La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó no asignar a uno de sus recursos para investigar a la principal ejecutiva de Innovación e Información del gobierno, Glorimar Ripoll Balet, ante el referido por posibles violaciones de ley y de ética.

La decisión del PFEI va a la par con la del Departamento de Justicia.

“Tras concurrir con los hallazgos y recomendaciones del Departamento de Justicia rechazando alegadas actuaciones ilegales de la Principal Ejecutivo de Innovación e Información del gobierno, ingeniera Glorimar Ripoll Balet, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenó el archivo definitivo del asunto”, indica la agencia en su determinación.

El caso nace de un referido al Departamento de Justicia de la entonces secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, sobre una información que le llegó de manera anónima.

“Se alegó que la ingeniera Ripoll intentó mediante un correo electrónico, suministrar información sensitiva de una cotización de servicios, para que otro contratista pudiera mejorarla y otorgarles el contrato. No obstante, el Departamento de Justicia realizó una minuciosa y detallada investigación que incluyó a varios testigos y el examen forense de los correos electrónicos de la funcionaria, determinando la carencia de evidencia fáctica y real que pudiera sostener alguna comisión de delito”, detalla el PFEI.

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Según la pesquisa, la ingeniera Ripoll consultó con asesores externos “como suele ser el curso de acción en la industria de la informática, la pericia para determinar si la cotización provista se ajustaba a parámetros reales. El asesor externo no competía en la subasta”, explica la agencia fiscalizadora.

La comunicación añade que “igualmente, se le proveyó a Justicia una alegada evidencia de un correo electrónico, que no contenía la dirección correcta del contratista, como tampoco coincidía en la fecha de los alegados hechos. Siendo así, el resultado de la pesquisa de Justicia reflejó que no existía causa suficiente para creer que Ripoll haya cometido delito alguno”.

El PFEI acogió la recomendación y, en consecuencia, determinó que no procedía que se designara un fiscal especial sobre este asunto.