó que la cifra de costo por confinado que había tomado la JSF solo había incluido a los que estaban en instituciones, cuando en realidad el DCR sirve también a población que cumple condena en la libre comunidad y los que están sumariados a la espera de juicio. Aclaró que, contrario a otras jurisdicciones el DCR se encarga de atender a población penal juvenil, sumariados y otros servicios, que en otras jurisdicciones recae bajo otros departamentos como Familia y Justicia.

Si bien al concluir la vista los miembros de la Junta alertaron que no se debe llegar a conclusiones precipitadas y aseguraron que no hay razón para creer que los servicios se dejarían de ofrecer, lo cierto es que durante la presentación de los oficiales del DCR indicaron que tienen tantas dificultades que desde octubre pasado no le pagan al suplidor de alimentos, y le adeudan un monto que debe rondar cerca de los $5 millones.

En cambio, el secretario Rivera habló de una situación de “urgencia” dentro del departamento y advirtió que la situación presupuestaria pone en peligro los servicios.

Por otro lado, para mitigar la escasez de oficiales correccionales, el DCR trabaja en una academia para reclutar 500, y tendría otra más adelante por similar cantidad.

Los testimonios en la vista revelaron además otras dificultades en algunos servicios de salud correccional, y una grave situación de escasez de oficiales correccionales, que implica que aquellos que aun laboran para la agencia tengan que hacer horas extras constantemente.

De hecho, representantes de uniones de oficiales correccionales indicaron que si los oficiales no hicieran las horas extras que hacen regularmente, equivaldría a tener las instituciones carcelarias sin oficiales correccionales dos días a la semana. Advirtieron además que no serviría de mucho la academia si no se mejoran las condiciones salariales, pues en cualquier otro estado les pagan más del doble.

Al abrirse los micrófonos a comentarios públicos, dos oficiales de seguridad uno de los cuales incluso tomó un día de vacaciones para participar de la vista, suplicaron a la Junta que mejorara sus condiciones salariales y laborales.

Mientras, representantes de organizaciones en defensa de los confinados declararon sobre las precarias condiciones de instituciones carcelarias, que van de mal en peor. Cuestionaron el pobre mantenimiento a las instalaciones, así como la carencia de suministros al punto que más de un confinado tiene que usar el mismo uniforme para poder ir a las visitas o a consultas fuera de la institución. Asimismo, cuestionaron la pobre calidad de la comida, que afecta en particular a los confinados con condiciones médicas que deben recibir una dieta especial, y que no la están recibiendo.

Tan crítica está la situación, que los mismos confinados se están ocupando de crear una especie de fondo en el que los reos que cuentan con familia y amigos que les ayudan ponen cada uno algo a ese pote para poder ayudar a aquellos confinados que no cuentan con esa ayuda externa, de manera que puedan tener algunas de las cosas tan esenciales como productos de aseo y algo que vestir.

De hecho, el presidente de la Junta, José Carrión III, interrumpió en más de una ocasión, en tono incrédulo, para pedir que repitieran lo que acababa de escuchar. Se mostró particularmente empático con la situación de confinados con condiciones de salud mental, declarando que sabe muy bien de primera mano las dificultades que pasan las familias con personas con ese padecimiento porque tiene una hermana que sufre una condición de salud mental. 

Por su parte, los miembros de la JSF cuestionaron al DCR por qué, a pesar de haber cerrado instituciones, no habían logrado economías, pues se supone que tales medidas se tomaban justamente con ese fin.

El secretario Rivera, indicó que la razón es que, aunque se habían cerrado para propósitos carcelarios, continuaban en uso por razones administrativas (almacén, programas) porque se habían movido allí los servicios que estaban en instalaciones por las que pagaban renta. Sin embargo, no pudo proveer la cifra exacta de ahorro que habría tenido el DCR por dejar de pagar esas rentas.

Rivera descartó además la posibilidad de cierre de alguna otra institución, declarando que actualmente están a un 93% de ocupación.

“Espero que a partir de hoy se haga un análisis más completo y trabajemos mejor de la mano”, insistió Rivera, cuya agencia ya solicitó dos reasignaciones de fondos que pasarán a ser evaluadas por la Junta. “La situación es crítica, pero tengo fe que con este tipo de oportunidad haya un mejor entendimiento de la complejidad del sistema y se va a conceder el dinero”.

La Junta por su lado, aceptó que había “discrepancias en los números, y eso lo tenemos que revisar”, pero aseguró que existen vehículos para cualquier reasignación de fondos, y que son mecanismos conocidos por el gobierno.

“Hay muchas necesidades, eso lo sabemos”, comentó Carrión. “Pero estos son temas gerenciales. Y eso es lo que queremos promulgar, ese tipo de conversación, para que se tomen las decisiones correctas y se adjudique el presupuesto indicado a cosas que todos reconocemos como esenciales”.

En cualquier caso, la JSF se reiteró en que había tiempo suficiente para tomar las medidas que fueran necesarias y aseguró que no se dejaría de ofrecer ningún servicio en el DCR.