Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez, acusados en el caso por contrataciones fantasmas en el Capitolio, se declararon hoy, jueves, culpables de los cargos fraude electrónico, ante el juez Francisco Besosa en el Tribunal Federal en Hato Rey.

A su llegada al tribunal ninguno de los acusados -pareja al momento de los hechos- hizo expresiones. Sánchez Santiago llegó acompañado por su abogado, el licenciado Jason Rodríguez, y Robles Báez por su abogada, la licenciada Melanie Carrillo. 

El juez federal Francisco Besosa había concedido a finales de julio tiempo adicional para que la fiscalía y la defensa de dos de los tres acusados en el caso negociaran alegaciones de culpabilidad. 

Originalmente había fijado el 26 de julio como la fecha límite para cualquier alegación de culpabilidad por parte de Sánchez Santiago, de la empresa International Legislative and Government Consulting Group (LGCG), Robles Báez, de la misma corporación.

La fecha límite le aplicaba también a Ángel Figueroa Cruz, exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, pero este último mantendrá su alegación de no culpable de los hechos que se le acusan. 

El juez también concedió el pasado martes retrasar el inicio del juicio contra los tres acusados en el caso, luego de que el licenciado Juan Ramón Acevedo, el nuevo abogado de Figueroa Cruz, lo solicitara durante la vista de antelación a juicio. 

La fiscalía ha anticipado que presentará 30 testigos si el caso llega a juicio. Los tres acusados enfrentan cargos por fraude electrónico y robo de identidad agravada. Estas fueron las primeras acusaciones federales asociadas a la investigación sobre los contratos fantasmas en el Capitolio, que se comenzó a destapar con la renuncia del exrepresentante Samuel Pagán y las denuncias de uno de sus empleados, Luis Hiram Delgado.

Según informó la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, en más de 15 ocasiones Robles Báez facturó, certificó y solicitó falsamente pagos por haber asistido a las oficinas legislativas a ofrecer servicios.

Como parte del esquema, Robles Báez y Sánchez Santiago utilizaron las identificaciones de varias personas ajenas al fraude para justificar la facturación por servicios que nunca prestaron como coordinadores interagenciales bajo la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, donde Figueroa Cruz autorizó los pagos fraudulentos.