En momentos en que arrecian los efectos del cambio climático y a pesar de que en Puerto Rico la Ley 51 de 2022 prohíbe la venta y utilización de plásticos de un solo uso en establecimientos comerciales, el tema vuelve a discusión a la Legislatura con una nueva medida impulsada por sectores del comercio que abogan porque se posponga la vigencia del estatuto, que debe entrar en vigor en julio próximo.

La ley define como plásticos de un solo uso: platos, cubiertos y sorbetos, así como, vasos, tazas y contenedores de poliestireno expandido (foam). Los comercios que no cumplan con el estatuto estarían sujetos a multas administrativas de $500.00 por la primera infracción; $1,000 por una segunda violación y $5,000 por cada violación posterior.

Grupos ambientalistas y algunos legisladores se oponen a que se extienda por dos años la entrada en vigor de la ley como propone el proyecto del Senado 1374. La medida será evaluada en una vista pública la semana próxima, dijo el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Alta, Albert Torres Berríos.

“Estoy en contra (del PS 1374) porque ya la ley tenía una prórroga inicial hasta esta fecha de 2024 y ahora se está pidiendo que llegue hasta 2026. ¿Cuándo es que en Puerto Rico vamos a asumir decencia política? ¿Cómo vamos a postergar el abordaje para evitar y prevenir el daño climático? Lo que quiere decir esta posposición es que vamos a almacenar por un año y medio más plástico”, cuestionó el senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot. El salubrista dijo que la prórroga “es por la inacción del Departamento de Recursos Naturales”.

El PS 1374 se trató de bajar por descargue en el Senado, con un informe positivo, el pasado 11 de enero, pero una moción de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón devolvió la pieza legislativa a la Comisión de Recursos Naturales.

Ese día, grupos ambientalistas, liderados por Sierra Club Puerto Rico y la Coalición de Generación Circular alertaron a los legisladores sobre el trámite del PS 1374, que había quedado pendiente en la pasada sesión de noviembre de 2023.

“Este servidor recalca su compromiso para proteger nuestro ambiente y adelantar las causas que mitiguen el cambio climático. Sin embargo, responsablemente, tengo que también asegurarme que las agencias puedan cumplir con su obligación y lo dispuesto en la Ley 51-2022″, dijo por su parte, el senador Torres Berríos en declaraciones a Primera Hora.

El senador popular por el distrito de Guayama y la senadora novoprogresista por San Juan, Nitza Morán Trinidad, radicaron el 19 octubre de 2023, el PS 1374 por petición de sectores del comercio. El 14 de noviembre de 2023 se rindió un informe sin enmiendas, sin que la medida fuera evaluada en vistas públicas.

Berríos Torres sostuvo que la Ley 51-2022, otorga 24 meses al gobierno para su implementación, plazo que vence en julio de este año, pero dijo que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no han elaborado el reglamento que según la ley deben preparar, ni la campaña de orientación a la ciudadanía.

“Nuestra Comisión ha recibido comunicaciones escritas de ambos departamentos que afirman que dicho reglamento está en proceso, pero el mismo no se ha finalizado y esto conlleva que hay que llevarlo a vistas públicas, evaluar si debe recibir enmiendas y finalmente publicarlo para que entre en vigor. Igualmente, aún no se ha desarrollado la campaña informativa que se requiere por parte de las agencias”, indicó el legislador.

Dijo que el reglamento “es importante” porque va a determinar cuáles serán los productos que sustituyan los plásticos de un solo uso. “Además, es de conocimiento público que los vertederos en Puerto Rico están en una condición crítica y existe una genuina preocupación de qué sucederá con ese material de plástico de un solo uso que existe actualmente en los comercios y en los distribuidores de ventas al detal y al por mayor. Entiendo la otra preocupación del sector ambientalista por la extensión de los 24 meses adicionales, sin embargo, es más preocupante que entre en vigor una ley que no puede ser implementada por las agencias que tienen esa responsabilidad. Nada está escrito en piedra y podemos llegar a un consenso”, agregó.

