Por orden del Tribunal Supremo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó ayer, miércoles, a la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) el subpoena que le emitió una agencia federal y otros datos relacionados al traspaso de información de miles de personas con estatus migratorio no definido que poseen licencia de conducir.

Esta acción del DTOP, realizada en enero de 2025, viabilizó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) identificara a los migrantes en medio de las redadas que ordenó el presidente Donald Trump para sacarlos de Estados Unidos.

Tras evaluar los documentos, la directora de la organización, Annette Martínez, reveló que “ACLU les informa al país que se confirma o pudimos confirmar en el día de ayer, en horas de la tarde noche, lo que ya habíamos denunciado al país, que el gobierno de Puerto Rico es cómplice que las políticas migratorias, discriminatorias e ilegales del gobierno del presidente Trump y que no ha habido la mínima oposión del gobierno de Puerto Rico para que evite la persecusión de nuestros hermanos migrantes”.

Específicamente, el DTOP entregó información de unas 6,321 personas, reveló el director legal de la ACLU, Fermín Arraiza.

Los datos fueron solicitados por el ICE el 26 de enero de 2025 a las 8:00 a.m., luego de haber realizado la primera redada contra migrantes en la Isla, y le dio al DTOP hasta el 7 de febrero para entregarla. Sin embargo, la agencia entregó los datos el 29 de enero de 2025, según surge de la información entregada a la ACLU.

Martínez aceptó que desconocen cuántas de estas personas han sido detenidas como parte de esta “colaboración”.

Pero, afirmó que “sabemos que no solamente fueron detenidas, que fueron desaparecidas, que la sacaron de nuestra jurisdicción, que no sabemos dónde están”.

Indicó que el último número que tiene el ACLU es que el ICE ha detenido a 1,400 personas con estatus migratorio no definido en la Isla.

Martínez también aludió a que “estamos en un momento crítico”, ya que se ha demostrado que las agencias del gobierno actúan bajo la “oscuridad”.

La directora de la ACLU fue más allá al solicitar la renuncia del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, por haber entregado información confidencial y haber “puesto en riesgo la vida de miles de personas”.

Explicó que la información que entregó el DTOP al ICE incluía toda la información de personas con estatus migratorio no definido que tuviesen licencia de conducir, licencia de aprendizaje o cualquier otra identificación que emite el DTOP. Además, debían incluir la fecha que emitieron la identificación, el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, ciudadanía, número de pasaporte, dirección, correo electrónico y número telefónico.

Martínez informó que la información entregada fue la solicitada.

Por su parte, Arraiza explicó que se suponía que el DTOP les informara a los 6,321 ciudadanos de la petición federal, así como que requiriera al ICE una orden judicial, ya que su petición era “ilegal e inconstitucional”.

Tras obtener los datos, el ACLU no descarta demandar a funcionarios federales y estatales, incluyendo a la gobernadora Jenniffer González Colón, y el secretario del DTOP, por violación a los derechos civiles. Arraiza comentó que podrían ser tanto acciones individuales como pleitos de clase.

No obstante, el abogado aceptó que hay mucho miedo entre los migrantes y sus familiares, debido a las represalias.

Insistió en que “personas detenidas en Puerto Rico tienen una causa de acción tanto a funcionarios estatales como federales por la violación a sus derechos”.

Por otro lado, Arraiza denunció que el DTOP tachó más de 60 páginas de información que les entregó respecto a los migrantes que identificó ante el ICE. Comentó también que estos documentos no son visibles. La única información que el DTOP dejó expuesta fue la fecha de expedición, adjudicación de las identificaciones, el pueblo de residencia y el código postal.

La denuncia mayor de la ACLU, sin embargo, es que la información entregada por el gobierno ocasionó que “las personas hayan sido objeto de persecución injustificada, incluso ilegales”.

La controversia surgió en verano del pasado año 2025, cuando se detectó que la administración de Jenniffer González Colón no divulgó un pedido que realizó el ICE a finales de enero, en el que pedía los datos de inmigrantes con licencia de conducir.

El derecho para que los inmigrantes tuvieran licencia lo concedió el exgobernador Alejandro García Padilla en el 2013.

No fue hasta junio de 2025 que el gobierno aceptó que entregó los datos al ICE. Se aludió a que el no haberlo hecho ponía en peligro fondos federales.

La aceptación llevó a la ACLU a acudir a los tribunales. Poco más de un año pasó antes de que finalmente se le entregaran los datos.