El candidato popular a la Cámara de Representantes por el Distrito 26, Orlando José Aponte Rosario, indicó que presentará un querella contra el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, por este presuntamente haber participado en un programa radial político-partidista del representante Urayoán Hernández.

Según Aponte Rosario, la Ley Número 178 de 21 de diciembre de 2001, según enmendada, establece las normas de limitación de la participación de ciertos funcionarios públicos en actividades políticas, incluyendo al secretario de Hacienda.

“El secretario de Hacienda y el representante Hernández acaban de cometer una clara violación de ley al permitir la participación en un programa de radio político de un jefe de agencia que tiene prohibido por ley inmiscuirse en actividades políticas. Esta acción tiene que costarle el puesto a Pares y una sanción ética al representante. Utilizar un estado de emergencia para sacar provecho político es una falta de respeto de parte de Urayoan Hernández y una indiscreción imperdonable del Secretario de Hacienda”, manifestó el abogado.

Esta ley, define una actividad política como una donde una o más personas promuevan una determinada candidatura o partido político, incluyendo pero sin limitarse a reuniones, tertulias, discursos, o cualquier actividad similar, las cuales sean organizadas, financiadas o respaldadas por partidos políticos, candidatos, funcionarios electos durante su incumbencia o y que tenga contenido político partidista.

El señalamiento surge tras la participación del Secretario de Hacienda Francisco Parés en el programa de radio de una emisora donde Urayoán Hernández mantiene un espacio para adelantar su candidatura. El Representante estuvo anunciando la participación del Secretario de Hacienda en su programa radial Urayoán 2020 y a través de sus páginas de campaña política en las redes sociales.

La mencionada Ley prohíbe a los secretarios del Departamento de Educación, Justicia, Hacienda y al Superintendente de la Policía participar en actividades Político-Partidistas. El funcionario que participe en una reunión, tertulia, programa o actividad similar donde se promueva determinada candidatura de un político y que sea financiada por funcionarios electos durante su incumbencia, se expone a ser sancionado con una multa no menor de $1,000 ni mayor de $5,000, a discreción del Tribunal, y se expondrá a las medidas disciplinarias de carácter administrativas incluyendo la amonestación, suspensión o destitución del cargo.