Jóvenes doctores que no han pasado la reválida para poder ejercer su profesión en el país cuestionaron hoy, lunes, el desempeño de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, al tiempo que reclamaron la designación de un psicómetra que implante un mecanismo estadístico "adecuado" para la aprobación del examen cuyo resultado determina la obtención de la licencia para desempeñarse legalmente como galeno en Puerto Rico.

"Es necesario un proceso de reválida justo y transparente", dijo Rafael Paz, portavoz de los doctores inconformes con la junta en conferencia de prensa conjunta con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien sometió legislación para establecer que sea un psicómetra el perito a cargo de establecer la puntuación requerida para aprobar el crucial examen.

Un psicómetra es un perito estadístico al que se delegaría determinar el sistema estandarizado para validar el examen de la reválida de los médicos, cuya aprobación en Puerto Rico ha sido limitada al compararse con grupos de estudiantes en los Estados Unidos u otros países.

Además del nombramiento del psicómetra reclamado por los doctores sin reválida y sugerido por la legislación sometida hoy, Rodríguez Aguiló presentó otra medida para investigar el desempeño de la Junta en la que al presente el presidente y otros miembros tienen sus términos vencidos, según denunció el propio representante.

La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica se creó por ley durante el pasado cuatrienio después de un escándalo que empañó las operaciones del Tribunal de Médicos (TEM) a cargo por décadas de determinar las aprobaciones de los exámenes de reválida para los médicos en Puerto Rico.

Al TEM se le implicó en diversas prácticas de corrupción que incluyeron el reclamo de dinero a cambio de aprobaciones de reválidas y eventualmente mediante legislación se creó esta nueva junta cuyo desempeño no satisface a un sector poblacional.

El grupo insatisfecho con las operaciones de la Junta destacó que desde 2009 se han marchado de Puerto Rico unos 3,000 médicos y una de las razones para irse ha sido la no aprobación de la reválida debido a un sistema injusto de validación de la prueba.

El doctor Paz dijo que mientras unos 3,000 médicos se han ido -por la citada razón, ya que logran licencia para ejercer en los Estados Unidos y no en su país de origen o porque aquí resultan muy onerosos los seguros para protección contra impericia médica- puntualizó que otros 3,000 permanecen esperanzados de tomar una reválida para ejercer aquí.

Sin embargo, siguen expuestos a tener que aprobar el examen cuyo valor máximo es de 800 puntos con al menos 700, lo que supone un 87.5%, contrario al examen estadounidense, conocido como United States Medical License Examination (USMLE).

Paz dijo que de un 70 a 90 por ciento de los estudiantes de medicina que toman el USMLE aprueban, pero en Puerto Rico el examen de reválida vigente lo aprueban de tres a cinco por ciento.

"Este asunto tiene que ver con un problema de salud pública importante", subrayó Paz al referirse al menguado campo de médicos primarios en la Isla y a situaciones críticas donde la falta de doctores ha llevado al cierre de hospitales como el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Patillas.

"Somos muchos doctores que estamos comprometidos con nuestro país y queremos ejercer aquí en nuestra isla, solo necesitamos que se regulen los métodos de evaluación de la revalidad, para no tener que tomar la de Estados Unidos e irnos a ejercer allá", sentenció Paz.

Los quejosos estimaron que aquí no se aplica una adecuada desviación estándar al procesar los resultados del examen criollo de reválida y no se busca la mediana de los resultados de cada grupo. En términos hipotéticos, al comparar la prueba con la de Estados Unidos, argumentaron que "si la puntuación de pase en EE.UU. es de 188 aquí sería de 288", por lo que no hay equidad",

Mientras, Rodríguez Aguiló opinó que los actuales miembros de la junta "no han cumplido" con su deber ministerial y destacó que el gobernador Alejandro García Padilla tiene la facultad para sustituirlos.

Aunque el término de la presidencia venció en junio pasado, el exgobernador Luis Fortuño se abstuvo de renominar al incumbente o de designar un nuevo presidente antes de diciembre pasado cuando refirió cientos de nombramientos para aprobación rápida en la Legislatura.