Los clientes de LUMA Energy podrán respirar con un poco de alivio, pues el aumento en la tarifa energética que estaba pidiendo el consorcio que administra la red de transmisión y distribución de energía eléctrica en la Isla ya no será necesario, toda vez que, según se confirmó en una vista pública del Negociado de Energía, el gobierno destinó una partida millonaria que se usaría para cubrir las pérdidas por los apagones recientes cuyo costo se pretendía pasar a los clientes.

Según afirmó en la vista el ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que todavía está a cargo del sistema de plantas generatrices de energía, dijo que el gobierno había destinado a la AEE $76 millones provenientes de los fondos federales ARPA para la mitigación del impacto económico de la pandemia del COVID-19, que se usarían para cubrir las pérdidas y de esa forma no se tuviera que subir la tarifa de energía a los clientes. Cualquier sobrante, aclaró, se usaría para mantenimiento de las plantas.

“Esta reunión tenía una finalidad inicial, y básicamente era discutir que la solicitud de LUMA, en representación de la Autoridad, de los $75.8 millones, finalmente, iba a pasarse al consumidor como parte de un ajuste en los factores de reconciliación. La reunión toma un giro nuevo con las expresiones del director de Energía Eléctrica (Colón) aseverando que el gobernador identificó unos fondos federales que, básicamente, tienen el efecto de evitar esa reconciliación, que para todos los efectos prácticos es no pasarle cerca de 2.2 centavos el kilovatio/hora al consumidor”, afirmó el ingeniero Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado, luego de varias horas de presentaciones y explicaciones de parte de funcionarios de LUMA y la AEE en torno a la situación actual del sistema eléctrico y las razones detrás de la secuela de apagones de las pasadas semanas.

Avilés, sin embargo, aclaró que con la nueva información recibida el tema ahora giraría a determinar, de esa partida de $76 millones, cuánto se usaría para compra de combustible y cuánto podría destinarse para mantenimiento de la infraestructura, una vez se resolvieran varios asuntos discutidos durante la vista, que incluían la evaluación sobre posibles seguros pendientes a cobrar, la activación de una cláusula en el contrato de compra con el proveedor de combustible New Fortress Energy, y la investigación para la adjudicación de posibles negligencias por los recientes apagones.

“Y una vez tengamos esos tres montos, pues se le descuenta a los $76 millones y entonces se libera dinero para infraestructura. Pero lo bueno de esto es que, una vez la Autoridad someta la documentación y esos requisitos, no se le va a pasar ningún costo adicional el kilovatio/hora a los consumidores una vez tengamos esa documentación aquí”, reiteró el presidente del Negociado.

Seguirán los apagones

Sin embargo, más allá de la buena noticia para el consumidor, durante la vista quedó expuesto que no parece que haya mucho que se pueda hacer, al menos de inmediato, para evitar los molestos cortes de luz cada vez que alguna de las añejas plantas generatrices sufre una avería inesperada, escenario que es altamente probable.

Según describió el director ejecutivo de la AEE, han podido llevar a cabo reparaciones para poner en funcionamiento varias unidades, que han añadido unos 800 megavatios, aumentando la capacidad de generación a 56% de capacidad, de cara a los meses de menos demanda, pero en los que se deben llevar a cabo labores de mantenimiento programadas en las plantas generatrices privadas Ecoeléctrica y AES, ambas esenciales para el sistema y con capacidad de generar unos 500 megavatios cada una.

“Bajo las condiciones actuales del sistema, no anticipamos que haya dificultad para atender la demanda de energía de noviembre, diciembre y enero”, auguró Colón, aunque reiterando que las plantas “pueden experimentar averías inesperadas” y haciendo la importante observación de que “al momento no contamos con la capacidad de reserva óptima”, por lo que ante cualquier “avería inesperada, existe la probabilidad de que tengamos interrupciones de servicio”.

Por su parte, ejecutivos de LUMA, luego de presentar un sinnúmero de gráficas y cifras, explicaron las razones por las que aseguran, “no tuvieron más alternativas” que llevar a cabo los relevos de carga, o apagones selectivos, que se vivieron en Puerto Rico en semanas recientes, de forma que pudieran mantener en funcionamiento el sistema.

Entre los argumentos estaban la salida de servicio inesperada de varias unidades de las conocidas como unidades base, que son las que más energía producen y a menor costo.

Asimismo, hablaron del alza en precios de combustible en el mercado internacional, que tiene un impacto particular en las unidades llamadas pico, que son más pequeñas y usan combustible más caro, y que se activan precisamente para compensar la salida de servicio de unidades base.

De acuerdo con la información presentada por LUMA, durante las semanas de agosto, septiembre que se registraron apagones a diario, la generación estuvo en general apenas a la mitad de la capacidad y en ocasiones llegó a estar hasta 75% por debajo de la capacidad.

Los miembros del Negociado, sin embargo, cuestionaron a LUMA por qué no se usaron las unidades pico cuando fallaron las unidades base, y Mario Hurtado, principal oficial de regulaciones de LUMA, explicó que las unidades pico se habían estado usando tanto en el pasado trimestre que muchas ya no podían seguir dando servicio en sustitución de las de base. Por otro lado, explicó que el costo de operar unidades pico, que usan combustible diésel, es mucho mayor, de 22 a 25 centavos por kilovatio/hora, comparado con los 13 centavos por kilovatio/hora de las unidades base, según los costos para septiembre.

