El juez federal Gustavo A. Gelpí emitió este viernes una orden de intención de embargo a cuentas del gobierno de Puerto Rico para que pague a los proveedores que dan servicios a personas con discapacidades en el desarrollo, a raíz de la demanda que presentó en 1999 la División de Derechos Civiles de Justicia federal contra el Estado Libre Asociado para hacer valer los derechos de estos ciudadanos.

“Con mucho disgusto, la moción del Estado Libre Asociado no me deja otra alternativa que no sea emitir una orden de embargo para que se pague a los proveedores de servicio de inmediato. Esta parece ser la única manera en la que los derechos constitucionales de las personas con necesidades especiales en este caso, que data de 1999, pueden protegerse. Si no, el efecto para estos individuos sería devastador y sin arreglo”, expuso Gelpí en la orden emitida esta tarde.

La orden incluye el señalamiento de una reunión en su oficina este martes, 26 de abril, a las 9:30 a.m., a la que deberán comparecer el secretario de Justicia, César Miranda; el secretario de Hacienda, Juan C. Zaragoza; la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz; y el director de finanzas, Luis Cruz.

Gelpí agregó que espera que se resuelva la situación en dicha conferencia, pero que de no ser así, abrirá sala para emitir las órdenes a corto y largo plazo “que ameriten”, incluyendo el embargo de las cuentas.

La determinación del juez surge luego de que el gobierno estatal informara que pagaron a los proveedores hasta enero, pero que entienden que todavía están dentro del término de los 45 días para pagar las facturas de febrero y marzo. La moción informativa incluye una carta de Zaragoza asegurando que, “aunque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico atraviesa una situación fiscal sin precedentes, pondremos nuestro mayor esfuerzo en procesar los pagos dentro de los términos”.

No obstante, el gobierno de Estados Unidos contestó que el Joint Compliance Coordinator (JCC), Javier Aceves, les alertó que el gobierno estatal no estaba pagando a los proveedores de servicio de manera eficiente y que esto conlleva un riesgo porque algunos tendrían que cerrar sus instalaciones.

Aclararon que los pagos deben hacerse mensualmente, pero que se aceptó el acuerdo del pago dentro de un término de 45 días para “ser razonables”.

“Estados Unidos ha repetido por varios años en las vistas de estatus que el pago a tiempo a proveedores es esencial para la salud y viabilidad del sistema comunitario. Pagos a tiempo, regulares y confiables es la línea de vida de los proveedores”, lee el escrito del gobierno federal, que agregó que la falta de pago o pagos tardíos provocaría el cierre de hogares, donde hay personas recibiendo servicios las 24 horas, y tendrían que echarlos a la calle.

Se informó que las facturas de febrero suman alrededor de $733,000, pero que para asegurar que es suficiente, requieren que el tribunal ordene el depósito de $750,000 mensual.

Ya anteriormente Gelpí había mandado a congelar los fondos para el caso de los centros de salud 330. 

Recientemente, el Departamento de Salud solicitó una prórroga para pagar.

La demanda que presentó la División de Derechos Civiles de Justicia federal en 1999 contra el gobierno estatal para hacer valer los derechos de las personas con discapacidades de desarrollo continúa abierto, a pesar de acuerdos a los que llegaron en 2011.

Los departamentos de Justicia federal y local lograron un acuerdo en octubre de 2011 para que se cumplieran con varios requisitos referentes a personas con autismo y síndrome de Down. Entonces, Gelpí nombró un monitor por tres años para velar que se cumpliera con lo establecido, y designó a Aceves como JCC, que es un monitor judicial oficial independiente.

El acuerdo contemplaba que se aumentaría la disponibilidad de hogares comunitarios, ofrecer empleos a esta población y mejorar la accesibilidad de actividades diurnas para ellos.

De hecho, los secretarios de Justicia y de Salud para aquella fecha, Guillermo Somoza y Lorenzo González, respectivamente, manifestaron que los participantes de la División de Servicios a la Población con Retardo Mental están en hogares custodios o participando en alguno de 52 centros comunitarios, donde reciben clases y terapias. Esto, luego de que padres y madres de 303 participantes se quejaran ante Justicia federal por las condiciones infrahumanas en las que se encontraban sus hijos en seis instituciones, dentro de celdas.

Somoza destacó que el costo del programa originalmente era de $4 millones y que en 2011, aumentó a $40 millones para dar servicio a los 700 participantes de entre 19 y 68 años.

En ese momento, indicaron que de 64 recomendaciones que le ordenaron a Salud, faltaban seis, como localizar a 18 participantes pendientes, establecer más hogares comunitarios, ofrecerles empleos y actividades diurnas, dar seguimiento a servicios de salud, mejorar reporte y control de calidad.