La posibilidad de que otros funcionarios, además de un fiscal, tengan la capacidad de ordenar el levantamiento de un cadáver cuando se determine que se trata de una “muerte natural” es debatida en el Senado, ante la “percepción” de que los fiscales toman mucho tiempo en llegar al lugar.

El superintendente de la Policía, José E. Figueroa Sancha, apoyó la idea pero recomendó que sea un oficial de la rama investigativa de la Policía, de rango más alto que capitán, quien pueda dar la orden una vez se complete la investigación criminal.

El debate lo produce una resolución que ordena investigar el desempeño de los fiscales en estos casos. La medida sugiere que sean los investigadores forenses los que tengan ese poder, aunque no se trata de un proyecto de ley.

“Esto lo presentamos como una posible alternativa ante lo pretendido”, dijo Figueroa Sancha en ponencia escrita.

La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte, afirmó que un médico forense está capacitado para certificar una muerte y tomar esa decisión. Señaló que la agencia confronta problemas porque los médicos generalistas se niegan a certificar muertes naturales en las residencias e, incluso, hasta en los mismos hospitales. “Si no va el médico forense, ese cadáver iría al Instituto, porque no habría ningún médico, probablemente, que certificaría”, dijo.

Indicó que los oficiales del ICF responden en la mayoría de los casos en menos de una hora. “Se han hecho unos acuerdos con el Departamento de Justicia para agilizar el manejo de ciertos casos, sobre todo las muertes naturales, donde el Instituto está enviando un médico forense para que certifique el deceso en la escena, sin necesidad de traer el cadáver al ICF”, explicó Conte.

El secretario de Justicia, Antonio M. Sagardía, negó que exista la alegada tardanza de los fiscales y enumeró medidas adoptadas para acelerar estos procesos.