Un proyecto de ley que ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a fiscalizar y reglamentar la venta y adquisición de sistemas de generación mediante paneles o placas solares y que evitaría que los consumidores tengan que acudir primero ante un árbitro privado, está detenido hace un año en la Cámara de Representantes.

El proyecto de la Cámara 1051 prohibiría el arbitraje y otorga al DACO la jurisdicción primaria sobre los contratos de adquisición de sistemas de paneles o placas solares en casos de práctica y anuncios engañosos o incumplimiento contractual por productos o servicios adquiridos.

La pieza legislativa es de la autoría de los representantes Denis Márquez Lebrón (PIP), Estrella Martínez Soto (PPD) y del representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz.

“Este un proyecto que surge del pasado secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, quien estaba haciendo unas investigaciones y unos planteamientos públicos sobre los problemas de los ciudadanos con respecto a las compañías de placas solares y uno de los temas que surgió fue que algunas de las compañías le incluyen cláusulas de arbitraje obligatorio a los consumidores. En otras palabras, para que en vez de ir a DACO o ir a otras agencias de gobierno a reclamar, tengan que ir a un árbitro privado y eso tiene un costo y lo imponen”, dijo Márquez Lebrón.

El legislador indicó que la propuesta tuvo el apoyo del DACO, de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, se rindió un informe positivo y se llevó al hemiciclo cameral. “Recuerdo que asumí un turno a favor de la medida y de momento, la sacaron de votación final. Eso fue el 21 de junio de 2022″, relató Márquez Lebrón.

“Lo último que supe es que había disminuido la práctica de que le impusieran (a los clientes) en el contrato una cláusula de arbitraje, pero eso no significa que lo puedan volver hacer en el futuro, agregó el legislador.

“El alza en la demanda de sistemas de energía solar a su vez, ha desencadenado una serie de prácticas engañosas por algunas compañías de estos sistemas de generación distribuida con o sin almacenaje que han resultado en múltiples querellas ante el DACO”, dice la medida en su exposición de motivos.

La pieza legislativa sostiene, que según información provista por el DACO, desde el 2019 a octubre de 2021, fecha en que se radicó la medida, en la agencia se habían radicado unas 653 querellas; de las cuales 154 han sido desestimadas sin perjuicio por contener una cláusula de arbitraje. La medida indica que estas cláusulas disponen que, en caso de reclamo entre las partes contratantes, la jurisdicción la tendrá de modo exclusivo un interventor o árbitro, mediante el proceso de arbitraje.

“Estos son contratos de adhesión en los cuales el cliente no tiene la oportunidad de negociar este tipo de cláusulas de arbitraje, por lo que la única opción que tiene es someterse a estas sin entender las repercusiones legales que esta decisión acarrea. La aplicación de estas cláusulas de arbitraje resulta para todos los efectos prácticos, en privar a estos consumidores de su derecho a reclamar”, dice el proyecto de ley.