La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica cuestionó este lunes, una "pensión especial" otorgada por la Junta de Gobierno de la AEE al exdirector de la Oficina de Auditoría Interna, Gilberto Rivera Lebrón.

El grupo de empleados de la AEE y líderes sindicales planteó que mediante privilegio especial, se pagarían anualmente en exceso $34,890 a Rivera Lebrón, a quien se le aprobó la jubilación el 15 de enero pasado, después de laborar en la corporación en dos periodos por un total de 25 años y dos días.

"Una vez más se repite el patrón de asignar beneficios de retiro más allá de lo que se establece actuarialmente en el Sistema de Retiro", sostuvo Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), uno de los líderes de la Alianza, quien reclamó la revocación de lo que consideran privilegios improcedentes.

Figueroa Jaramillo dijo en una rueda de prensa que la determinación de otorgar una pensión especial mensual de $3,927 a Rivera Lebrón, de 50 años, se hizo "considerando como aportación extraordinaria del empleado lo que en realidad son las funciones normales que debe cumplir cualquier persona que ocupe su posición en la AEE".

En tal sentido, subrayó "de los documentos que hemos podido examinar se desprende que en este caso se ha seguido el mismo patrón que se trató de imponer al beneficiar ilegalmente al pasado director ejecutivo (Josué Colón) y que posteriormente tuvo que rectificarse ante la presión pública".

La resolución "de excepción" cuestionada por la Alianza se aprobó en octubre de 2012, con votación de cuatro a favor, dos en contra y dos abstenidos, señaló, por su parte, la abogada María Méndez, secretaria corporativa de la Junta de Gobierno de la AEE.

En comunicación telefónica con este medio, Méndez dijo que después de esa determinación, el Sistema de Retiro de la AEE pidió una aclaración sobre el alcance de lo resuelto con respecto a la "pensión especial" de Rivera Lebrón, y el organismo se reafirmó en torno a lo decidido en octubre de 2012.

AEE justifica todos los beneficios

A pesar de la oposición de Juan Rosario y Agustín Irizarry, los representantes de los consumidores en la Junta, el 16 de octubre de 2012, se emitió una certificación sobre la Resolución 3964, que alude a concederle a Rivera Lebrón "todos los derechos y beneficios que tienen los empleados reclutados con anterioridad al 1 de enero de 1993".

Esa determinación se consignó tras reconocer aunque Rivera Lebrón se acogió a una jubilación diferida en junio de 1992, "para contar con el beneficio de su experiencia y peritaje, la Autoridad lo reclutó nuevamente en el año 2000", cuando los beneficios del Sistema de Retiro eran "sustancialmente menores y distintos a los que tenía en 1992".

Sin embargo, la Junta destaca en su certificación que Rivera Lebrón propició "grandes beneficios" a la AEE al corregir procesos que evitaron pérdidas a la corporación, en la que también contribuyó a mejorar sus finanzas. Destacan, además, que logró "el cobro de cientos de miles de dólares de energía servida y no facturada", así como la separación de empleados identificados "haciendo uso indebido de electricidad".

Concluyó la Junta en su certificación que "sin que se menoscaben sus derechos y beneficios, y en reconocimiento a su disponibilidad, sacrificio y trayectoria profesional en la Autoridad", al momento de su jubilación otorgan a Rivera Lebrón "todos los derechos y beneficios que tienen los empleados reclutados con anterioridd al 1 de enero de 1993".

Méndez agregó que el actual presidente de la Junta, Harry Rodríguez, no intervino en la resolución sobre la pensión de Rivera Lebrón. El ingeniero no estuvo disponible para reaccionar a los planteamientos de la Alianza.

Rechazo tajante de Rosario e Irizarry

Rosario e Irizarry manifestaron a este medio en entrevistas telefónicas separadas que se opusieron a la pensión especial para Rivera Lebrón y que el 5 de marzo pasado, cuando el Sistema de Retiro de la AEE procuró una aclaración de la Junta sobre el tema, expresaron que se trataba de un asunto que debería revisarse.

Esa es la posición que mantienen ambos al presente, según explicaron a este medio, aunque en la carta del Sistema del Retiro, la administradora Mariolga Angleró alude a la facultad de la Junta de reconocer "circunstancias especiales" para conceder "una pensión especial", por lo que procedió a facturar a la AEE la cantidad de $34,890 anuales.

Rosario sostuvo que anticipó a la Junta que esa situación "explotaría como cuando hay un tubo tapado" y reafirmó su oposición a la pensión especial.

Irizarry añadió que consignó que se trata de una pensión onerosa y dijo que cuestionó beneficios ofrecidos a Rivera Lebrón cuando regresó de su jubilación diferida por entender que "no era la manera correcta de reclutar a nadie" y porque no representa una adecuada política en el servicio público.

Además de Rosario e Irizarry, este medio supo que hubo reparos de dar esa pensión especial de parte de Edgardo Fábregas y Roberto Volkers, pero la favorecieron el resto de los miembros de la Junta en octubre pasado, Norma Burgos, Andrés Salas Soler, Gabriel Rodríguez y Rubén Hernández Gregorat, exsecretario de Transportación y Obras Públicas, miembro ex officio de la entidad.

Escandalosa trayectoría

Aunque la mayoría de la Junta elogia en su resolución a Rivera Lebrón, la Alianza le atribuyó al exfuncionario la firma de los polémicos documentos que exoneraron al ingeniero José Pérez Canabal, tras denuncias de conflictos de interés en el organismo rector de la AEE, el cual tuvo que abandonar en medio de serios cuestionamientos públicos.

Además, Evans Castro, presidente de la UEPI, señaló que también Rivera Lebrón fue el autor de documentos que justificaron el pago original de la pensión que se le aprobó a Josué Colón, revocada después también "ante la presión pública".

La Resolución 3964 cuestionada por la Alianza tiene disposiciones que "no cumplen un fin público" y se trata de "un donativo" insostenible, insistieron sus portavoces y el asesor legal del grupo, Daniel Garabito.

Ernesto Santiago Pérez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE y otro de los directivos de la Alianza, lamentó que estas situaciones de privilegios persistan en la corporación, pero se ignoran los reclamos de trabajadores y abonados.

"Mientras se le niega un aumento de sueldo a los empleados y se le niega bajar las tarifas a los abonados, miren las cosas que están pasando", comentó Santiago Pérez.

La denuncia de la Alianza, de la que forma parte también la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, presidida por Herminio Cardona, culminó con un reclamo para que cese "toda intervención indebida en el sistema de retiro (de la entidad) para evitar que se pueda menoscabar la estabilidad, credibilidad, solvencia y continuidad del mismo".

Sin embargo, reconocieron que por el momento la situación relacionada con Rivera Lebrón no perjudica directamente del Sistema de Retiro, pero "compromete, de forma recurrente, las finanzas de la AEE".

Al preguntarse si han identificado otras irregularidades en concesiones de pensiones recientes, los líderes de la Alianza señalaron que están indagando al respecto para detectar resoluciones improcedentes con regalías de privilegios indebidos.

Por otro lado, cuestionaron que asuntos importantes en la Junta se sigan resolviendo mediante consultas telefónicas a sus miembros, como ocurrió con los privilegios revertidos a Josué Colón. Indicaron que por eso se justifica que se hagan públicas todas las actas de las reuniones de ese organismo.