El director de la Oficina de Incentivos para Negocios de Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos Fontán Meléndez, dijo hoy que la agencia no ha realizado ninguna auditoría sobre las leyes 20 y 22 de 2012, desde que ambos estatutos entraron en vigor.

“Ya nosotros comenzamos con el proceso de auditoría y esperamos que para finales de este año en diciembre tengamos completado parte del proceso. Luego comenzaremos con la Ley 20″, expresó Fontán Meléndez en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas-Público y Energía que preside el representante Luis Raúl Torres Cruz.

La Ley 20 se relaciona con la exportación de servicios y la Ley 22, con el traslado de inversionistas a la Isla.

La comisión legislativa, al amparo de la Resolución de la Cámara 296, evalúa los resultados de la implementación de la Ley 22 para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, el cumplimiento de sus objetivos, la cantidad de empleos creados en Puerto Rico, la inversión realizada por el Estado, los beneficios producidos al fisco y determinar además, si el estatuto debe continuar vigente o debe derogarse.

Fontán Meléndez indicó que de los 3,311 decretos aprobados bajo la Ley 22, la entidad gubernamental comenzó el proceso de investigación con un 20% de los decretos. Según surgió de la vista, de 2,500 personas beneficiadas, serán 454 los individuos que serán examinados por el momento.

“Actualmente, la agencia ya no está aceptando ninguna nueva solicitud sobre la ley. La última fue recibida el 31 diciembre de 2019. Ya no se están dando decretos, esta ley cumplió su vida y ahora se está trabajando con lo que había ya establecido. Quien maneja los nuevos casos es la ley 60 del Código de Incentivos”, sostuvo.

Fontán Meléndez informó que el proceso de auditoría estaría siendo realizado por una firma de consultoría legal llamada Escobar.

“Me preocupa eso de que una vez auditado el 20% se vaya a brincar a la Ley 20 sin seguir dándole un seguimiento continuo a los otros decretos. Por lo general, cuando se hace un proceso como este, cuando se comprueba un por ciento, se debe evaluar los resultados y determinar cuáles y dónde están las fallas para que cuando se comience con el próximo grupo saber dónde se falló y tratar de detectar un patrón”, cuestionó el representante Jesús Santa Rodríguez.

“No podemos permitir que Puerto Rico se convierta en un país donde estas personas vengan y hagan lo que quieran. Por eso, investigamos y exigimos que el DDEC haga los trámites correspondientes para que se cumpla adecuadamente con cada proceso”, expresó, por su parte, el representante Torres Cruz.

Fontán Meléndez confirmó que actualmente no existe un desglose de las propiedades compradas por los inversionistas y sobre los 4,400 empleos generados por los negocios de los inversionistas, la agencia dijo que no tiene manera de corroborar donde está ubicado cada empleo creado.

El director de la Oficina de Asesoramiento Legal del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, defendió la Ley 22 y dijo que no debe ser derogada.

“Según los estudios del 2019 y 2021 coinciden que la ley ha tenido un impacto positivo. Además, de ser derogada crearía una sensación de inestabilidad y un estado de incertidumbre que afectaría la percepción de Puerto Rico a nivel nacional y mundial. Todo esto puede ser contraproducente para la Isla”, dijo Ríos Pierluisi.

Surgió de la vista que la mayoría de los individuos acogidos a la ley residen en San Juan y Dorado representando un 50 y 10 por ciento respectivamente. Otros pueblos envueltos son: Humacao, Río Grande, Carolina, Guaynabo, Rincón, Aguadilla, Cabo Rojo y Vega Alta. De igual forma, un 35% de estas personas tienen algún tipo de operaciones de negocios en la Isla.

El 68% de las personas con decreto ha comprado una propiedad en Puerto Rico y han adquirido $1.3 billones en bienes raíces.

El DDEC espera que para el 2029 existan un total de 6,392 decretos y desde el 2012 hasta el presente han revocado 29.

Un estudio preparado para el DDEC por el economista José Caraballo Cueto reconoció que el impacto de la medida para Puerto Rico ha sido moderado y que hay que investigar y fiscalizar el alcance que está teniendo la medida, pero recomendó que la Ley 22 no se debe derogar.

“Esta ley yo estoy seguro de que no podrá ser eliminada porque dudo que aquí estén los votos y en caso de aprobarse, el Gobernador que está en Fortaleza dudo que vaya a firmarla. Por eso, buscamos corregirla para que no siga habiendo escapatorias innecesarias y que se cumpla su verdadera intención que es atraer nuevo capital a Puerto Rico, cosa que actualmente no vemos”, sostuvo Torres Cruz.

El secretario del DDEC, Manuel Cidre, estaba citado a la vista pública, pero no compareció.

“La primera persona que debería estar aquí defendiendo algún atributo que tenga esta ley o beneficio que le haya otorgado a Puerto Rico es Cidre. Se les notificó con tiempo y es lamentable que tengamos que estar llamando la atención a las agencias por estas cosas”, reclamó el representante popular.