El Departamento de Educación (DE) no pudo establecer categóricamente hoy qué criterios utilizó la agencia para cerrar más de 600 escuelas públicas en el País, entre 2011 y 2018, muchas de las cuales están en estado de deterioro, cubiertas de matojos y algunas convertidas en albergue de caballos realengos.

La agencia se amparó en que no puede responder por el masivo cierre de planteles que ocurrió bajo otras administraciones de gobierno.

Tanto la Oficina para el Mantenimiento de Escuelas Públicas (OMEP) como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), reconocieron que la mayoría de las escuelas cerradas se encuentran en estado de abandono. OMEP reclamó que los planteles fueron traspasados al DTOP, pero la agencia alegó que la responsabilidad registral la tiene Educación.

Miguel Colón, gerente general de OMEP dijo en una vista pública de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado que en total se cerraron 649 escuelas, de las cuales 520 pasaron a manos del DTOP. “La mayoría están abandonadas”, reconoció Colón, quien sostuvo que la titularidad la tiene el DTOP.

Ha transcendido en medios de comunicación que algunas de estas escuelas se han convertido en establos para caballos, hospitalillos y otras, en viviendas para familias que no tienen hogar.

El DTOP alegó que la Ley 85 de Reforma Educativa dispone que OMEP o la Autoridad de Edificios Públicos continuarán proveyendo los servicios de mantenimiento de las escuelas públicas. “Toda la información sobre las condiciones actuales de las estructuras y terrenos pertenecientes a las escuelas debe ser suministrada por el Departamento de Educación”, indicó la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, en una ponencia escrita.

“En ocasiones DTOP hace malabares para bajar las áreas verdes, pero no está programado porque no tenemos recursos para dar mantenimiento a esas escuelas como se debería. También hay un problema porque la responsabilidad registral es del DE”, dijo José Torres, subdirector d Administración de Propiedades del DTOP, quien representó a la Secretaria en la vista pública.

“Ahora nadie las quiere”, consignó la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, autora de la resolución de investigación sobre el uso y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 a enero de 2021.

Torres detalló por su parte, que entre 2018 a 2020, unas 23 escuelas fueron vendidas y sostuvo que antes de 2017, la política pública ponía a las escuelas en desuso en manos de los municipios o entidades autorizadas por la Legislatura.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) sostuvo a su vez, que muchas de las escuelas en desuso fueron autorizadas para arrendamiento a municipios por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

“La responsabilidad final (sobre el cierre de escuelas) recae sobre el Secretario (de turno)”, dijo por su parte, la secretaria auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública del DE, Yaitza Maldonado.

La portavoz de la agencia indicó que según las cartas circulares del Departamento, los criterios para el cierre eran: matrícula y proyección, infraestructura versus matrícula, condiciones de infraestructura, indicadores de salud y seguridad, indicadores de aprovechamiento académico, evaluación de costos y estudio de comparabilidad.

Sin embargo, no pudo garantizar que en cada una de las escuelas cerradas se aplicaron estos criterios. “No puedo dar fe, no estaba en ese momento. Esto es una radiografía de 10 años. Es un estudio bien profundo el que se nos pidió y estamos produciéndolo poco a poco”, sostuvo la funcionaria. Reconoció que los cierres se aceleraron entre 2017 y 2018, durante la incumbencia de la secretaria Julia Keleher, imputada de cargos de corrupción.

Pero, la presidenta de la Comisión de Educación, Ada Montes García le replicó que el cierre de escuelas también fue oneroso para las comunidades escolares.

“Lo más que le preocupa al pueblo son los criterios que se utilizaron para el cierre de las escuelas y cuál ha sido el uso que se les ha dado”, sostuvo la senadora por el distrito de Mayagüez, quien es maestra de profesión.

“¿Dónde se trazaba la raya para decir esta escuela se cierra? En la Lola Rodríguez de Tió de Carolina lo que ocurrió fue una auténtica tragedia, era una escuela con servicios vocacionales que no tenían paralelo”, cuestionó la senadora Santiago.

Liliana López, director ejecutiva del área de Planificación del DE dijo que hicieron un análisis de tendencias, de tres a cinco años de cómo se había comportado la matrícula y si había bajado, era considerado. También dijo que se consideraba el estado en el que se encontraba la planta física.

Mientras, el abogado Yamil Vázquez, de la División de Legal del DE, dijo que a nivel central se utilizaba “la comparabilidad”, el que cada escuela tenga una porción comparable de los fondos (federales). “Esa distribución se tomó en cuenta de cómo se distribuían los fondos Título 1 (dinero asignado para estudiantes con rezago) y Título 2 (desarrollo profesional)”, indicó para agregar que ese es uno de los criterios establecidos en la carta circular.

“Estamos hablando de temas más técnicos y no tengo aquí a la persona”, intervino Maldonado Rivera.

“Podemos seguir fingiendo, pero aquí se cerraron escuelas porque fue una medición estrictamente en dólares y centavos”, afirmó la senadora Santiago.

A preguntas del senador Rafael Bernabe, Maldonado tampoco pudo precisar si el nuevo secretario o secretaria de Educación en propiedad, continuará o no cerrando escuelas. “Sería irresponsable de nuestra aparte anticipar si el secretario o secretaria va a implantar una política de cierre de escuelas… Es un tema que levanta muchas pasiones, pero esto es caso a caso”, dijo la funcionaria.

“La escuela en la que yo estaba fue cerrada, estaba bien ubicada, tenía matrícula”, reclamó García Montes, quien también cuestionó el que muchos de los planteles en desuso sigan pagando agua y luz.

Gustavo Mesa, encargado del pago de utilidades a nivel central, dijo sin embargo que corresponde a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cortar los servicios. “El Departamento no ha pagado un solo centavo por una escuela cerrada”, sostuvo Mesa.