La asignación de $500 millones que recibirá la Universidad de Puerto Rico (UPR) por los próximos cinco años “no es suficiente”.

Esta fue la conclusión a la que llegó la presidenta interina de la institución, Mayra Olavarría Cruz, y los rectores de los 11 recintos que componen el sistema universitario tras sostener varias reuniones en las que se discutió el asunto fiscal de la UPR y otros temas puntuales.

El grupo acordó, según se informó en un comunicado de prensa, “seguir reclamando que se asegure a la UPR una asignación presupuestaria adecuada, que se reconozca la UPR como un servicio esencial y se formalizaron comités de diálogo para finalizar los paros decretados en varios recintos lo antes posible”.

En primera instancia, Olavarría Cruz y los rectores reclamaron más dinero para la UPR y sus recintos.

En el parte de prensa, se detalló que el grupo de trabajo reconoce que mediante la aprobación de la “Ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico” (Ley 53-2021) se asignó a la UPR la cantidad de $500 millones en cada uno de los cinco años fiscales del 2023 al 2027. Pero, se subrayó, que “sus integrantes están convencidos de que dicha cantidad suma al presupuesto de la universidad, pero no es suficiente”.

Para combatir la deficiencia presupuestaria, el grupo acordó no cesar en las gestiones que realizan ante la Legislatura y ante el gobernador Pedro Pierluisi para allegar fondos a la Universidad.

Insistirán, según se informó, “en que se le asegure a la UPR una asignación presupuestaria que sea adecuada para la aportación que realiza la institución en la formación de estudiantes, el servicio y la investigación que genera”.

“La UPR es el principal centro educativo y promotor de investigación científica del país. Por más de 100 años, ha sido eje de movilidad social para miles de jóvenes que han visto en sus recintos la puerta hacia una mejor calidad de vida. En estos momentos, la institución enfrenta serios retos en materia presupuestaria producto de los recortes que ha sufrido como resultado de las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Esta situación llevó a varios grupos de personas a manifestarse, lo que ha complicado la operación óptima de varios recintos. En atención a esta situación, esta presidenta y el cuerpo rector hemos trabajado sin descanso para identificar acciones puntuales dirigidas a garantizar la sostenibilidad fiscal de la UPR y estabilizar sus operaciones”, explicó Olavarría Cruz.

Asimismo, el grupo de trabajo informó que solicitará que se reconozca a la UPR como un servicio esencial de forma que quede protegida de nuevos recortes y se haga justicia al rol indispensable que desempeña la universidad en el desarrollo educativo, económico y social del país.

Según datos de la propia institución, la UPR recibe el 80% de los fondos destinados a instituciones educativas en Puerto Rico para investigación y que son otorgados de manera competitiva por las principales agencias federales que financian este tipo de proyectos.

Otra acción que acordaron fue comunicarse con miembros del Congreso de los Estados Unidos para solicitar que se enmiende la Ley PROMESA con el fin de garantizar la estabilidad financiera de la UPR. También se comprometieron a establecer y fortalecer vínculos de comunicación con los alcaldes y las alcaldesas de los pueblos a los que sirven sus respectivos recintos con el fin de crear grupos de apoyo y acuerdos de mutua colaboración.

Sobre las manifestaciones, se informó que en los recintos afectados se ha logrado la continuidad académica y administrativa gracias a la tecnología.

Se indicó que las clases y los servicios continúan de forma remota y se mantiene evidencia de esto. Además, todo día lectivo que se pierda, por ejemplo, debido a un receso académico, se repondrá cuando las condiciones lo permitan sin emitir pagos adicionales al personal.

Tanto la presidenta interina como los rectores informaron que los Comités de diálogo están constituidos y se encuentran trabajando para evaluar los reclamos internos de cada unidad y culminar lo antes posible las manifestaciones.

Se adelantó la posibilidad de establecer una plataforma interactiva, llamada #UPREscucha, mediante la cual recibirán recomendaciones de la comunidad universitaria, sus exalumnos y la comunidad en general, tanto en la Isla como en el exterior, para mejorar procesos y procedimientos.

Por otro lado, se informó que la UPR estableció una colaboración con el Registro de la Propiedad, dependencia adscrita al Departamento de Justicia, con el objetivo de proveer estudiantes de la Escuela de Derecho para apoyar los esfuerzos de actualización y disminución del inventario de documentos pendientes de registro.

A través de este programa, se estarán reclutarán unos 40 estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR interesados en trabajar a tiempo parcial en el Registro de la Propiedad. Los estudiantes seleccionados trabajarán presencialmente en la Sede Metro o Sede de Bayamón del Registro de la Propiedad, de enero a junio del 2022.