El Senado aprobó esta tarde, en votación unánime, una resolución para investigar el controvertible contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy.

La investigación fue referida a la Comisión de Energía.

“Esto no es una agenda contra Luma ni contra el gobernador (Pedro Pierluisi) es de diversos sectores que han levantado la mano y han dicho cuidado con este contrato. Es un contrato que tiene 332 páginas, den una ojeada, levanta sospechas. No puedo decir que sea ilegal, pero no es la mejor alternativa, aun cuando se quiera privatizar”, dijo el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau.

El líder legislativo dijo que el contrato, que contempla una compensación anual de hasta $125 millones para LUMA, “ata el consumo energético del País por 15 años”.

“No levanto objeción a la causa sino al vehículo”, dijo por su parte, el portavoz alterno de la minoría novoprogresista, Carmelo Ríos, quien al igual que varios novoprogresistas votaron a favor con voto explicativo.

“Vamos a ver qué ha hecho el Ejecutivo”, indicó para agregar que el gobernador Pierluisi firmó en días recientes una orden ejecutiva que crea un comité timón a fin de fiscalizar el contrato al amparo de la Administración de las Alianzas Público Privadas.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, refutó el contrato otorgado a LUMA y reiteró la posición de su colectividad en contra de la privatización de servicios esenciales.

“No estamos defendiendo lo que existe ahora ni cómo funciona, nuestro pueblo está totalmente insatisfecho. Lo que estamos planteando es que existen otras alternativas. No tenemos que escoger entre lo que hay ahora y la privatización. Existen otras alternativas”, sostuvo Bernabe.

“De verlo nada más el contrato huele mal”, expresó por su parte, el senador independiente, José Vargas Vidot. Dijo que la investigación responde al clamor del pueblo y que se debe evaluar el impacto en los consumidores.

“Tenemos que evaluar si fue una buena negociación para el País o para quien, de eso es lo que vamos a pasar juicio y si fue un contrato fallido que se cancele”, expuso el senador Ramón Ruiz, de la mayoría popular.

El Senado también tenía en agenda una resolución concurrente en rechazo al recorte salarial de $125.00 en el salario mensual de los bomberos, pero al cierre de esta edición se dejó en asuntos pendiente para ser aprobado en la próxima sesión.

La medida exhorta a Pierluisi a hacer las gestiones necesarias para que se continúe pagando el aumento en el sueldo de los bomberos, legislado en 2019, detenido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Se expresa el apoyo cabal de esta Asamblea Legislativa con los Bomberos de Puerto Rico en su reclamo de mantener el aumento salarial aprobado en 2019 y se rechaza enérgicamente la intención de la JSF y el anuncio del Poder Ejecutivo de dejar de honrar el referido aumento al 31 de enero de 2021”, dice la resolución en apoyo a los bomberos, quienes se congregaron esta mañana en el Capitolio para marchar hasta La Fortaleza.

El Senado también dio paso en la sesión de hoy a una resolución para investigar las medidas que ha tomado el gobierno para el manejo de la pandemia del COVID-19 en las islas municipio de Vieques y Culebra.  La delegación penepé voto a favor con voto explicativo.

“Para la gente de Vieques y Culebra la transportación a la Isla Grande es una apuesta diaria. La lancha no llegará, va a haber cabida suficiente… Eso se une al problema de desplazamiento (gentrification), que impide cada vez más a lo viequenses y culebrenses tener propiedades”, expresó la senadora María de Lourdes Santiago, autora de la iniciativa legislativa.

“De todos los problemas de transportación el más agudo es la dificultad para el acceso a servicios médico. En ocasiones el traslado médico a la Isla grande es una odisea”, agregó la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Igualmente, se aprobó una resolución de apoyo a la iniciativa de la Fundación Mayagüez 2010 y la Región Oeste para que Puerto Rico sea la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2022.

Se informó en la sesión legislativa que el Gobernador envió para el consejo y consentimiento del Senado los nombramientos de Larry Seilhamer, como secretario de Estado; Domingo Emanuelli, como secretario de Justicia; Elba Aponte Santos, como secretaria de Educación; Eileen Vélez Vega, como secretaria de Transportación y Obras Públicas; Carlos Mellado López, como secretario de Salud; y Ramón González Beiró, como Secretario de Agricultura.

En el orden de los asuntos también se dio cuenta de una comunicación del portavoz de la minoría novoprogresista, Thomas Rivera Schatz, solicitando ausentarse de los trabajos legislativos desde el 25 de enero hasta el 19 de febrero, por asuntos personales.