Xavier González, uno de los empleados de la Cámara de Representantes que se declaró culpable por su participación en el esquema de corrupción orquestado por el exrecaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, enfrenta una demanda en su capacidad oficial por violación de derechos civiles.

Esa demanda está en proceso de negociación y es posible que se logre un acuerdo.

Ramón Rosario, miembro del comité de transición del gobierno entrante, pidió que no se tome una decisión sin que la nueva administración lo pueda evaluar.

El secretario de Justicia César Miranda, explicó que toda persona demanda en su carácter oficial debe ser representada por el Departamento de Justicia, pero rechazó que esta demanda en particular se transe con fondos públicos.

“La información del comité de transición es que están cerca de lograr una negociación. Nuestra petición a nombre de gobierno entrante es que nos dejen evaluar ese tema en particular por lo sensitivo que es y porque el mensaje es que la gente que le falla a los fondos públicos no solo se los representamos con dinero del pueblo, sino que le pagamos los daños por la violación de los derechos civiles”, argumentó “, Rosario durante las vistas de transición.

“Eso no es cierto. Una cosa es representar y otra decir si se paga o no... Aquí no se ha dicho es que se va a pagar… Si hubiera transacción o si alguien se propusiera tendría que llegar a mi consideración. Soy finalmente quien decide si se aceptan o no se aceptan”, ripostó molesto Miranda.

Xavier González era el administrador de la Cámara de Representantes y uno de los que ayudó a que Anaudi Hernández y sus socios lograran un contrato para cambiar el cuadro telefónico en ese cuerpo legislativo, a pesar de que entregaron tarde la propuesta, no tenían la experiencia ni la capacidad y contaron con información privilegiada para finalmente quedarse con el contrato.

Durante las vistas no se detalló quién demandó a González y cuáles eran las bases de esa demanda.

Mientras, Gretchen Camacho, directora de la División de Integridad Pública, indicó que todo lo que trascendió en el juicio por corrupción en el que otros cinco coacusados del esquema fueron declarados culpables por un jurado, está bajo evaluación.

Específicamente Rosario preguntó si habían investigado las actuaciones del exsenador Eder Ortiz, de la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, del asesor de campaña Irving Faccio, del oncólogo y amigo de Anaudi, Roberto Jimenez y del hermano del gobernador  Luis Gerardo García Padilla.