Bryan Welsh, director de asuntos regulatorios de LUMA, explicó algunas medidas que tomaron para mitigar el impacto de los apagones, tales como la reducción de voltaje, coordinación previa con industrias con capacidad de autogeneración, además de los planes a largo plazo para la salida programada de las principales unidades para mantenimiento de manera que se minimice la cantidad de unidades fuera de servicio, entre otras. Con todo, afirmó que a largo plazo será necesario añadir capacidad de generación al sistema.

Los comisionados cuestionaron sobre otras posibles estrategias que pudiera poner en práctica LUMA para minimizar los apagones.

El comisionado Ángel Rivera de la Cruz preguntó sobre un programa de demanda-respuesta en el que se puede programar con grandes clientes industriales y comerciales de alto consumo para que modifiquen sus horas de más demanda. Hurtado respondió que es algo que hacen ya de manera informal con algunos clientes y “tiene su impacto, pero no son cientos de megavatios. Mitiga, pero no significa que se eliminen por completo los apagones”.

El ingeniero Rivera, sin embargo, acotó que, según sus propios números, un programa así podría significar 25,000 a 35,000 clientes menos sin electricidad que estarían muy satisfechos, y valía la pena ponerlo en práctica.

Avilés agregó que “esto es una prioridad a trabajar de inmediato” porque, no solo muchos clientes no perderían el servicio, sino que además significa que “resulta más económico para el cliente... estarían al final del día pagando menos”. Agregó que, de hecho, hay industrias que han expresado ante el Negociado su deseo de participar en tales programas de demanda-respuesta.

Mientras, la comisionada Lilliam Mateo Santos, cuestionó a LUMA por qué no hay una “campaña de conservación de energía” para exhortar a los consumidores a “evitar el desperdicio de energía”. Sugirio el uso de redes sociales y correos electrónicos y otras formas que no impliquen gastos adicionales, para llevar de manera consistente ese mensaje. Hurtado admitió que LUMA debe hacer un mejor trabajo para llevar ese mensaje.

Avilés sugirió además que se alerte a tiempo al cliente sobre aumentos de precio de combustible, de manera que tomen medidas para ahorrar y no les tome por sorpresa cuando vean un aumento en la factura tres meses después, cuando se hace la reconciliación. A ese respecto, Mateo acotó que LUMA podía usar un espacio en la factura, ya aprobado por el Negociado, para llevar ese mensaje a los clientes.

Por otro lado, Urtado aprovechó para defender al consorcio y afirmó que uno tenía responsabilidad por uno los apagones, ocurrido el 22 de agosto, que se achacaba a la falla en una línea de transmisión. Aseguró que la salida de servicio de la unidad 6 de Costa Sur no tenía que ver con la avería de la línea, y que ocurrió 7 horas después de la falla en la línea.

Pero Colón ripostó y aseguró que “es un hecho irrefutable” que la avería de esa línea provocó las salidas de servicio de las unidades 5 y 6 de San Juan, y las unidades 3 y 4 de Palo Seco. Agregó que, aunque no había conexión directa entre la falla mecánica de la unidad Costa Sur 6 con la falla de la línea de transmisión, “si podemos concluir que lo que detona los eventos” fue la salida de la línea.

Aseguró además que LUMA no podía afirmar, como estaba haciendo, que una avería de línea no podía causar averías en una turbina, pues si fallan los mecanismos de seguridad, como ha ocurrido, la avería se puede pasar a los equipos de una planta generatriz.

En todo caso, Colón indicó que la investigación que se hará de los eventos, permitirá adjudicar posibles responsabilidades.

En otro asunto relacionado, Colón criticó la manera en que se asignó el presupuesto para la AEE, asegurando que primero se había cuadrado el presupuesto de LUMA, y lo sobrante se había destinado a la AEE, de manera que no se había programado lo suficiente para el mantenimiento de las plantas. Afirmó que, según los estudios que hicieron, el presupuesto para este año fiscal tiene una deficiencia de $61 millones para el manteamiento.

Colón agregó que están trabajando con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y el COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) para conseguir esos fondos para mantenimiento de las plantas, y que no haya un impacto para los clientes, ni se afecte el presupuesto ya aprobado por el Negociado y la Junta de Supervisión Fiscal.

“Lo que sobró fue lo que se dejó para el sistema de generación. Definitivamente ha demostrado que no fue correcta esa determinación y dejó corto al sistema de generación de los fondos necesarios para realizar la conservación y mantenimiento. Esperamos que en el proceso para el próximo presupuesto fiscal eso no ocurra. Por lo menos yo me aseguraré que eso no ocurra”, afirmó Colón.

El director ejecutivo agregó que también harán acercamientos a las agencias federales de protección del ambiente para buscar una modificación en los permisos a varias unidades que tienen uso restringido para que, aunque estén apagadas, estén disponibles para emergencias.