Portavoces del sector estudiantil y docente de la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) emplazaron a la Oficina de Transformación Institucional (OTI), entidad adscrita a la Junta de Gobierno, a tener mayor apertura con la comunidad sobre el impacto que ha generado el Plan Piloto de Recursos Compartidos.

Delvin Caraballo Rodríguez, representante estudiantil de la UPR - Recinto de Río Piedras, denunció a Primera Hora que, por varios meses, líderes de la comunidad universitaria han sostenido reuniones con la Junta de Gobierno y OTI para solicitar dicha información sobre la implementación del proyecto que fue elaborado por la compañía BluHaus Capital, LLC.

Dicho plan, que se aprobó en diciembre de 2021, tiene como el fin de que los recintos y unidades logren compartir tareas y operaciones para así alcanzar eficiencias administrativas como parte de un proceso de transformación fiscal.

No obstante, el portavoz indicó que los encuentros han sido infructuosos dado que la OTI no ha comparecido a hacer la información disponible.

“Hay una certificación que indica que el plan entró en efecto desde enero de 2022, sin embargo, a pesar que sabemos que la primera fase se está dando en Utuado, Arecibo y Aguadilla, no tenemos evidencia alguna sobre los efectos positivos y negativos del plan”, sostuvo.

“Si no sabemos lo que está sucediendo con el plan piloto, realmente no podremos saber cómo este está afectando a nuestra comunidad”, agregó.

La preocupación de la comunidad universitaria se levanta en momentos donde se sigue bajo incertidumbre el presupuesto de la UPR en el próximo año fiscal.

El gobernador Pedro Pierluisi había anunciado a mediados de marzo que la asignación que realizó en el presupuesto de Fondos Generales de más de $12,500 millones incluía una partida de unos $620 millones para la UPR. Esto incluía la asignación base de $500 millones, $51 millones para el Fondo de Becas establecido el pasado año, $59 millones de asignaciones especiales, y una reserva de $10 millones para garantizar los fondos necesarios para proteger la acreditación del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.

No obstante, la Junta manifestó en abril que el presupuesto propuesto por el Gobierno de Puerto para el año fiscal 2022-2023 inclumplía incumplía con las disposiciones de la Ley PROMESA y se excedía por unos $100 millones de los objetivos fijados.

En la tarde del miércoles, Pierluisi solicitó a miembros de la Asamblea Legislativa realizar un “frente común” contra el ente financiero para evitar el recorte que propone en su plan fiscal.

En un comunicado de prensa, miembros de la Junta Universitaria adelantaron que el Plan Piloto de Servicios Compartidos ha sido mencionado recientemente por la JSF, dado que requiere su implantación como requisito para aprobar $20 millones adicionales al siguiente presupuesto de la UPR.

“Nuevamente, la Junta de Gobierno está implementando un plan que afecta el futuro de la universidad a espalda del cuerpo de mayor representatividad de la comunidad universitaria que es la Junta Universitaria, según establecido por la Ley de la Universidad de Puerto Rico. Esta situación recalca la importancia de aprobar una nueva ley universitaria que evite estos comportamientos arbitrarios”, lee el comunicado.

Igualmente, Caraballo Rodríguez mostró desconfianza contra la OTI dado que, según él, esta oficina fue quien estuvo detrás de una situación que trascendió en febrero de este año donde el comité evaluador del Recinto de Ciencias Médicas, junto a la expresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Mayda Velasco Bonilla, incurrieron en gastos que pasaron sobre los $60,000 para dos reuniones ejecutivas que se efectuaron en el Hotel Verdanza.