Los cambios anunciados en torno al diseño y medición de los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) son una estrategia para ocultar otras decisiones tomadas por el secretario de Educación, Rafael Román, en relación con las mismas, opinó este la organización magisterial Educamos.

La portavoz de Educamos, Eva Ayala Reyes, denunció en declaraciones escritas que el Departamento de Educación (DE) pretende eliminar el 35% de los estudiantes del programa de Educación Especial y eliminar la materia de estudios sociales en los primeros grados.

También advirtió que las organizaciones escolares saldrán desde el nivel central.

“Ya la decisión sobre el cierre de cientos de escuelas, la eliminación de miles de plazas, la eliminación mecánica de sobre una tercera parte de la matrícula de Educación Especial, la eliminación de los estudios sociales de kinder a tercer grado y la eliminación de la participación de las escuelas en el proceso de organización escolar se están poniendo en práctica y comenzarán a afectar la ya precaria estabilidad de nuestro sistema educativo”, aseguró Ayala Reyes.

Asimismo, indicó que el documento utilizado para la evaluación del magisterio ya está hecho.

El mismo, dijo, se está utilizando en 223 escuelas e incluye la utilización de las PPAA para evaluar a los maestros y maestras, lo cual violenta la Ley Orgánica del Departamento de Educación (Ley 149).

“Ahora mismo los facilitadores llegan en grupo a la escuela, se meten todo el día en el salón, ven clases, interrogan a estudiantes a espaldas del maestro o maestra y obligan al maestro a llenar un cuestionario plagado de subjetivismos y alusiones a las PPAA”, expuso.

Por otra lado, indicó que la eliminación de la clases de estudios sociales de kinder a tercer grado “atenta contra nuestra identidad como pueblo al echar el estudio de nuestra historia al zafacón del olvido” y fomenta el desarrollo de individuos desvinculados de la realidad sociocultural de Puerto Rico.

A la vez, subrayó, dicha acción promueve la eliminación de plazas y recursos en el DE.

Sobre el desmantelamiento parcial del Programa de Educación Especial, recordó que el secretario de Justicia, César Miranda, indicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 35.2% de los estudiantes debe ser sacados del mismo por estar mal ubicados.

“Eso, además de ponernos en ridículo internacionalmente, constituye un estentóreo disparate pedagógico de parte de un Gobierno que hace cualquier cosa con tal de desmerecer e ignorar las necesidades educativas de nuestros estudiantes”, sostuvo la educadora.

Sobre el nuevo modelo de administración de las PPAA que mide el desempeño de los estudiantes por subgrupos, aseguró que hace tiempo se hace de esa manera.

“La diferenciación de estudiantes en subgrupos por género, origen étnico, estatus migratorio, estudiantes con impedimentos, bajo el nivel de pobreza, sobre el nivel de pobreza y con limitaciones en el idioma español existe en el DE desde hace mucho tiempo. El señor secretario de Educación no trae nada nuevo sobre este particular”, mencionó.

“El DE siempre ha dicho que las PPAA se utilizarían para atender las necesidades individuales por estudiante. Precisamente, esa es la justificación que han utilizado hasta el momento para seleccionar al estudiantado que participa de las tutorías y los compañeros o compañeras que participarían de los talleres y del llamado ‘coaching’, para ponerle el sello del fracaso a cada alumno y ubicar las escuelas en supuestos planes de mejoramiento”, añadió.

Afirmó que contratar empresas privadas para atender las deficiencias académicas ha fracasado cada año, a pesar del costo millonario de dichos contratos.

“Después de más de una década en que le hemos venido diciendo una y otra vez que la compañía Pearson es un negocio para llevarse el presupuesto del DE, ahora vienen a decir que todavía siguen preparando, corrigiendo, tabulando las PPAA y subcontratando remedios para salir de las fallas que ellos mismos han creado hasta que se les venza el contrato. Después de más de $1,000 millones transferidos a los mercaderes de la educación, todavía siguen contratados sin que nadie fije responsabilidades y exija la reposición de esos fondos”, cuestionó Ayala Reyes.

Dijo que en otros países se administran pruebas estandarizadas con un contexto educativo diferente y un proceso que no fomenta el beneficio a empresarios por medio de contratos millonarios ni etiqueta a estudiantes, maestros y escuelas con el sello de fracaso.

“Ni tampoco tiene el propósito de ahorrarse sobre $150 millones para dárselos a los bonistas, como es el caso del actual gobierno”, agregó la maestra.

Con estos señalamientos Ayala Reyes exhortó a las comunidades escolares a unirse para frenar los planes de la actual administración en educación pública.