Directivos locales y miembros de la Union Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU, por sus siglas en inglés) urgieron ayer a la Legislatura a respaldar el Proyecto del Senado 844, una medida que establecería para los empleados federales el beneficio de prórrogas automáticas en el pago de deudas durante un cierre del gobierno federal.

Durante la vista pública ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Katherine Montañez, vicepresidenta de NTEU, sindicato que cobija a cerca de una cuarta parte de los más de 17,000 empleados federales en la Isla, abogó por el proyecto de ley, argumentando que su aprobación “crearía una estructura de protección uniforme y garantizada” para los trabajadores que los protegería de cortes de servicios esenciales y reportes negativos al crédito, al tiempo que les ofrecería moratorias automáticas en sus obligaciones financieras y acceso a asistencia nutricional y beneficios de desempleo.

“Esto no es un favor, es justicia básica, esta medida colocaría a Puerto Rico como la primera jurisdicción en establecer protecciones integrales y automáticas para empleados federales durante cierre gubernamentales”, reclamó la líder sindical.

Aclaró que con la medida no busca que les regalen servicios ni que les condonen deudas, sino que les concedan tiempo y protección, con reglas claras, ante las crisis que provocan los cierres del gobierno federal, una situación que está completamente fuera del control del trabajador, y que “van a volver a ocurrir”.

Recordó, además, que, por disposición de ley, los empleados federales “históricamente siempre reciben su paga de manera retroactiva”, así que se trataría de un alivio para afrontar ese periodo de cierre gubernamental.

Mencionó que, durante el cierre federal de octubre del año pasado, se afectaron 10,500 empleados, 8,500 de ellos que quedaron por completo sin trabajo, y 2,000 que tuvieron que trabajar sin paga.

Ulises Sánchez, presidente del Capítulo 193 de NTEU, se refirió en particular a la situación de aquellos empleados que tienen que continuar trabajando sin paga durante los cierres federales, y que al encontrarse “técnicamente trabajando”, no pueden solicitar seguro por desempleo, ni califican para otras asistencias, y tampoco pueden participar de eventos de repartición de alimentos u otras ayudas porque no pueden abandonar sus puestos de trabajo.

Les dicen que ya cuentan con ayudas

Sin embargo, el reclamo de los empleados federales no encontró respaldo entre los representantes de las instituciones bancarias e hipotecarias que se expresaron en contra de aprobar la medida, estableciendo, entre otros argumentos, que ya esas instituciones cuentan con procesos para asistir a clientes que enfrenten dificultades económicas.

Mónica Rodríguez Villa, comisionada de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF), explicó que ya existen esos mecanismos administrados por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) que “establecen un marco uniforme para la modificación, suspensión o manejo de préstamos hipotecarios y de consumo”.

Alertó que, en el caso de las agencias federales y empresas patrocinadas por el gobierno que otorgan hipotecas garantizadas o reguladas, como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés), la Administración Federal de Vivienda, la Administración de Veteranos, Fanie Mae y Freddie Mac, entre otros, ya tienen reglas específicas para modificar préstamos exigir documentación y consentimientos previos, por lo que establecer una ley estatal que obligue a alterar los términos financieros de préstamos regulados federalmente generaría un conflicto en lo que se entiende como un campo ocupado.

Aunque, al igual que los otros representantes de instituciones bancarias e hipotecarias, expresó simpatía hacia la situación que padecen los empleados federales durante los cierres de gobierno, y reconoció el “objetivo social legítimo de brindar alivio” que persigue la medida, la funcionaria estableció que el proyecto de ley tiene “serias incompatibilidades con el marco regulatorio vigente y genera riesgos para la estabilidad de las instituciones financieras supervisadas por la OCIF”.

Además, subrayó, está en contravención con las garantías constitucionales, tanto locales como federales, que prohíben el menoscabo de las obligaciones contractuales.

Asimismo, indicó que las disposiciones de activación automática y retroactiva de moratoria, prohibición de acumular intereses o cargos, así como la limitación al reporte de información crediticia, representan un conflicto con leyes federales como la “Truth in Lending Act, la “Real Estate Settlement Procedures Act” y la “Fair Credit Reporting Act”, así como con regulaciones de inversionistas institucionales o entidades federales, lo que afectaría la integridad de los contratos privados y los sistemas de pago y flujo de efectivo de las instituciones.

La presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio, fue un poco más lejos en su rechazo al proyecto y lo calificó como “excesivo, irrazonable e innecesario” ante la respuesta que han dado los bancos a sus clientes durante las emergencias recientes, como el huracán María, la pandemia, e incluso el cierre del gobierno federal en octubre de 2025.

Álvarez Rubio comentó que la situación de angustia que padecieron los empleados federales es similar a la que experimenta todo empleado que atraviesa por un despido, y sostuvo que por estar dos meses sin devengar salario “no se procesa una ejecución hipotecaria”, por lo que aprobar una moratoria automática de 90 días, cuando por regla los cierres no se extienden por más de 15 días, podría poner en riesgo el dinero que tiene cada cliente en cada institución financiera, pues se podría producir un aumento en la morosidad de clientes.

El presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios de Puerto Rico, Carlos Del Valle Laboy, también se expresó en contra de aprobar la medida.

Durante los intercambios con los legisladores, se estableció que la medida debería ser objeto de mayor discusión, pues su intención es positiva. Entre otros aspectos se discutió si podría someterse a ajustes tales como un mecanismo de determinación judicial antes que se ofrezca una moratoria amplia, como existe en al menos otra jurisdicción.