El candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Rafael Cox Alomar denunció que el financiamiento público al periódico El Vocero podría estar burlando los límites de financiamiento de campaña en la medida que ese medio se preste para adelantar la agenda política del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En un aparte con la prensa tras una conferencia para presentar su plan sobre la salud, Cox Alomar reaccionó la investigación del El Nuevo Día sobre las bonificaciones de casi $25 millones en fondos públicos recibidos por El Vocero.

“Es una subversión de lo que es el concepto de la ética en el periodismo, que al mismo tiempo burla de una manera completamente ilegítima los límites de financiamiento de campañas políticas. Porque si El Vocero lo regalan por las esquinas, y es un pasquín del partido de gobierno, pues si tú haces un cálculo empírico, ¿cuántos millones de dólares adicionales en la campaña entonces tiene este gobierno? Porque si tiene la primera plana de El Vocero todos los días… ¿Cuánto cuesta una primera plana? Están burlando todos los topes de financiamiento de campañas políticas, ahora tienen hasta la Asociación de Gobernadores Republicanos. Ustedes ven los anuncios en contra de Alejandro, y abajo el disclaimer (advertencia) de que es financiado por la Asociación de Gobernadores Republicanos. Esa es la primera vez en la historia que algo así sucede en Puerto Rico. Esto se ha convertido en un asunto de vergüenza contra dinero, y el 6 de noviembre el país se va a abrazar en masa a la vergüenza por encima del dinero”, dijo el candidato popular.

Además, Cox Alomar distanció sus críticas a la empresa de la labor de los periodistas de El Vocero.

 "El problema no son los periodistas de El Vocero porque los periodistas que laboran en El Vocero son periodistas responsables, ellos no son los que manejan el periódico. Aquí el problema es la gerencia de El Vocero, que pretende fabricar noticias para favorecer estrictamente el gobierno de Fortuño. Hace unos minutos el gobernador se negó a reaccionar al tema de que El Vocero es financiado con fondos públicos. Fortuño se negó a reaccionar sobre ese tema. La realidad es que un periódico financiado por el gobierno cuya línea editorial a todas luces favorece al gobierno, plantea el problema más serio que se ha visto en Puerto Rico, el tema de la ética del periodismo”, denunció.

Con la anuencia del Gobierno y a pesar de tener una deuda contributiva multimillonaria, la empresa Caribbean International News Corporation (CINC), matriz del periódico El Vocero, ha recibido más de $24.9 millones en fondos públicos a través de un esquema en el que se crearon nuevas corporaciones para burlar compromisos legales, económicos y laborales, según una determinación emitida el 24 de septiembre de 2010 por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos.

De esa manera, con fondos del Gobierno estatal y asignaciones federales, CINC no solo ha financiado la gran mayoría del gasto de nómina de El Vocero, sino que también ha sufragado, aparentemente, una parte sustancial de los gastos operacionales. El diario recibió estos fondos a pesar de que arrastra una deuda contributiva de $21,141,200 desde el 2003 hasta el 2012, lo cual es contrario a las normas establecidas en el gobierno que prohíben que empresas con deudas al erario firmen contratos con el Estado.

Según una investigación realizada por El Nuevo Día, El Vocero, cuya línea editorial abiertamente favorece a la administración actual, ha recibido a través de los años más de $24.9 millones de programas de incentivos salariales y de adiestramiento, que tienen vigencia limitada y que en su gran mayoría deben estar dirigidos a crear nuevos puestos de trabajo y no a mantener la plantilla actual.

Los incentivos han sido concedidos entre el 2006 y 2012, lo que implica que se iniciaron bajo la administración del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD). Durante el cuatrienio de Acevedo Vilá, se le concedieron $7.3 millones en incentivos a CINC y El Vocero de Puerto Rico, Inc., empresas bajo las cuales operaba el diario.

Las movidas más controvertidas, sin embargo, se registraron a partir de que el gobernador Luis Fortuño tomara posesión en el 2009, cuando en abril de ese año la administración de El Vocero cambió su estructura corporativa y creó nuevas empresas mediante las cuales tuvieron acceso a los incentivos para pagar su nómina y operaciones.

Desde el 2009 hasta el presente, el grupo de nuevas corporaciones ha recibido a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), de municipios y de consorcios municipales, más de $17.6 millones en fondos federales y estatales. Según consta en los propios contratos de incentivos obtenidos por El Nuevo Día, los fondos que recibieron las nuevas corporaciones pretendían crear y mantener más de 1,000 puestos de trabajo entre 2006 y el 2012.

Antes del 2009, el diario llegó a tener 300 empleados y en la actualidad tiene 138, según datos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, lo que apunta a que dichas ayudas posiblemente se usaron para conservar la misma plantilla de empleados de la empresa y subsidiar, con los remanentes de esos fondos, las costosas operaciones del periódico.

De esta forma, el Gobierno les negó a más de 1,000 trabajadores desempleados una oportunidad de empleo y de adiestramiento en medio de la peor crisis económica que recuerde la historia reciente del país, que ya le ha costado más de 180,000 puestos de trabajo y miles de quiebras empresariales. Los fondos obtenidos por el diario provienen de los programas que son administrados por el DTRH y por los municipios de San Juan y el consorcio integrado por los municipios de Guaynabo, Cataño, Toa Baja y Toa Alta.

Estos fondos pretenden incentivar a las empresas con el pago del 50 por ciento de los salarios para crear nuevas plazas de trabajo y para readiestrar empleados por periodos que oscilan entre seis meses y un año en cada contrato. Aunque de menor cuantía, el diario también obtuvo un contrato de ayudas provenientes del consorcio de Caguas y Guayama, pero este posteriormente fue rescindido.

En el caso del DTRH, la mayoría de los fondos designados para incentivos provienen de una aportación especial que realizan las empresas activas que asciende al 1% de su pago de nómina trimestral. El DTRH y los municipios también se benefician de los programas federales como los llamados fondos WIA, en referencia a las siglas de la ley federal Workforce Investment Act, y fondos ARRA, que se refiere a la ley federal American Recovery and Reinvestment Act.

En los contratos existe una cláusula que exige que las empresas recipientes de la ayuda no pueden tener deudas contributivas o de otra índole con el Gobierno o con los municipios y, si las tienen, deben presentar un plan de pago en cumplimiento. Esta disposición es obligatoria en los contratos del Gobierno central y de las corporaciones públicas desde 1991, cuando el entonces gobernador Rafael Hernández Colón la impuso como una norma por medio de una orden ejecutiva. La disposición es también obligatoria para los gobiernos municipales y es requerida por la Oficina del Contralor y por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.