Llena de orgullo, la directora de la Oficina de  Ética  Gubernamental, Zulma Rosario, defendió hoy la reforma aprobada por la Legislatura que, entre otras cosas, impone nuevas penalidades a los funcionarios que violen la Ley de  Ética.

Según la funcionaria, la nueva ley también aumenta la transparencia sobre la información que tiene que presentar un servidor público en torno a sus ingresos, ya que ahora es sumamente cuesta arriba poder examinarla.

También  negó que se incluyera un aumento de sueldo para ella y atribuyó a un “error tecnológico” que el proyecto del Senado le otorgara $20,000 más de sueldo. En la  versión final, ambas  cámaras ajustaron la medida para que en este renglón del salario se mantuviese como está actualmente.

“Esta ley nos otorga más autoridad, más facultad, y un poder sancionador que va a ser más disuasivo”, declaró al tiempo en que describió el proceso mediante el cual se evaluó la reforma como “un parto natural”.

Y es que para la directora la OEG hubo mucha resistencia sobre todo de parte de alcaldes, que no quiso identificar, para aprobar  el estatuto con “más garras” como era su intención inicial.

El proyecto debe pasar ahora a la firma del gobernador Luis Fortuño para que entre en vigor.