En el informe del PS 1374 se hace constar que la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) y la Asociación de Comercio al Detal favorecen que se posponga la vigencia de la ley porque no se ha aprobado aún el reglamento que viabilizaría la implantación del estatuto ni se ha comenzado el programa educativo y de orientación dirigido a los comerciantes y los consumidores, según exige la ley.

La senadora Santiago Negrón cuando pidió que el PS 1374 se devolviera a comisión cuestionó por qué transcurrido año y medio de aprobada la ley, el DRNA y el DACO no han cumplido con las tareas que le encomendó el estatuto.

Por su parte, el representante Jessie Cortés Ramos, presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara de Representantes, envió este miércoles sendos requerimientos de información al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y al Departamento de Asuntos del Consumidor para que certifiquen el cumplimiento de la Ley 51-2022, y le dio un plazo de 48 horas a ambas dependencias para entregar toda la información relacionada a la misma.

“Reconozco el problema ambiental que crean los plásticos de un solo uso, pero la negligencia y falta de coherencia entre el Departamento de Recursos Naturales y el Departamento de Asuntos del Consumidor en Puerto Rico, al no cumplir con el Programa Educativo y de orientación que establece la ley crea un problema mayor que incide directamente con los pequeños y medianos comerciantes de todo Puerto Rico”, indicó Cortés Ramos.

“Le estamos dando un plazo de 48 horas a estas agencias para suministrar toda la información requerida. Luego de analizar la información estaré convocando una vista pública para determinar el cumplimento de estas agencias con lo establecido en el estatuto y asimismo identificar el impacto económico que tendría sobre nuestro pequeños y medianos comerciante. Nuestras empresas no aguantan un aumento más y el aumento del costo operacional de los negocios se les pasa directamente a los puertorriqueños que hoy día hacen malabares para sobrevivir ante la inflación que vivimos”, acotó.

La portavoz del Sierra Club Puerto Rico, Maritza Maymí también se expresó en contra de que se posponga la vigencia de la ley y dijo que pedirá un turno para deponer en la vista pública.

“El propósito no es debatir la ley, es el proyecto que quiere extender la vigencia de la ley, lo que consideramos absurdo. Ya hubo un proceso de espera de dos años desde que se firmó esta ley y es un período más que suficiente para educar a todos los sectores, para que los comercios y empresas tomaran medidas de transición, que buscaran alternativas ecoamigables y costoefectivas”, expresó la portavoz de la organización ambientalista.

Maymí sostuvo que si se aplaza por dos años, la ley “de avanzada y buena para el ambiente”, terminaría siendo letra muerta.

Recordó que la medida estuvo bajo discusión en la legislatura, un año dos meses y ocho días, desde el momento en que se radicó y se convirtió en ley. Agregó que el representante novoprogresista, Joel Franqui Atiles, autor de la pieza legislativa, había radicado un proyecto de ley semejante en el cuatrienio de 2017 a 2020 (Proyecto de la Cámara 1951), que se aprobó unánimemente en la Cámara y en el Senado murió.

“Este intento de prohibir absolutamente los plásticos de un solo uso tiene más de cuatro años en discusión legislativa”, sostuvo Maymí, quien dijo que la medida que dio paso a la Ley 51 de 2022 fue evaluada en la Cámara por la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje. Indicó que sometieron memorandos, el Departamento de Agricultura, ASORE, CUD, Génesis, Sierra Club y Cambio. “Fue un proyecto considerado por múltiples sectores de forma escrita. En el Senado solo dos personas se opusieron. Este proyecto llevó un proceso de discusión de más de un año y un periodo de transición de dos años”, dijo al defender el estatuto.

La activista ambiental sostuvo que el 22 de julio de 2022, a poco menos de un mes de haberse aprobada la ley, el DACO instruyó en una carta circular (2022-02) a los comercios de las disposiciones de la ley, la vigencia, artículos prohibidos y las multas en las que podrían incurrir.