El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) comenzó el proceso para multar a cuatro mayoristas de gasolina como parte de un proceso de investigación que inició para analizar el precio y la calidad del combustible que se vende en la Isla.

Según anunció este jueves el secretario del DACO, Edan Rivera, esta fue solo una de las varias acciones que han tomado tras concluir dos informes sobre los aspectos investigados.

En comunicado de prensa, Héctor Román Maldonado, de la División de Estudios Económicos del DACO, detalló que American Petroleum y Cabo Rojo Gas & Oil no cumplieron con lo dispuesto en la Orden 2021-022, por lo que cual se refirió a ambas empresas al proceso de imposición de multas.

Según detalló el economista, “la primera compañía no sometió documentación alguna, mientras que la segunda sometió información incompleta, y para una fecha distinta a la que se le ordenó”.

Además, se refirió para multas a Toral Petroleum y a Bita’s Fuel.

Román Maldonado explicó que, tras evaluar la información sometida por las empresas, identificó que estas dos de las nueve empresas mayoristas que hay en la Isla pudieran estar incumpliendo con disposiciones de la Ley 127-2020.

“Esta legislación propone que en las estaciones de gasolina se notifique adecuadamente el contenido de aditivos que posee la gasolina y que sea una decisión informada del consumidor el determinar si utiliza esa gasolina o no en sus vehículos”, según dice la exposición de motivos de la regulación.

Estas cuatro multas surgen como parte de la pesquisa que se realizó para evaluar la calidad de la gasolina.

En lo que respecta al a la evaluación del monitoreo de precios, se informó que hubo dos días de septiembre de 2021 en que los precios del mercado de referencia experimentaron una baja importante que no se reflejó en igual medida a nivel local.

Según explicó Román Maldonado, “se trató de un comportamiento atípico que, en lo que va del año, no se ha repetido ni antes ni luego de esos dos únicos días”.

Por su parte, el secretario del DACO dijo que “es importante aclarar que, desde hace más de tres décadas, en Puerto Rico no existe una fijación de precios de gasolina, por lo que el sistema a nivel local se comporta de acuerdo al modelo de oferta y demanda, el mismo que aplica en la mayoría de las jurisdicciones”.

Añadió que, “aunque, al momento, no existe una obligación de actuar en sintonía con los mercados de referencia, ese ha sido el argumento más sólido para que el gobierno no intervenga con los criterios de la libre competencia. Una ruptura con el modo en que ha venido funcionando la industria pudiera justificar otro tipo de regulación”.

Tras estas evaluaciones, se plantearon varias recomendaciones para desalentar que en Puerto Rico se materialice el efecto de “pluma y cohete”, el cual hace referencia a la forma pausada en la que las bajadas de los precios de los índices de referencia se incorporan al precio de los combustibles, mientras que las alzas se incorporan de modo inmediata.

Las recomendaciones incluyen expandir el alcance del monitoreo, e incorporar enmiendas inmediatas a la reglamentación vigente. Específicamente, se propone que tales disposiciones apliquen también al gas licuado. Además, se plantea reactivar el Comité Intergencial sobre la industria de la gasolina, conformado por el Negociado de Energía, y los Departamentos de Justicia, Desarrollo Económico y DACO, además del Negociado de Transporte, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos.