Entre agosto de 2012 a mayo de 2021 fueron cerradas unas 638 escuelas públicas en Puerto Rico, reconoció hoy el Departamento de Educación (DE), en una vista pública ante la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado.

El secretario auxiliar de Asuntos Legales del DE, Félix Ángel Pérez Rivera, detalló que Mayagüez es la región con más escuelas cerradas, con una cantidad de 113.

A preguntas de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, Pérez Rivera dijo que actualmente hay unos 867 planteles escolares abiertos en la isla.

Otro dato que se resaltó durante la vista fue que la matrícula proyectada para los próximos cuatro años refleja una disminución adicional de un 13.5%. Sin embargo, el Departamento de Educación dijo que no habrá más cierres de escuelas.

En la ponencia, la agencia reclamó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) les requirió la consolidación de varias escuelas “para maximizar el uso de las facilidades y en respuesta a la disminución de la tasa de natalidad”.

La Comisión de Educación, Turismo y Cultura que preside la senadora, Ada García Montes, citó al Departamento de Educación a la vista pública para indagar sobre el estado de las escuelas públicas cerradas entre 2011 y 2021, amparada en la Resolución del Senado 9, que además propone auscultar sobre el destino, uso y administración de los planteles escolares cerrados.

García Montes, senadora del Partido Popular Democrático (PPD) por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, preguntó a los representantes del DE por los criterios que utiliza la agencia para cerrar una escuela. “Los procesos de consolidación de escuelas, es un análisis que siempre se ha hecho. Yo voy a cumplir 25 años en el Departamento de Educación y desde mis orígenes he participado de los procesos. Hacer el análisis es dar en cómo se comporta esa matrícula y cómo corresponde esa matrícula a la infraestructura que se tiene”, le indicó a la legisladora, Yanira I. Raíces Vega, superintendente Regional de Bayamón.

“El factor determinante cuando yo visito las escuelas es que la mayoría de los componentes de la comunidad escolar aseguran, que se llevó a cabo los cierres sin tenerlos en cuenta, que fue de manera arbitraria, que no hubo estudio, que no hubo análisis… Hay unas situaciones y unas realidades que nosotros como Comisión quisiéramos darle conclusión a esta investigación y poder tomar unas determinaciones que nos ayuden a poder hacer una adecuada disposición de estos lugares y proveerle a los niños un lugar adecuado para estudiar”, expresó García Montes.

Durante su turno de preguntas, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP, Migdalia Padilla Alvelo expresó que “en esto es que hay que analizar y tomar decisiones con mucho más cuidado y más detenido, porque cuando llegamos al final vemos que los estudiantes se afectan en este proceso”.

Por otro lado, la senadora García Montes, quiso saber dónde están los planes de trabajo que se hicieron y quiénes formaron parte del comité para poder tener un análisis y justificar el cierre de las escuelas públicas. Raíces Vega respondió que la firma de contabilidad BDO “era la compañía responsable de levantar la documentación”. Mientras, Pérez Rivera añadió que están en el proceso de obtener los documentos que están en archivos inactivos “son unas cuantas cajas y estoy en ese proceso”.

Ante las respuestas de los portavoces del Secretario de Educación, la senadora Santiago Negrón dijo que era importante señalar que uno de los principales ejecutivos de BDO, Fernando Scherrer Caillet, fue acusado de fraude. La legisladora preguntó a los representantes de Educación, si el Departamento ha hecho una auditoria sobre los trabajos producidos por BDO y Pérez Rivera respondió que desconocía.

“No tengo respuesta para esa pregunta”, indicó el Secretario Auxiliar en Asuntos Legales del DE.

En torno al uso de los planteles cerrados, la agencia indicó que “los edificios que en algún momento albergaron escuelas y que fueron cerradas, su titularidad le pertenece al DTOP (Departamento de Transprtación y Obras Públicas) por lo que esta agencia es la que puede explicar el uso y estado de las edificaciones”.

Al concluir la vista pública y ante la falta de información, sobre si el cierre de las escuelas fue saludable en términos fiscales, académicos y comunitarios, la senadora Santiago Negrón expresó que “hoy no se más de los criterios para el cierre de escuelas que lo que sabía antes de entrar a la vista y me preocupa enormemente, que ninguno de ustedes, cuando se cita a una vista específicamente para eso, pueda dar esos números exactos”.

El licenciado Pérez Rivera acordó proveer toda la información solicitada y la Comisión le concedió 14 días para presentar los datos.

“Hemos tenido un cuatrienio trabajando en conjunto con esta resolución, obviamente lo que queremos es poder tomar medidas cautelares para garantizar que las escuelas se están utilizando bien y que no se van a seguir afectando con un nuevo cierre”, sostuvo la senadora Ada García Montes.