Las opiniones de los puertorriqueños están divididas sobre la nueva orden ejecutiva emitida este miércoles por el gobernador Pedro Pierluisi, la cual establece que a partir del 16 de agosto las agencias de gobierno requerirán a todos sus empleados que trabajen de forma presencial estar vacunados contra el COVID-19.

Algunos adultos están a favor de que se haga obligatorio el proceso de inoculación a los servidores públicos como una medida salubrista para combatir el virus en la isla, mientras otros ciudadanos más jóvenes rechazan el mandato aludiendo a que viola derechos constitucionales.

Así lo revela un sondeo realizado por Primera Hora.

Por ejemplo, Cristino Irizarry Lucca, quien dijo ser un químico retirado con 18 años de experiencia en el campo, sostuvo que el dictamen del gobernador es lo más saludable para el país en su afán por frenar la enfermedad altamente contagiosa y que, hasta la fecha, ha cobrado la vida de 2,574 personas en Puerto Rico desde marzo de 2020.

Irizarry Lucca defendió la importancia de las vacunas durante las pasadas décadas, destacando que se trata de un mecanismo que ha salvado millones de vidas de enfermedades mortales.

“Fíjate, se trata de cuidarte a ti mismo. Es igual que cuando se le pide al policía que se ponga el chaleco antibalas. Se sabe que hay un riesgo y hay que minimizarlo. En cuanto a la orden del gobernador, me parece correcto. Si el ciudadano común se protege, también se debe obligar a que también lo haga el empleado que está llamado a servir al pueblo”, expuso.

Sostuvo que el Gobierno, incluso, debería extender la obligatoriedad de la vacunación a otros sectores.

“Diría que sería bueno que sea una obligación, porque de nada me vale a mí vacunarme si el otro no lo hace y me pone en riesgo. Ahora mismo, no hay una explicación lógica de los que se oponen a la vacunación. ¿Que da reacciones? Es mejor una pequeña reacción que estar tumba’o ocho a 10 días en un hospital e, incluso, hasta morir”, opinó el ciudadano residente de Fajardo.

Por su parte, doña Carmen Díaz, una mujer de edad adulta, también favoreció la decisión de Pierluisi.

“Y lo digo yo, que me tardé un poco en ponérmela. De hecho, el viernes me toca la segunda dosis. Pero gracias a mi familia y a lo que he escuchado de los que saben me convencí de que la vacunación es lo mejor”, dijo la fémina.

Subrayó que la orden de vacunación obligatoria debe incluir a todos los puertorriqueños y no limitarlo a los servidores públicos.

“Esto es algo por el propio bienestar y salud de uno”, agregó.

Al otro lado de la historia, están jóvenes adultos como Leonel Olivencia de 22 años que consideran como una violación a los derechos constitucionales que el gobierno obligue a los ciudadanos a administrarse la vacuna del coronavirus o cualquier otro tratamiento de alguna enfermedad que amenace la salud pública.

“Hay personas que sí se quieren vacunar, pero opino que eso debe ser discrecional sin obligar a nadie porque para eso está el libre albedrío. No hay que forzar a nadie. Si hubiera seguridad que la vacuna hace inmune al virus un 100%, pues ahí sí pudieran obligar a la gente. Pero eso no está garantizado y lo dice un estudiante de biología”, dijo el joven que ha rechazado vacunarse.

Por su parte, Richard López, de 22 años y estudiante de psicología, tampoco está de acuerdo con la nueva orden ejecutiva del gobierno.

“Me parece que hay que observar las condiciones de salud de los ciudadanos, sus creencias religiosas y valores. ¿Por qué forzar a una persona a vacunarse si no quiere? Eso al final, provoca afecciones en las personas. Eso, psicológicamente, crea pánico y crea inseguridad en las personas. Además, hay gente vacunada que les ha dado el virus. En mi caso, prefiero protegerme con mi mascarilla, mi alcohol y otras medidas de prevención. Así hago cada vez que salgo y en mi trabajo”, manifestó quien labora en un restaurante de comida rápida.

Según la estudiante de Derecho, Arianis Pacheco, “si hay medidas para las personas particulares que no pueden vacunarse por alguna condición médica, creo que está bien que se les exija (la vacuna), por la situación de emergencia porque realmente hay aumento ahora mismo en los casos”.

“Los empleados públicos son una población bien grande, primero, y, segundo, me preocupan las escuelas, por ejemplo, los maestros que son empleados públicos… yo fui maestra. Se está exponiendo a la niñez que lamentablemente hay un sector muy amplio que todavía no se está vacunando, o sea, hay unas edades que no se les permite vacunar todavía”, expuso Pacheco, quien reside en Trujillo Alto.

“En ese sentido, pienso que (el resto de la población) debe estar vacunada, pero, siempre y cuando el gobierno provea las condiciones para la vacuna, porque si no hay vacunas disponibles suficientes y gratuitas, pues no. Debería el gobierno también responsabilizarse por eso”, acotó.

Mientras que José Luis Bonilla advirtió que llegará el tiempo en que “no van a dejar a nadie entrar a ningún establecimiento, a menos que tenga la vacuna o la prueba (negativa)”.

“No estoy de acuerdo con eso. Entiendo que no debe ser así, porque hay muchas personas que no se sienten seguros con la vacuna, particularmente jóvenes que creen que no la necesita. Pero como la cosa se está poniendo fuerte y mala y entiendo que todo el mundo debería, pero a su tiempo, no forzado”, expresó.

Por su parte, José Rosario respaldó la obligatoriedad de vacunar tanto a los empleados del Estado como a la ciudadanía.

“Pienso que está muy bien, porque con los casos que están habiendo ahora deberían de ser un poquito más estrictos y que la gente también sea más diligente en cuestión de la salud. Estoy de acuerdo. Si, debe extenderse a la población”, manifestó quien se desempeña como chofer y es residente en Humacao.

“No coincido con él (Pierluisi) porque pienso que no deberían ser obligados. La vacuna, por el momento, no está aprobada por la FDA y no considero que algo que no está aprobado no debe ser obligado. Ni para la población ni para los empleados públicos. Ya cuando haya más estudios pues, sí”, ripostó Marie Medina, sobre las manifestaciones de Rosario.

Asimismo, Lexandra Valentín Medina dijo que la decisión del gobernador fue “lo mejor… porque la ley empieza por la casa y si ellos no lo hacen, los demás van a seguir el ejemplo de ellos y no lo van a hacer”.

“(La vacunación contra el COVID-19) debe extenderse a la población completa. Ya tengo mi primera dosis y pronto me toca la segunda. Me la voy a poner porque la cosa está mala y no estamos como empezamos. Yo casi ni salgo de mi casa”, confesó la mujer de 50 años.

Entretanto, Carmen Hernández y Santos Torres coincidieron en que la inoculación contra el coronavirus no debe ser obligatoria para nadie.

“No debe ser obligatorio porque nadie está supuesto a obligar a nadie si tú no quieres ponerte las cosas. Eso está contra la voluntad de la persona, ni para empleados públicos ni para la población. Eso está contra la ley y contra la privacidad de la persona”, dijeron los residentes de Coamo.

Tras hacer el anuncio, el gobernador explicó que solo se permitirá que no se vacunen empleados con condiciones preexistentes que les impidan recibir el fármaco preventivo o aquellos que se opongan por convicciones religiosas. En ambas instancias deben presentar prueba que lo justifique. Además, deben presentar semanalmente una prueba negativa de COVID-19 o, de lo contrario, debe acogerse a alguna licencia.

Aquí estoy actuando como patrono de toda la Rama Ejecutiva”, señaló.

Dijo que los municipios, la Legislatura y los empleadores privados deben tomar el ejemplo y tomar esta misma recomendación.

“No lo estoy ordenando al momento, pero estoy haciendo la recomendación, porque aquí la idea es protegernos”, puntualizó el mandatario.

La decisión del gobierno para imponer la vacunación en algunos sectores ocurre luego que se reflejara un alza de contagios en el país y que la tasa de positividad subiera en un mes de un 1.4% a un 8% (al día de ayer, 28 de julio de 2021).

Si bien es cierto que en Puerto Rico se ha vacunado contra el COVID-19 el 56.5% de la población general y el 68.8% de las personas autorizadas a recibir la inoculación (ciudadanos de 12 años en adelante), lo cierto es que, al igual que ha ocurrido en Estados Unidos, el ritmo de aplicaciones diarias de dosis se han estancado.

Al momento, unas 1,863,160 personas en la isla han completado la serie de dosis requeridas de las vacunas disponibles (Pfizer, Moderna, Janssen), lo cierto es que desde finales de mayo el proceso de inmunización diario ha disminuido en todos los grupos hábiles para recibir el fármaco preventivo.