Luego de que el Departamento de Educación presentara un recurso judicial en el que se reveló que necesitaban $56 millones para pagar por los servicios de remedio provisional que se han provisto a estudiantes del Programa de Educación Especial en este semestre, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ha logrado identificar diversas partidas que podrían subsanar esta deficiencia de fondos.

Según informó el secretario Eliezer Ramos Parés a Primera Hora, para principios de la próxima semana podrían tener un panorama más claro de la situación fiscal. Eso los llevaría a solicitar al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que deje sin efecto su reclamo de utilizar fondos de la cuenta en la que se acumula el pago de multas diarias que le impusieron por los incumplimientos en servicios hacia la población de Educación Especial.

“El panorama ha ido cambiando. Probablemente, no lleguemos a la vista, verdad. En particular yo estoy esperando tener información mucho más concreta antes de solicitar a los abogados el retiro de esa moción. Pero, prevemos que probablemente se va a estar retirando la moción”, sostuvo el titular.

La problemática salió a relucir en un documento judicial, llamado “Urgente solicitud de auxilio del tribunal mediante lo cual se autorice el desembolso de fondos para atender asuntos inminentes de remedio provisional”. Este fue presentado el pasado 22 de mayo.

Según explica el documento judicial, copia del cual obtuvo Primera Hora, el gobierno del presidente Donald Trump congeló los Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER), que se otorgan desde la pandemia del COVID-19 y que Educación utilizaba para pagar el servicio que se provee a través de remedio provisional. Entre estos servicios se incluye evaluaciones iniciales y reevaluaciones, terapias, compra de equipo de asistencia tecnológica, transporte, servicios de enfermería, asistentes de servicios y remoción de barreras, establece un listado publicado por la agencia.

Educación aludió en el documento judicial que la notificación de la congelación de los fondos la recibieron el 28 de marzo. Alegan a que, supuestamente, no les dieron tiempo para actuar y evitar así problema con los pagos.

Cabe destacar que la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia denunció a finales de mayo, durante una manifestación realizada ante la sede de la Junta de Supervisión Fiscal, en Hato Rey, que Educación les adeudaba unos $40 millones.

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El documento judicial señala a que la agencia ha realizado diversas gestiones con la Junta de Supervisión Fiscal para identificar fondos que subsanen el problema. Además, ha solicitado al Departamento federal de Educación una revisión de la decisión de paralizar el uso de fondos.

“A pesar de que a la fecha presente el Departamento ha estado promoviendo diferentes alternativas para conseguir todos los fondos necesarios para atender con propiedad todo lo concerniente al Remedio Provisional, existe una necesidad en donde se requiere inyectarle al Sistema con inminencia cerca de $56 millones para en o antes del 30 de junio de 2025”, dice la moción.

Como solución, la agencia presentó ante la corte una petición para que les devuelvan $25 millones, de los $36,559,473.21 que la cuenta del Banco Popular tenía acumulados al pasado 2 de mayo, por concepto del pago de multas diarias que paga Educación por los reiterados incumplimientos que se le señalan al momento de prestar servicios a los estudiantes de Educación Especial. Esta multa es de $11,000 diarios.

Educación aceptó, por conducto de sus abogados, Carlos Iguina, Erik Rosado, Nydia Jiménez y Guillermo Somoza, que esta cuenta se utiliza para pagar gastos del Comité Timón de Padres de Educación Especial, a Servicios Legales de Puerto Rico y otras entidades identificadas por el tribunal. No obstante, señalan que por eso no reclamaron los restantes $11.5 millones que aproximadamente quedarían en la cuenta.

Para justificar su petición, Educación expone que el utilizar fondos de sanciones para proveer beneficios a la población afectada es cónsona con una determinación que ya se tomó en el caso federal por hacinamiento que enfrenta el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Asimismo, se indica en el documento judicial que Educación ha aumentado su cumplimiento en los servicios de Educación Especial. Mientras, se alude a que se habían mantenido al día en los pagos a los proveedores de servicios hasta que enfrentaron la congelación de los fondos en marzo.

La jueza Thainie Reyes Ramírez citó a una vista el próximo viernes, 13 de junio, a las 10:00 a.m. para analizar el reclamo.

Los abogados que representan a los padres de Educación Especial, por su parte, sometieron un recurso en el que se pide a la corte que el secretario de Educación esté presente en la vista judicial.

Sin embargo, esta vista judicial podría no realizarse si Educación retira la moción urgente.

Ramos Parés explicó en la tarde de este viernes que el recurso judicial lo presentaron con la intención de que el tribunal atendiera la situación de manera inmediata. Pero, no lograron la inmediatez que buscaban.

Ante la falta de respuesta del tribunal, se alcanzaron opciones de fondos estatales para pagar por los servicios que ofrecieron terapistas y los asistentes de servicios, que son los que han enfrentado problemas con los pagos en las pasadas semanas.

El titular indicó que el pasado lunes lograron utilizar una partida de “casi $13 millones” para comenzar a emitir pagos a algunos proveedores de servicio. Comentó que está pendiente a la aprobación de la Junta otra partida de $30 millones.

Al ofrecer la cifra, el secretario aceptó que, en un principio, pensaban que la deficiencia de fondos era de $56 millones. No obstante, indicó que esta proyección bajó a unos $40 millones.

De paso, el secretario reveló que OGP realiza gestiones para identificar fondos para poder pagar los servicios de remedio provisional el próximo año fiscal, que inicia el 1 de julio.

“La gobernadora (Jenniffer González), en conversaciones que ha tenido con estos servidores, se comprometieron… Bueno, ella ha sido vocal, ella lo dijo en una de las conferencias de prensa, que los ajustes presupuestarios que se estaban dando dentro del presupuesto iban dirigidos a atender el tema de las pensiones de energía eléctrica, a atender los $109 millones de ASES (Administración de Servicios de Salud) y a atender precisamente las terapias en Educación Especial. Así que ese análisis y las conversaciones se han dado”, sostuvo, al asegurar que la meta de la agencia es pagar a los terapistas a 10 días de someter su factura.