Al aceptar públicamente que el Departamento de la Familia desconoce cuántos centros de cuido prolongado de adultos mayores operan sin licencia, la secretaria de esa agencia, Suzanne Roig Fuertes, anunció este martes que han abierto un periodo de amnistía de 90 días para lograr que estos gestionen la autorización del estado para operar sin las consecuencias de las multas.

La controversia de las licencias de estos centros surgió debido a que Familia realiza un censo de adultos mayores en hogares de cuido prolongado. Entonces, el presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), Jonathan Morales Adorno, llamó a que este censo incluya esos centros no licenciados no subvencionados por el Departamento.

En una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, la secretaria no pudo precisar la cantidad de estos centros de cuidado prolongado que están sin licencia. Mencionó que recientemente han recibido ocho querellas, en donde la mayoría estaban “en proceso” de obtener licencias y que otros centros tuvieron que ser cerrados por no contar con la autorización del estado. Pero, no dio cifras específicas.

Lo que manifestó fue que, “precisamente, por estar sin licencias que no sabemos dónde están”.

Para lograr identificar estos centros de cuido prolongado sin licencias para operar, la agencia lanzó la amnistía, “buscando una alternativa que pueda proveer para que todo el mundo esté dentro del marco de la ley”, dijo a funcionaria.

“Estamos abriendo una amnistía para que todos los hogares que se encuentran sin licencia puedan gestionar la misma sin que haya multas o sin que haya situaciones que les puedan perjudicar. La vigencia de esta amnistía inicia el día de hoy y concluye el 17 de noviembre. Son 90 días que van a tener todos estos hogares para poder poner al día su licencia y eso incluye aquellos hogares que están al margen de la ley en este momento. Los hogares elegibles son aquellos que estén operando o que hayan operado en los últimos 36 meses sin estar licenciados, aquellos que se les han vencido en este mismo periodo de tiempo y no han renovado sus licencias, como aquellos que nunca obtuvieron una licencia, pero iniciaron dando servicios y se encuentran dando servicios. De la misma manera, aquellos que brinden servicios de cuido, supervisión, alimentación o alojamiento a personas adultas mayores y que no tengan antecedentes penales por delitos contra adultos mayores o antecedentes administrativos en el departamento por maltrato o negligencia institucional. Ese quedaría excluido”, detalló Roig Fuertes.

La funcionaria precisó que una vez concluya el periodo de amnistía, los hogares que no se licencien serían cerrados por la agencia.

Según explicó, son los familiares de los envejecientes, vecinos de los centros y persona bajo anonimato los que presentan querellas contra estos centros de cuidado prolongado por operar sin licencia.

Para acogerse a la amnistía, los dueños de estos centros deben orientarse y someter su información a la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia. También puede obtener información en las oficinas regionales de la agencia o acceder a una plataforma especializada que tiene la agencia para atender estos centros, surme.familiapr.com.

“La amnistía no va a eximir a ningún establecimiento del cumplimiento de los requisitos de seguridad, salubridad, infraestructura o personal requerido para la atención de adultos mayores, o sea que ellos deben cumplir con todos los requerimientos que ya están preestablecidos en los reglamentos y en las leyes aplicables para obtener la licencia”, dejó claro Roig Fuertes.

Por otro lado, la secretaria manifestó que cuando llegó a la agencia encontró muchos problemas en esta Oficina de Licenciamiento.

“Desde que yo llegué en enero, el área de licenciamiento es una de las áreas que hemos estado atendiendo con prioridad, porque encontramos que había una plataforma que no estaba correctamente alimentada. Por ende, no nos daba una información correcta sobre nuestros hogares de cuido prolongado. Y digo, estos son privados, pero que nosotros licenciamos”, sostuvo.

Señaló que en este proceso de lograr atender los problemas en los centros de cuidado prolongado fue que surgió la necesidad de realizar el censo de adultos mayores.

“Así que el censo nos está ayudando en distintos elementos. El primer elemento es a identificar correctamente y completar la plataforma del Surme, porque se está visitando el hogar, eso nos da un panorama. Ciertamente, el Surme nos provee la ubicación geográfica, verdad, dónde está, que en una emergencia nos ayuda a decir aquí tenemos tantos hogares. De la misma manera, a confirmar cuántas camas. Nos hemos encontrado hogares que quizás están licenciados con seis camas, pero tienen ocho, o están licenciados con ocho y nada más tienen seis. Así que corregir esa información”, explicó.

Añadió que actualizar la plataforma también “les facilita el proceso al proveedor o a la persona que ellos deleguen. También eso nos da una visibilidad de cuántos adultos mayores viven en ese hogar, cuántos están encamados y cuántos tienen mayor autonomía. También nos da la visión de cuántas camas vacías hay, cuántos espacios tenemos disponibles para tener una radiografía de los hogares licenciados por el Departamento de la Familia, de dónde están ubicados”.