La comisionada residente, Jenniffer González Colón, sentenció hoy que el gobierno de Puerto Rico debe ser “agresivo” contra la violencia de género y destinar más recursos para atajar este mal que ha ido en escalada y que desemboca en feminicidios y crímenes de odio.

No dijo, sin embargo, si se debe decretar un estado de emergencia como reclaman a la gobernadora Wanda Vázquez Garced diversas organizaciones que luchan a favor de los derechos de las mujeres.

“Una ley no funciona sola, tiene que venir acompañada de los recursos para poderlo hacer y creo que el gobierno de Puerto Rico debe ser agresivo en el manejo de violencia contra la mujer y contra los crímenes de odio”, dijo la candidata novoprogresista a la reelección al cargo en Washington en una conferencia de prensa en la que presentó parte de su agenda en el área de seguridad, enfocada en combatir el narcotráfico, asegurar asignaciones de recursos y fondos para programas anticrimen, así como prevenir la violencia contra la mujer, la trata humana, y los crímenes de odio.

En el 2019, la Policía de Puerto Rico reportó 5,896 casos de violencia doméstica en contra de la mujer; mientras que en lo que va del año 2020, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres reporta 4,018 casos de violencia doméstica en contra de la mujer. “Igual de preocupante han sido los continuos secuestros de mujeres en los últimos meses. Esto es escalofriante y es una práctica que no podemos normalizar”, destacó González Colón.

Indicó que a raíz de estas cifras le pidió al jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow la creación de un task force contra la violencia de género, integrado por agencias estatales y federales, organizaciones sin fines de lucro que protegen a las víctimas e instituciones de educación superior. Agregó que el task force entró en funciones el pasado 30 de septiembre.

“Lo anuncié en mis redes sociales y en mi página (oficial) el mismo día que hablé con el fiscal”, dijo para agregar que a mediados de septiembre ya había conversado sobre el tema con Muldrow.

“Este task force nos va a permitir identificar qué más hace falta a nivel estatal y federal. Hay fondos federales para eso y hay que ver esto de una manera distinta. Lo que no funciona hay que cambiarlo, hay que utilizar las tecnologías nuevas y obviamente insistir para que el gobierno federal sea más proactivo en los casos de los crímenes de odio”, expresó la ex presidenta de la Cámara.

Dijo que los jueces y fiscales locales deben ser educados sobre programas federales que atienden este problema y en torno al impacto de las órdenes en procesos penales del ámbito federal.

Sostuvo que hay $3.9 millones destinados en Puerto Rico para lidiar contra la violencia machista. “Hay un taller de salud, distintas oficinas a cargo de este y hay una oficina sobre violencia contra la mujer a nivel federal”, dijo para agregar que la dependencia cuenta con una línea directa de ayuda a través del 1-800-799-7233.

“Esto es lo que yo puedo hacer federalmente. Claro que se pueden hacer más cosas en el plano estatal. Yo estoy tomando batuta de lo que puedo hacer federalmente y hacer estas coordinaciones, pero hay unas cosas que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico, principalmente asignar más recursos y recursos que se puedan implantar”, agregó la comisionada.

En el tema del trasiego de drogas, dijo que propone presentar legislación para codificar en ley federal el que ONDCP tenga que publicar una Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, enfocada en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“Aseguraré que ONDCP implemente la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe 2020 recientemente publicada y que el gobierno federal asigne los recursos necesarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes para llevarla a cabo. Velaré también porque esta importante herramienta de trabajo se actualice e incluya en futuras versiones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas”, indicó.

Se comprometió también en continuar defendiendo mayores recursos para agencias y programas claves en la lucha contra la trata humana y la explotación infantil como la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés). Añadió que a pesar de que existen programas federales para atender este mal social, según la data publicada por el Departamento de Justicia federal en su página de internet, en Puerto Rico ninguna organización o agencia ha recibido fondos bajo estos programas, al menos recientemente.