Un estudio, comandado por el Departamento de Investigación y Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que analizó el perfil de 16,000 empleados públicos del país, reflejó el “envejecimiento del sector público”, al registrar que la edad promedio de estos funcionarios es de 50 años y la mayoría lleva más de dos décadas en el Gobierno.

El análisis también arrojó que un por ciento “significativo” de funcionarios solo tiene diploma de cuarto año o menos y, que hay una diferencia marcada entre los sueldos que generan los que ocupan cargos de confianza versus los puestos de carrera.

El dato de que el Gobierno cuenta con menos trabajadores jóvenes que la empresa privada, despertó la atención del director del Departamento de Investigación de la JSF, Arnaldo Cruz.

Solo un 9% de los empleados públicos tienen 35 años o menos. En cambio, en la empresa privada hay un 34% de la fuerza laboral en ese rango de edad.

“Un por ciento así de alto es preocupante porque puede crear huecos significativos en destrezas y conocimientos. Estos empleados no fueron educados con las nuevas tendencias y tecnologías, no tienen el conocimiento técnico o asociados a las necesidades que hay ahora en un Gobierno tecnológico. Eso presenta un reto porque la edad promedio del Gobierno es diametralmente mayor a la del sector privado. El envejecimiento del sector público, en mi opinión, es noticia de primera plana... es muy preocupante”, afirmó el funcionario.

Cabe mencionar que, según el análisis, la Policía de Puerto Rico se encuentra en la segunda posición de las agencias con la fuerza laboral de mayor edad, con un promedio de 53 años.

Según Cruz, otro hallazgo sorprendente del análisis apunta a que la mayoría de los empleados llevan 20 años en el servicio público. Esto implica que el retiro pudiera estar a la vuelta de la esquina para una gran cantidad de servidores gubernamentales.

“Eso presenta otros problemas más allá de la edad. Estas personas entraron al Gobierno con unas realidades diferentes, unas necesidades diferentes y, cuando se diseñaron sus puestos hace 20 años se basaron en esas realidades. A esas personas no se les ha vuelto a rediseñar el puesto, así que tienen las mismas responsabilidades. Eso es un problema porque las necesidades y el Gobierno han cambiado grandemente en los últimos 20 años. Aquí hay un gran desfase de lo que se supone que esa persona haga y lo que está haciendo”, destacó el director.

Otro de los hallazgos reveladores de la investigación es que un 33% del total de los empleados públicos tienen solamente estudios de escuela superior o menos. Esto contrasta con Estados Unidos, donde solo un 20% de los empleados cuentan con un diploma de cuarto año.

A su vez, en el análisis se compara el nivel educativo de todos los estados y Puerto Rico aparece como la séptima jurisdicción con la mayor cantidad de empleados públicos que poseen un grado académico de escuela superior o menos.

“Tenemos un por ciento significativo, un tercio de empleados que no tienen un bachillerato o un grado mayor. Eso fue un hallazgo que no teníamos idea y nos sorprendió. Cuando comparas eso con el gobierno federal, con otros estados es muy alto el por ciento de Puerto Rico”, comentó Cruz.

No obstante, la investigación resalta que empleados con solo un cuarto año ganan $2,035 mensuales, mientras que empleados con un bachillerato tienen un sueldo de $2,434 al mes.

A su vez, se desprende del análisis que tan solo un 16% de la fuerza laboral gubernamental tienen títulos postgrado. En el caso del gobierno federal, este grupo de empleados con títulos representa un 30%.

No hay uniformidad en los salarios

Otro de los hallazgos que se destacan son las discrepancias que hay entre los sueldos de los empleados de confianza y los empleados de carrera.

Los empleados de confianza, aunque representan un grupo bien pequeño, ganan en promedio 45% más que los empleados de carrera.

“Existe una discrepancia salarial significativa entre estos dos grupos, incluso después de tomar en consideración las diferencias en el nivel educativo y los años en el Gobierno”, sostuvo Cruz, quien también recalcó que, en promedio, los empleados de confianza “son más educados, que los empleados de carrera”.

“Hay una correlación entre educación y salario y eso puede explicar en parte esta brecha entre salarios”, afirmó.

El análisis presenta datos que el funcionario asegura no se conocían, o que se planteaban, pero no habían pruebas que los sustentara.

“Lo bueno de estos datos es que mucha de esta conversación, por primera vez en mucho tiempo, se presentan datos de verdad de perfiles de empleados de las agencias gubernamentales”, dijo.

¿Cómo atajar el problema?

Las recomendaciones de Cruz, en resumen, apuntan a que el gobierno de Puerto Rico necesita reformar la manera en que administra sus recursos humanos para poder brindar el servicio que requiere la ciudadanía.

“No hay un buen sistema, no hay procesos adecuados para administrar los recursos humanos, no están las leyes y los reglamentos adecuados. Nuestro análisis de esos perfiles confirman el resultado de esa falta de sistema que es que tenemos un servicio público deficiente y con retos que impiden que pueda haber buenos servicios en el Gobierno de Puerto Rico”, dijo Cruz.

El funcionario insistió en que debe darse una reforma del servicio público para atender el desfase en la administración de los recursos humanos en el Gobierno.

“Le estamos pidiendo al Gobierno que vea el ‘issue’ de los empleados públicos de una manera más completa. Que hagan una reforma del servicio público y la reforma tiene que tener varios componentes que recomendamos en nuestro estudio”, estableció Cruz.

Asimismo, recomendaron al Gobierno de Puerto Rico, primeramente hacer un análisis de necesidades para luego llevar paso a paso los procesos hasta llegar, como etapa final, a la creación de un sistema de clasificación.

“Tú no puede comenzar a reclutar empleados y aumentar salarios si no sabes las necesidades de la agencia. Luego de eso, diseñar los puestos basados en esas necesidades y, luego de eso entonces haces un sistema de clasificación. El gobierno quiere ir de entrada a un sistema de clasificación que aumente los salarios sin haber hecho esos otros pasos. Le damos las recomendaciones de cuáles tienen que ser esos pasos y cuál debe ser la secuencia”, confirmó el director de investigación y política pública.

Sin embargo, Cruz entiende que de no darse esta reforma y procesos e insistir en solo aumentar los salarios, las consecuencias podrían ser nefastas para la salud fiscal del País.

“El gobierno actual y, por lo que hemos escuchado, el gobernador electo (Pedro Pierluisi) quieren aumentarle el salario a los empleados públicos. Si no se hace de la forma correcta, se aumentan los costos del Gobierno y no mejora el servicio y es lo peor que puede pasarle a un Gobierno. El servicio público no va a mejorar simplemente por aumentar los salarios”, concluyó el experto.