El representante independentista Denis Márquez Lebrón radicó hoy una medida que busca crear una comisión especial para atender y revisar de forma exclusiva las reclamaciones de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que han sido movilizados a otras dependencias del gobierno como parte de la transición al contrato de Luma Energy.

La Resolución Conjunta 157 crearía la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de Movilidad de los Empleados de la AEE y de ser aprobada la medida legislativa, el organismo determinará si procede revocar o confirmar las acciones de movilidad notificadas a los empleados por la Oficina de Administración y Recursos Humanos (OTARH). La comisión especial eximiría a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) de revisar “la avalancha” de estos casos nuevos, dijo Márquez Lebrón.

“Esta comisión especial estaría atendiendo exclusivamente los casos de la AEE. No estaría atendiendo casos tortuosos ante el CASP, donde hay casos que tienen 13 años y hay otros que nunca se han resuelto. Esta medida es para crear una comisión especial que justa y diligentemente atienda las reclamaciones que surjan a los fines de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores de la AEE”, dijo el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en conferencia de prensa en el Capitolio.

Márquez Lebrón estimó que la comisión especial estaría revisando más de dos mil casos de empleados de la AEE que recibieron cartas de traslado a distintas agencias del gobierno.

“La movilidad es un mecanismo que se ha utilizado como castigo porque los empleados no aceptaron ir a LUMA”, sostuvo el legislador, quien calificó el proceso de movilidad de los trabajadores “como una soberana chapucería”.

Dijo que la Ley 20 de 2018 sobre la privatización de la AEE “obligaba un plan de movilidad y no lo hicieron, así como un plan de adiestramientos y eso no existe ni por los centros espiritistas”.

Márquez Lebrón explicó que la comisión que propone para atender los casos de la AEE estaría integrada por tres comisionados y agregó que se podrían contratar examinadores adicionales.

Dijo que actualmente el CASP tiene cerca de 5,500 casos activos sin resolver, situación que se agravaría con las nuevas reclamaciones que surjan de los empleados de la AEE.

Sostuvo que la propia nominada jefa de la OATRH, Zahira Maldonado Molina, reconoció en vistas públicas en el Senado, que la agencia cometió errores en el proceso de movilidad de los empleados de la AEE, producto de direcciones residenciales no actualizadas, empleados enviados a oficinas inexistentes y puestos para los cuales no cumplen con los requisitos.

El legislador describió el proceso de traslado como uno “inhumano e insensible al tratarse de personas que han dedicado su vida a servirle al País y hoy viven momentos de incertidumbre y angustia”.

Ante la premura de la situación, Márquez Lebrón dijo que hoy se comunicaría con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández para que la medida se atienda y sea llevada a votación al hemiciclo cameral. “Lo otro sería darles las espalda a los trabajadores de la Autoridad”, agregó el legislador del PIP.