La Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ordenó el viernes la activación de la Guardia Nacional para brindar apoyo al gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas, tras declarar un estado de emergencia en el uso del agua, debido a la disminución de los niveles de los principales embalses debido a la sequía.

Específicamente y según la orden ejecutiva (una de dos emitidas hoy), se le ordena a la Guardia Nacional tomar parte en las operaciones que le sean encomendadas, tales como el acarreo, transporte, almacenamiento y distribución de agua potable; la instalación, operación y mantenimiento de sistemas móviles de purificación y potabilización de agua; la distribución de suministros y equipos relacionados con el abastecimiento de agua; el establecimiento y operación de centros temporeros de distribución de agua; el transporte de personal, equipos, materiales y suministros necesarios para atender la emergencia y el apoyo el apoyo mediante recursos terrestres, aéreos o de otra naturaleza para garantizar el acceso al agua potable en las comunidades afectadas, entre otras.

Cabe destacar que la Guardia Nacional ya se encontraba activa desde el pasado 7 de junio, cuando se firmó la orden ejecutiva 2026-032, y al día de hoy han distribuido 505,000 galones de agua, como parte de la misión Clear Source, en la que participan un total de 30 efectivos, seis camiones Load Handling System (LHS) y seis Hippo Water Tank Rack Systems (HIPPO).

De otra parte, la orden ejecutiva que declara el estado de emergencia establece que las agencias públicas “deberán identificar y gestionar la disponibilidad de fondos estatales y federales que puedan utilizarse para atender la emergencia e implantar las medidas necesarias para mitigar sus efectos”.

Entre otras cosas, “se autoriza a cualquier agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico a realizar las gestiones necesarias para la adquisición, arrendamiento, instalación, distribución y utilización de cisternas, tanques, depósitos y cualquier otro equipo destinado al almacenamiento, distribución o suplido de agua potable o no potable que resulte necesario para atender la emergencia declarada”. Además activa la Ley número 73 del 19 de julio de 2019 para que las agencias de gobierno e instrumentalidades públicas puedan realizar compras y contrataciones de emergencia.

De otra parte, se le ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitir una orden administrativa de congelación de precios respecto de los productos, materiales, equipos, suministros y servicios de primera necesidad necesarios para atender la emergencia declarada y a “realizar las labores de inspección, fiscalización y cumplimiento que sean necesarias”.

Por último, se le ordena a las agencias de gobierno e instrumentalidades públicas a dar “prioridad al uso de agua potable para el consumo de la ciudadanía y la prestación de servicios esenciales. Asimismo, se autoriza el uso de agua no potable, siempre que ello sea técnica y operacionalmente viable y no represente un riesgo para la salud o la seguridad pública”.