Aprobada la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno central, abogados y legisladores opinaron hoy que el proceso no ha terminado pues hay que esperar por la respuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y de la jueza que preside el caso de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, quien tiene en agenda para el 8 de noviembre confirmar el plan.

Para algunos, el tema de las pensiones va a seguir sobre la mesa en el proceso de mediación que ordenó la jueza Taylor Swain, mientras otros entienden que “la mediación pasó a la historia”.

A juicio del constitucionalista Carlos Gorrín Peralta “esto es apenas el inicio” y sostuvo que ahora hay que esperar a ver si la JSF y la jueza Laura Taylor Swain “aceptan lo que se aprobó”.

“Ahora veremos a ver que hacen los que tienen agarrado el sartén por el mango que son la Junta de Control Fiscal y la jueza Swain”, dijo el letrado.

“Así estamos porque no tenemos vela en ese entierro verdaderamente porque la soberanía radica en el Congreso de Estados Unidos y los instrumentos que han creado que son la Junta, Promesa y la jueza Swain. Nuestro futuro depende de ocho personas que no tienen que ver nada con nosotros”, sostuvo el profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, en declaraciones a periodistas, tras participar en una vista pública en el Capitolio.

“La Junta y la jueza Taylor Swain deben tener en cuenta que la legislatura y el ejecutivo cumplieron con lo acordado, que el tiempo es determinante y que sus decisiones no pueden echar atrás todo lo alcanzado”, expresó en una “reflexión escrita”, el presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

“Muchos se preguntarán ¿qué sigue? La respuesta es modificar el presupuesto en el mes de enero para incluir el pago de la deuda e integrar aquellas partidas de los dineros que se reciban para reactivar la economía. De igual forma, estructurar organizadamente lo que será un presupuesto balanceado para aprobarse en el mes de junio”, detalló.

Según Hernández Montañez la versión del P.C. 1003 aprobada y convertida en ley por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia “rectifica los acuerdos pactados anteriormente, pero con la inclusión de un lenguaje aclaratorio que protege y garantiza cero recortes a los pensionados del país, además de los recursos para la UPR y Municipios, sin que se interprete como un impacto económico que trastoque el Plan Fiscal”.

“Ahora, nos toca a todos seguir adelante y trabajar en aquellas medidas que promuevan el desarrollo económico, que creemos más y mejores oportunidades de empleo, a la vez que reactivamos la actividad económica de la Isla”, dijo al tiempo que reconoció que el PPD como institución también tiene que realizar una instrospección.

“Necesitamos sentarnos a tener un diálogo sincero, abierto y sin intermediarios, en el que podamos llegar a acuerdos. La disciplina, el orden y la comunicación son base para que juntos establezcamos hacia dónde queremos dirigirnos como partido, y lo que estamos dispuestos a hacer para lograr las aspiraciones de nuestra gente y ser un vehículo para llevar al país al sitial que todos merecemos”, indicó.

“A mí me parece que este proceso no ha terminado. Ayer se dio un primer paso entre los compañeros que entendieron que la medida era adecuada. Yo voté en contra por tercera vez, pero me parece que no ha terminado porque ya la Junta ha expresado una posición de desacuerdo con la medida. Según los planteamientos de la jueza (Taylor Swain) veremos a ver cuál va a ser el proceso en mediación de lo que se aprobó ayer y qué va a salir de ahí. Creo que todos debemos estar pendiente a ver qué es lo que va a salir de ese proceso de mediación”, dijo por su parte el representante popular, Jesús Manuel Ortiz González.

El legislador dijo además, que cualquier cambio que quieran hacer, ya firmada la medida, tendrían que regresar a la Legislatura. Así que me parece que este proceso no ha terminado”, sostuvo.

Para el representante independentista, Denis Márquez Lebrón, la legislación “podría volver a la Legislatura para tratar de ajustarse a lo que diga la Junta, pero la historia nos ha demostrado que todas las que se han quedado impugnadas se quedan impugnadas como la Ley de Retiro Digno, que no ha pasado nada en la Legislatura porque eso fue de boca para afuera”.

“La realidad es que anoche lo que se hizo cumplir con la Junta y con la emisión de bonos. No hay ningunas garantías reales. El plan de ajuste fiscal siempre ha hablado de recortes a las pensiones y la Junta tiene un gran poder de invalidar a través del tribunal artículos de los proyectos de ley, incluyendo este proyecto de ley si atenta contra el plan de ajuste fiscal”, dijo Márquez Lebrón, quien sostuvo además, que a su entender la mediación “pasó a la historia”.

“El 8 de noviembre van a promover esto en tribunal y hay seguir presionando”, sostuvo el legislador indepedentista.

“Nosotros vamos a continuar objetando y cuestionando la viabilidad de ese plan. Nos parece que se desaprovechó la oportunidad de utilizar por los menos tres elementos. Las propias disposiciones de la Ley Promesa, algunas de las cuales pudieron haber operado en beneficio del pueblo de Puerto Rico no se aprovecharon al máximo”, dijo el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes.

Mencionó como ejemplo, el lenguaje de los servicios esenciales y el lenguaje de que el plan tiene que ser viable. “Ese tipo de herramienta que con todas las críticas que nosotros pudiéramos tener hubiesen permitido defender mejor el interés público, no se aprovecharon y la academia que estuvo cuestionando una y otra vez la viabilidad de este plan, la Legislatura y el Gobernador pudimos haber uilizado eso en esa vista en el tribunal y en toda la discusión pública para exigir un mayor ajuste de la deuda.

Nos preocupa enormemente que se estime que este plan es viable y que se apruebe. Vamos a seguir utilizando todos los foros que nos queden a nivel mediático y a nivel de las discusiones que queden en el tribunal federal para objetar que este plan cumpla con hacer una reestructuración de deuda viable.

Dijo que ajustar la deuda es necesario, el planteamiento que nosotros hacemos es que es insuficiente. Desde la perspectiva de sus objetivos nos parece que no los va a cumplir porque estamos envolviéndonos en la discusión técnico jurídica del momento y no estamos viendo el contexto en el que se pretende implementar esto.

Djio que en la mediación dijo que el tema de las pensiones va a seguir sobre la mesa. “Sigue habiendo un potencial tranque en la medida en que por lo menos se insertó un lenguaje que sujta la legislación a las pensiones, cómo la Junta va a reaccionar a eso, va a ser parte de la medicación. Ese tema entiendo que va a seguir sobre la mesa porque todavía la Junta se opone a eso. Por lo menos ese lenguaje es mejor que lo que originalmente se propuso, si recordamos el 1003 desprotegía a la gente que estaba por encima del umbral (de los 2000). Obviamente el reclamo multisectorial tuvo un efecto y nosotros insistimos en que no se logró suficiente porque el plan no se va a implementar en tanto y en cuanto el ajuste de la deuda no sea mayor.

Prguntado si la legislación podría regresar de alguna manera a la Legislatura para algún cambio, el legislador del MVC dijo que “va a depender de lo que se resuelva como parte del proceso de mediación y si la jueza entiende que el plan se puede confirmar bajo las disposiciones de Promesa y bajo las disposiciones de la ley local.

Nos parece que tenemos que salirnos de esta discusión puramente técnica de cumplir con los pasos y que entre comillas salgamos de la quiebra y que la Junta se vaya porque de nada sirve de todas maneras vamos a arrastrar las malas decisiones por 25 años. De nada sirve que se vaya la Junta si tenemos que cargar con las malas decisiones de la Junta por 25 años.