La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, criticó, este martes la evaluación que realiza la Legislatura sobre el posible cierre de 200 escuelas y la eliminación de unos 7,000 puestos en el Departamento de Educación como una de las medidas para recortar el presupuesto del Gobierno.

La Asamblea Legislativa estudia esa y otras alternativas para atender el déficit presupuestario de $820 millones.

“Las alternativas para iniciar la ruta hacia la recuperación económica del país deben iniciar con un fortalecimiento sin precedentes de la educación pública del país. Ante la crisis económica, nuestro llamado es a la protección de la educación pública porque la educación no se puede ver como un gasto, sino como una inversión a corto y a largo plazo. El desarrollo económico de Puerto Rico tiene que estar basado en el mejoramiento de su capital humano, y ese mejoramiento sólo se consigue a través de la educación”, explicó Díaz en declaraciones escritas.

Díaz opinó que el gobierno no debe tomar como excusa la crisis económica para justificar cambios tan drásticos en la composición del sistema público de enseñanza y apostó a la inversión en la educación pública para mejorar las condiciones del país.

“De esta forma se han levantado muchos países, tal cual lo revela un estudio de la Internacional de la Educación sobre la Crisis Económica y su impacto en la Educación, donde se presenta cómo algunos países han invertido más en sus sistemas educativos como alternativa para enfrentar su crisis. Exhortamos a que antes de tomar acción realicen los estudios necesarios del efecto que tendrá en las comunidades escolares. La función del Gobierno es proveer educación, no fomentar la deserción”, subrayó.

Igualmente, la líder magisterial afirmó que aún se desconocen los resultados del cierre de escuelas ocurrido durante las pasadas administraciones, por lo cual, considera que hay que tomar con cautela la consolidación de planteles.

“Antes de cerrar una escuela, el Departamento de Educación nos debe proveer los estudios que nos presenten como se afectó el aprovechamiento académico de los estudiantes cuyas escuelas fueron consolidadas. Al día de hoy desconocemos los resultados de estas acciones en el aprovechamiento académico de los estudiantes impactados”, aseveró.

Señaló además, que Educación tiene que considerar la composición de los grupos de estudiantes por escuela, por salón, más allá de la cantidad. Detalló, por ejemplo, que un salón compuesto por 25 estudiantes donde todos son de la corriente regular, no funciona de la misma manera que uno con el mismo número de alumnos en el que 18 tienen necesidades especiales.

“No estamos trabajando con mercancía, sino con personas. Por lo tanto, la métrica es diferente”, opinó.

Román rechaza denuncia de Educamos

El secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, por su parte, rechazó que su administración utilice compañías privadas para nombrar personal docente y no docente en las escuelas públicas, como denunció el grupo Educamos, presidido por Eva Ayala.

“El Departamento de Educación es la única entidad con autoridad para nombrar personal docente y no docente en las escuelas públicas, según establece la política pública vigente”, indicó Román en un comunicado de prensa.

Sin embargo, sostuvo que aulas pertenecientes al Programa de Escuelas en Transformación "cuentan con el apoyo de compañías privadas las cuales tienen la potestad de contratar personal para funciones relacionadas con servicios de tutorías en horario extendido, desarrollo profesional y mentoría o “coaching”, pero no para reclutar personal docente o no docente para funciones del día a día dentro de los planteles escolares".

La responsabilidad del reclutamiento de personal "corresponde al Departamento de Educación a través de la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y las Regiones Educativas”, insistió el funcionario.