La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) con su Local Sindical denunció este martes que entre las 405 escuelas que el Departamento de Educación ha certificado como aptas para el reinicio de clases, hay planteles que todavía no cuentan con alguno de los servicios básicos, a pesar de que el secretario Eliezer Ramos Parés ha dicho que todas cumplen con los criterios de energía eléctrica, agua potable y acceso libre de escombros.

Educación ha anunciado el regreso paulatino a clases presenciales luego del impacto del huracán Fiona sobre la isla. La reapertura más reciente ocurrió hoy, con 172 planteles adicionales cuyo reinicio fue anunciado el pasado lunes. Del total de 405, la Asociación indicó que ha pasado revista de 305 escuelas que aparecen como aptas para abrir en la lista de Educación, pero que tienen deficiencias.

Según la Asociación y su Local Sindical, unos 231 planteles presentaban problemas debido a falta de energía eléctrica, inundaciones, o árboles caídos, entre otros aspectos. De igual modo, plantearon que 109 escuelas no contaban con una cisterna y si tenían, no estaba funcionando, al tiempo que 160 escuelas no tenían un generador de electricidad o si lo tenían, no funcionaba en caso de interrupción del servicio.

“Queremos que las escuelas estén abiertas, no estamos para obstaculizar el proceso ni de regreso a clases ni de que se continúen los procesos educativos y para mí eso es sumamente importante. Lo que sucede es que nosotros queremos que las escuelas estén en las condiciones que se supone que estén desde hace mucho tiempo”, subrayó Melissa Padilla Ponce De León, secretaria de Actas y Finanzas de la AMPR-LS, al sostener que la petición del magisterio es llegar a trabajar en espacios adecuados.

“Yo no puedo ir a dar clases en una escuela que no tenga energía eléctrica, como he estado a veces en un salón a 112 grados (Fahrenheit) con 25 niños y sin un abanico, porque todos los directivos del Departamento de Educación felizmente sentados en una oficina con acondicionador de aire”, señaló.

También se señaló que hay directores regionales y escolares convocando a maestros en escuelas no incluidas todavía en las listas de Educación para su reapertura. Mencionaron, por ejemplo, que la escuela Wilfredo Lafuente en Maunabo seguía funcionando como refugio, pero “su directora insisitía en que el personal se presentara hoy [martes] en horario de 8:00 a 3:00″.

Por su parte, Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación, describió el proceso impulsado por Educación como uno “atropellado”, no solo por las deficiencias que aseguran han identificado en decenas de planteles, sino por la manera como los maestros han sido convocados a las escuelas, en horas fuera de sus horarios laborables, tan tardías como las 10:45 de la noche para presentarse al siguiente día, sin tomar en cuenta las situaciones personas que los docentes también enfrentan debido al impacto de Fiona.

Tales acciones son contrarias al convenio colectivo entre el magisterio y Educación, denunciaron la Asociación y su Local Sindical, razón por la cual se querellaron ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

“Ellos emiten una notificación de que se ha presentado un cargo de práctica ilícita y pide la posición nuestra y del Departamento de Educación y entonces determinan si emiten la querella”, explicó a este medio la licenciada Melissa López, representante legal de la Asociación. De emitir las querellas, la CASP puede requerir a Educación ejecutar medidas correctivas e imponerle multas.

Educación no había reaccionado a estos señalamientos al cierre de esta edición.

La denuncia ante la CASP precisa que Educación emitió varias comunicaciones oficiales los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre, fuera de horario laboral y en horas de la noche, convocando a docentes al día siguiente. La secretaria de Actas y Finanzas de la AMPR-LS, Melissa Padilla Ponce De León, hizo un llamado al secretario de Educación y a su personal a que “dejen la atropellada y mala práctica de enviar comunicaciones a los maestros durante horas de la noche”.

“Sabemos que hay una emergencia y que el personal del DE está trabajando hasta tarde, pero hay que tener empatía con los compañeros maestros quienes deben hacer ajustes a última hora, gracias a la mala planificación de la agencia. Lo hemos señalado muchas veces y lo siguen haciendo sin importarles las situaciones personales de nosotros los docentes”, subrayó.

Padilla añadió que también hay directores escolares están informando que los planteles tienen agua y energía eléctrica, pero que en realidad están funcionando con cisternas o generadores eléctricos.

La AMPR con su Local Sindical relató que el pasado miércoles, 14 de septiembre, le expusieron al secretario de Educación que la escasez de personal en la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y en la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) estaba impidiendo que las escuelas estuvieran en óptimas condiciones en medio del pico de la temporada de huracanes. Ahora, tras el paso de Fiona, aseguraron que la situación se ha agravado, en especial en las escuelas del sur.

“Le estamos exigiendo al secretario y al gobernador que activen a la Guardia Nacional para que sus brigadas colaboren en la reparación de las escuelas y se agilicen los procesos para que nuestros planteles, de una vez y por todas, estén en óptimas condiciones”, afirmó Ángel Javier Pérez Hernández, secretario general de la AMPR- Local Sindical.

“Que ponga la acción donde puso la palabra cuando declaró un estado de emergencia para atender el acondicionamiento y la reparación de las escuelas del sistema público en Puerto Rico, el pasado 16 de febrero de 2021. Pedimos que se cumpla con lo expuesto en esa Orden Ejecutiva, y citamos: la utilización de un proceso expedito y de emergencia para realizar las compras necesarias y para contratar y administrar los trabajos que hagan falta para acondicionar las escuelas que irán abriendo”, afirmó, dirigiéndose al gobernador Pedro Pierluisi.

De igual modo, solicitaron que los trabajos se realicen durante los fines de semana o en días feriados para evitar la interrupción de clases, “y que de paso se haga público un informe de rendición de cuentas en el que se presenten los resultados de esta orden”.