El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió este viernes una orden que detendrá por un año la emisión de multas a los comerciantes que no cumplan con la ley que prohíbe el plástico de un solo uso.

La Orden Administrativa 2025-008 la emitió la secretaria, Valerie Rodríguez Erazo, para extender hasta el 30 de junio de 2026 el periodo de orientación y adaptación para los comercios. Durante este próximo año, no se impondrán multas de entre $500 a $5,000 por incumplimiento de las disposiciones de dicha Ley 51 “para Prohibir el Expendio y Utilización de Plásticos de un Solo Uso en Todo Local Comercial, de Venta y Distribución Autorizada a Realizar Negocios Conforme a las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Rodríguez Erazo explicó, en comunicado de prensa, que la decisión de retrasar del 1 de julio de este año al 30 de junio de 2026 la emisión de multas responde a la necesidad de continuar educando al consumidor y al comerciante ante las interrogantes que aún persisten sobre su aplicación efectiva.

“Emitimos esta Orden con el objetivo de ser proactivos y brindar certeza al sector comercial, en lo que se aclaran aspectos clave de la ley. A la misma vez, nos mantenemos atentos a los desarrollos legislativos que inciden sobre esta materia”, expresó la secretaria.

La determinación del DACO se hace pública justo un día después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley que detendría la imposición de multas hasta el 31 de diciembre de 2026.

La titular comentó que observa con atención la aprobación reciente del Proyecto de la Cámara 277, aprobado por la Cámara y ahora está siendo considerado por el Senado.

“Reconocemos que de ser convertido en ley, este proyecto podría requerir ajustes adicionales en la política pública y en la aplicación de la Orden Administrativa emitida. DACO reitera que está preparado para adaptar sus acciones conforme a lo que finalmente se apruebe y se convierta en ley”, dijo.

La funcionaria también expuso que “la responsabilidad de DACO es proteger al consumidor sin generar incertidumbre en los mercados. Esta moratoria responde a ese equilibrio, en lo que se aclara el marco normativo que regirá esta importante transición ambiental en Puerto Rico”.