Varias organizaciones magisteriales, la Federación de Porteadores Escolares, el Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, así como varias uniones de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se unirán a media mañana de este jueves a protestar contra el gobierno en lo que han llamado “La Marcha de la Indignación”.

La protesta está convocada para las 10:00 a.m. en la Plaza Colón, en el Viejo San Juan. De allí, saldrían a manifestarse frente a La Fortaleza.

Fue el grupo magisterial, conformado por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y ÚNETE, quien lanzó el primer llamado a lanzarse a la calle. Luego, se le unieron los porteadores escolares, el Sindicato de Bomberos, así como los grupos de la UPR, específicamente la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el Sindicato de Trabajadores de la UPR, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), para reclamar mejores condiciones laborales y de retiro, justicia salarial y pagos adeudados, entre otros reclamos.

Según la convocatoria principal, realizada por los maestros, la manifestación servirá para “exigirle al gobierno que atienda los reclamos de los trabajadores y trabajadoras y cumpla con sus responsabilidades hacia los sectores que sostienen los servicios públicos del país”.

El grupo magisterial precisó que entre sus principales exigencias se encuentra la aprobación de una nueva escala salarial que reconozca la preparación académica, los años de experiencia y el costo de vida.

También exigen el pago inmediato de la Carrera Magisterial. Se explicó, en un comunicado de prensa, que aunque en junio se informó sobre la identificación de $90 millones para atender este reclamo, miles de docentes continúan esperando el pago de las cantidades que les corresponden.

Otros de los reclamos es el establecimiento de un retiro digno que garantice seguridad económica al personal docente durante su jubilación, al igual que mejores condiciones de trabajo en las escuelas, particularmente las altas temperaturas que afectan a estudiantes y trabajadores.

Mientras tanto, la Federación de Porteadores Escolares denunciará contradicción en cláusulas de subcontratación y la falta de pago de deudas del pasado año fiscal.

Sobre la subcontratación, se explicó que la misma permite que una empresa que obtenga la subasta para proveer transporte escolar subcontrate a otra empresa mediante autorización previa y escrita de la Administración de Servicios Generales (ASG). Esto, a pesar que el pliego de la subasta de transportación escolar establece expresamente que los servicios no podrán subcontratarse.

“La industria siempre ha rechazado la subcontratación, porque conocemos las consecuencias de permitirla. Esto nunca fue negociable en Educación. Ahora encontramos una cláusula que abre esa puerta con una autorización de ASG. Exigimos que expliquen por qué aparece esa excepción y a quién pretenden beneficiar”, expresó el presidente de la Federación, José Rosado Rolón, en declaraciones escritas.

Añadió que “volvemos a la calle, en esta ocasión participaremos junto a los maestros y otros sectores de Educación, para reclamar transparencia, respeto a las condiciones de la subasta y un trato igual para los transportistas escolares. No vamos a guardar silencio ante decisiones que puedan perjudicar a nuestra industria”.

Además, Rosado Rolón denunció el incumplimiento con el pago de una deuda atrasada de aproximadamente $9.5 millones por servicios de transportación escolar prestados hasta mayo de este año.

“Seguimos esperando el pago de unos $9.5 millones por servicios que ya ofrecimos. A pesar de las dificultades económicas que provoca esta deuda, muchos continuamos brindando la transportación escolar y cumpliendo con nuestras responsabilidades, ya que algunos compañeros han tenido que detener sus operaciones por falta de liquidez. Nuestro compromiso con los estudiantes y sus familias se demuestra cada día, pero ese compromiso también exige que el gobierno cumpla con quienes hacemos posible que lleguen a sus escuelas”, afirmó el líder de los transportistas.

Entretanto, los bomberos se unirán a la marcha para reclamar un retiro digno, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los compromisos que se les hicieron.

“Exhortamos a todos los bomberos de Puerto Rico a que se unan a este reclamo y hagan sentir su voz. Es inaceptable que quienes estamos en la primera línea de respuesta ante emergencias, exponiendo nuestra vida para proteger a los demás, tengamos que salir a la calle a exigir derechos y condiciones mínimas de dignidad. Convocamos también a sus familias a acompañarnos en esta lucha”, expresó el presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado.

Según denunció, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de Bomberos detuvieron las negociaciones del convenio colectivo, en los que se exige una aportación patronal de $100 al plan médico, aumentos salariales y la reclasificación de empleados.

Además, denunció que la Legislatura o el Ejecutivo no ha actuado para mejorar las condiciones de retiro. Tirado dijo que, actualmente, las pensiones son de entre $400 y $500 mensuales, una cantidad que alega no hace justicia a los años de servicio ni a los riesgos que conlleva la profesión.

“Mientras los bomberos seguimos esperando por un retiro que nos permita vivir dignamente después de dedicar nuestra vida al servicio público, por una aportación básica al plan médico y por salarios justos, el gobierno mantiene paralizadas las negociaciones y no presenta soluciones. ¿Dónde están las prioridades de esta administración? No se puede exigir sacrificio, compromiso y entrega a los bomberos mientras se les niegan derechos y condiciones básicas”, cuestionó Tirado.

El grupo de la UPR, entretanto, exige la aprobación de un convenio colectivo, así como la aprobación de planes de clasificación y retribución.