Las medidas de seguridad que impone el gobierno para frenar el avance del coronavirus en Puerto Rico no pueden, en este momento, incluir una Ley Marcial o puntos de cotejo, según advirtió el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román.

El letrado dijo que, según el Artículo 4 de la Sección IV de la Constitución, la persona que ocupe el cargo de gobernador o gobernadora podrá “proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas”.

En Puerto Rico no hay ni una rebelión ni una invasión, por lo que imponer una Ley Marcial no cumple los requisitos constitucionales, advirtió Román.

“Sería inconstitucional. No cumple con los criterios bajo el ordenamiento constitucional vigente en Puerto Rico en este momento”, sostuvo.

“En este momento, las circunstancias del país no son suficientes para concluir que existe un estado de emergencia, una situación de rebelión, por lo tanto la Ley Marcial no es una opción jurídicamente válida en este momento”, afirmó.

Ayer, en una entrevista radial con WKAQ-580, la gobernadora dijo que “yo no quiero llegar a una Ley Marcial”, esto por las infracciones que veía a la Orden Ejecutiva de toque de queda y restricción al comercio.

La Policía ha intervenido con cientos de personas por violaciones a la Orden Ejecutiva contra el coronavirus, enfermedad que ha matado a sobre 6,000 personas en el mundo. Ya en Puerto Rico hay cinco personas que han dado positivo a la enfermedad y decenas de casos sospechosos.

Román resaltó que “la Orden Ejecutiva que ella adoptó contaba con facultades extraordinarias que son muy propias de una Ley Marcial”, pero destacó que del propio Tribunal Supremo ya se cuestiona si se trata de una directriz constitucionalmente válida.

El presidente del Colegio explicó que en la reciente expresión del alto foro judicial de Puerto Rico, en la que se notificaba una extensión de términos, el juez asociado Rafael L. Martínez Torres dijo que apoyaba la extensión, pero “no obstante esto no significa mi anuencia a una orden ejecutiva imprecisa que puede adolecer de problemas constitucionales de ambigüedad y sobreextensión”.

La Ley Marcial requiere aprobación de la Asamblea Legislativa.

Román dijo que una Ley Marcial implica suspender derechos constitucionales y lanzar a la Guardia Nacional para patrullar las calles.

Asimismo, sobre los supuestos bloqueos de la Uniformada en aras de hacer cumplir la Orden Ejecutiva, desmentido hoy temprano por Henry Escalera, comisionado de la Policía, Román dijo que se trata de un mecanismo ilegal porque se requiere para detener a una persona bajo la sospecha de que haya cometido un delito, y que una persona transitando en la carretera en aparente contravención de la Orden Ejecutiva no da razón para detenerlo de forma válida.

“Entre 5:00 a.m y 9:00 p.m. hay cantidad de personas que están en la calle para comprar cosas esenciales, porque van al médico, porque van a trabajos en labores esenciales. No vas a parar a todo el mundo”, dijo.

Román dijo que el Colegio de Abogados entiende la importancia de controlar la propagación del virus, pero que si vamos a “tomar decisiones que afecten derechos civiles, debes hacerlo bien, y habíamos visto que la orden tenía problemas”.

“Además no debemos pasar por alto que ha sido responsabilidad de las autoridades la entrada de los cruceros, no atender el asunto de los controles en el aeropuerto, el retrasar las pruebas diagnósticas, como se permitió, y el menospreciar la severidad de este virus, haciendo referencia a que no existían vuelos directos a China. Estamos aquí por ese mal manejo, y ahora le toca a la ciudadanía hacer bien lo que en el gobierno no se hizo bien", afirmó Román.