Luego de un intenso debate que se extendió por 45 minutos, el Senado derrotó este lunes una medida legislativa que le exigía a los patronos de la empresa privada que, a la hora de notificar un despido, lo hiciera por escrito e incluyendo las causas y motivos que dieron paso a dicha acción.

“Pedimos su apoyo al Proyecto del Senado 1191 que no entendemos porqué ha ocasionado tanta virulencia cuando esto es un proyecto sencillo para que le gente sepa porqué se le despide”, dijo la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Lassén, en un último intento por lograr la aprobación de la medida.

Culminado el debate y tras derrotarse a viva voz la medida, Rivera Lassén solicitó que se dividiera el cuerpo para conocer cómo votó cada legislador. Al reclamó se unió su compañero legislador, Rafael Bernabe. La vicepresidenta del Senado, Marially González, quien fungía como presidenta, no acogió la petición.

“Yo he estado aquí ya tres años y no he visto ni una sola ocasión en la que un senador o senadora solicita que se divida el cuerpo y no se divida. No entiendo por qué razón en este caso no se divide el cuerpo”, cuestionó Bernabe. “Está fuera de orden. La presidencia es la que decide”, respondió González, a lo que Bernabe agregó: “Muchas gracias por apagarme el micrófono señora presidenta”.

Durante el debate, Rivera Lassén señaló que la medida buscaba reforzar la transparencia de estos procesos, promover un ambiente de confianza entre los trabajadores y sus patronos y darle a la parte afectada la oportunidad de prepararse para la futura pérdida de trabajo.

Inicialmente, la medida contemplaba que la notificación se realizara 15 días previos a la fecha de efectividad de la cesantía, pero este lenguaje fue enmendado en sala. “Este proyecto refuerza los derechos de las personas empleadas sin imponerle cargas onerosas a los patronos”, argumentó la legisladora del MVC.

Sus palabras, sin embargo, no tuvieron resonancia entre los compañeros legisladores. En oposición a la medida se expresó el presidente del Senado, José Luis Dalmau; la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve; y el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz. Este último dejó para récord que toda la delegación de la Palma votaría en contra de la pieza legislativa.

Rodríguez Veve describió la medida como una “desequilibrada” y aseguró que complicaba el panorama de hacer negocio en el país. “Esto lo que implicaría es que ese pequeño comerciante, el dueño del food truck o el dueño de la panadería, tenga contratado un abogado y un personal de recursos humanos que pueda ejecutar lo que este proyecto obliga a hacer”, expuso.

“Esta medida a quién beneficia es a los llamados grandes intereses”, argumentó la senadora de Proyecto Dignidad.

Rivera Schatz, por su parte, cuestionó la falta de datos que justificaran la necesidad de que los despidos se notifiquen por escrito. “Quieren que, porque ellos lo dicen, se apruebe una ley que el único propósito que persigue es que se ponga por escritro porqué lo botaron, con las consecuencias adversas que pueda traer para el trabajador”, dijo el portavoz de la Palma.

Dalmau, por su parte, cuestionó que el informe preparado por la Comisión senatorial de Derechos Humanos y Asuntos Laborales -presidida por Rivera Lassén- no incluyera la posición de organizaciones como la Asociación de Restaurantes (Asore) y el Centro Unido de Detallistas. “Me llama la atención que todas las organizaciones que aparecen en el informe pertenecen a los trabajadores”, señaló el líder legislativo.

“Cuando uno analiza la medida fríamente hay un desbalance. No tenemos la información de los que puedan estar en contra de la medida o que puedan ser impactados como patronos. A mí me gustaría escucharlos para tener una justa perspectiva de que lo que estamos considerando aquí”, aseveró Dalmau.